Editorial, Los Tiempos:
There is no other way to describe extractivist activities that cause irreparable damage. Because these predatory tasks have counterproductive edges that will incur a bill that will be difficult to pay, not only in the short term, but above all in the medium and long terms, that is, for the new generations.
The first harmful edge has to do with the derisory contribution of gold mining to fiscal coffers. Official figures reveal that in the last five years gold production in the country has increased by 306 percent; It would have to be excellent news, but the problem is that these activities are controlled by cooperative gold mining. This considerable increase is the result of rising international prices, but also of an increase in volume, which went from 16.8 to 40.8 tons for a five-year period; In terms of value, the country’s global mining production reaches 5,252 million dollars and that of gold, at 2,400 million dollars, represents 46 percent, almost half.
The advance of cooperative gold mining has been practically unstoppable, if one considers that, for example, in 2018 it controlled 37 percent of the value of production, compared to 57 percent of the private sector and 7 percent of the state area; today, the cooperatives have climbed to 58 percent, the private sector has fallen to 36 percent, while the state or public area has 6 percent. These market shares are transcendental, because the contributions to the treasury depend on them, both in taxes and in mining royalties (the tax on the exploitation of a non-renewable natural resource). The cooperatives only pay low royalties (43 percent) with respect to the private contribution (52 percent), while they have managed to get the government to set a tax of just 4.8 percent. In other words, we are talking about a round business for the cooperatives, under which Chinese, Colombian and other nationality predators hide.
The second negative edge is linked to the encroachment and invasion of protected areas. The constitution of parks was a State policy for the conservation of the rich national biodiversity, but the Government, which proclaims itself as the defender of Mother Earth, paradoxically tends to approve and legalize the predatory and polluting gold mining in these reserves -especially in Madidi, Cotapata, and Apolobamba-, which marks a radical turn in terms of public policies for the protection of natural and environmental heritage.
As if that weren’t enough, the third damaging edge is mercury contamination. The dredges of the gold cooperatives and the mercury amalgamation method have become an explosive cocktail not only for the environment of the rivers in the north of the country, but it is now confirmed that, due to the contamination they leave behind, serious risks for the health of the inhabitants of those areas.
How is it possible to admit this looting of national gold, which also only causes fiscal and environmental damage? The answer is that the cooperatives are part of the power block of the current government. However, it is time to put a stop to so much predation.
No hay otra forma de denominar a las actividades extractivistas que causan un daño irreparable. Porque estas tareas depredadoras tienen aristas contraproducentes que van a pasar una factura que será difícil de pagar, no sólo en el breve plazo, sino sobre todo en el mediano y largo plazos, es decir, para las nuevas generaciones.
La primera arista nociva tiene que ver con el irrisorio aporte de la minería del oro a las arcas fiscales. Las cifras oficiales revelan que en los últimos cinco años la producción de oro en el país se ha incrementado en un 306 por ciento; tendría que ser una excelente noticia, pero el problema estriba en que estas actividades están controladas por la minería aurífera cooperativizada. Este incremento considerable es el resultado de cotizaciones internacionales al alza, pero también de un aumento de volumen, que pasó de 16,8 a 40,8 toneladas para un quinquenio; en cuanto a valor, la producción minera global del país llega a 5.252 millones de dólares y la del oro, de 2.400 millones de dólares, representa el 46 por ciento, casi la mitad.
El avance de la minería aurífera cooperativizada ha sido prácticamente irrefrenable, si se considera que, por ejemplo, en 2018 controlaba el 37 por ciento del valor de la producción, frente al 57 por ciento del sector privado y al 7 por ciento del área estatal; hoy, las cooperativas han escalado al 58 por ciento, el sector privado ha caído al 36 por ciento, mientras que el área estatal o pública tiene el 6 por ciento. Estas participaciones de mercado son trascendentales, porque de ellas dependen las contribuciones al fisco, tanto en impuestos como en regalías o royalties (el gravamen a la explotación de un recurso natural no renovable). Las cooperativas sólo pagan bajas regalías (43 por ciento) con respecto al aporte privado (52 por ciento), en tanto que han logrado que el Gobierno fije un impuesto de apenas 4,8 por ciento. Es decir, hablamos de un negocio redondo para las cooperativas, bajo las cuales se escudan depredadores chinos, colombianos y de otras nacionalidades.
La segunda arista negativa está vinculada al avasallamiento e invasión de las áreas protegidas. La constitución de parques era una política de Estado para la conservación de la rica biodiversidad nacional, pero el Gobierno, que se autoproclama como defensor de la Madre Tierra, paradójicamente tiende a aprobar y legalizar la depredadora y contaminante minería aurífera en estas reservas – en especial en el Madidi, Cotapata, y Apolobamba-, lo cual marca un giro radical en cuanto a políticas públicas para la protección del patrimonio natural y ambiental.
Como si no fuera suficiente, la tercera arista perjudicial es la contaminación con mercurio. Las dragas de las cooperativas auríferas y el método de amalgamación con mercurio se han convertido en un cóctel explosivo no sólo para el medio ambiente de los ríos del norte del país, sino que ahora se confirma que entrañan, por la contaminación que dejan, serios riesgos para la salud de los habitantes de esas zonas.
¿Cómo es posible que se admita este saqueo del oro nacional, que además sólo causa perjuicios fiscales y ambientales? La respuesta es que los cooperativistas integran el bloque de poder del actual Gobierno. Sin embargo, ya es hora de poner freno a tanta depredación.
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221214/editorial/saqueo-del-oro
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