Editorial, El Deber:
La Chiquitania on the way to becoming another Chapare
The Chiquitania is at risk. The protected area of Bajo Paraguá, which belongs to the municipality of San Ignacio de Velasco, has been crossed by clearings, trails and gaps, one of them 8 kilometers long and 12 meters wide, and in the area there are signs of various communities next to settle.
An investigation carried out by journalist Silvana Vincenti from EL DEBER found in a trip by air and land that the clearings are between five and six kilometers within the protected area, created by municipal law in January, with the aim of protecting one million hectares of the subjugations, although it seems that the law arrived late.
On her way, on the road between Santa Rosa de la Roca and Piso Firme, our journalist did not find settlements in the gaps, but she did find a camp, signs, landmarks and clearings in which a strong economic investment was made due to the use of machinery. heavy and who knows how many hours of work.
The Chiquitanos indigenous people consulted about the presence of settlements are not surprised by the temporary abandonment; They know that those who financed the opening of the gaps and trails will re-settle as has happened in other places in the same area.
Apparently the assaults are directed and coordinated from the so-called intercultural communities that already have a presence in the area, such as the Chirimoya community, located in the 8th district of San Ignacio de Velasco.
When EL DEBER wanted to speak with the leaders of Chirimoya, they refused to give any answer, and argued that they respond to an organic structure. They did not answer any questions, on the contrary, they asked the journalistic team that went to investigate the issue. Moreover, the intercultural leader Efraín Valle photographed the vehicle and the faces of those who arrived there.
The mayor of San Ignacio, Moisés Salces, suspects that the reported settlements are carried out with the complicity of the National Institute of Agrarian Reform (INRA) and the Forest and Land Authority (ABT). In response to the complaint, the ABT said in a report that they found no encroachments at the site, but only a ‘makeshift, small and abandoned camp and a gap with recently fallen trees, measuring 1,200 meters long by 12 wide.’
Authorities in the area say they do not know the encroachers, but identify that they are people who travel in luxury vehicles, so it could be land traffickers. Moreover, Mayor Salces believes that they are people from San Julián and Chapare.
This dramatic picture of illegal settlements and the invasion of protected areas should draw the attention of authorities and leaders of Santa Cruz, because if action is not taken in a timely manner, then it will be late and the encroachers -it is not difficult to guess who they are and they have the support coming from central government institutions- will have taken over forest areas where the law in theory does not allow clearing.
As things are going, a large area of Santa Cruz Chiquitania is on the way to becoming an extension of the Chapare, with all the consequences that this implies. From there until those lands are destined to the cultivation of coca and drug production there will be only one step. The region must remain alert, activate the sirens and mobilize to prevent these projects from consolidating.
La Chiquitania en camino a convertirse en otro Chapare
La Chiquitania está en riesgo. El área protegida de Bajo Paraguá, que pertenece al municipio de San Ignacio de Velasco, ha sido surcada por desmontes, senderos y brechas, una de ellas de 8 kilómetros de largo y 12 metros de ancho, y en la zona hay letreros de varias comunidades próximas a asentarse.
Una investigación realizada por la periodista Silvana Vincenti de EL DEBER constató en un viaje por aire y tierra que los desmontes se encuentran entre cinco y seis kilómetros dentro del área protegida, creada por ley municipal en enero, con el objetivo de proteger un millón de hectáreas de los avasallamientos, aunque parece que la ley llegó tarde.
En su recorrido, sobre el camino entre Santa Rosa de la Roca y Piso Firme, nuestra periodista no encontró asentamientos en las brechas, pero sí un campamento, letreros, mojones y desmontes en los que se hizo una fuerte inversión económica por el uso de maquinaria pesada y quien sabe cuántas horas de trabajo.
Los indígenas chiquitanos consultados sobre la presencia de asentamientos no se extrañan del temporal abandono; ellos saben que los que financiaron la apertura de brechas y senderos volverán a asentarse como ya ocurrió con otros lugares de la misma zona.
Aparentemente los avasallamientos se dirigen y coordinan desde las comunidades de los denominados interculturales que ya tienen presencia en la zona, como la comunidad Chirimoya, ubicada en el distrito 8 de San Ignacio de Velasco.
Cuando EL DEBER quiso hablar con los dirigentes de Chirimoya, estos se negaron a dar ninguna respuesta, y argumentaron que ellos responden a una estructura orgánica. No contestaron ninguna pregunta, al contrario, ellos hacían las preguntas al equipo periodístico que fue a investigar el tema. Es más, el dirigente intercultural Efraín Valle fotografió el vehículo y los rostros de quienes llegaron hasta allí.
El alcalde de San Ignacio, Moisés Salces, sospecha que los asentamientos denunciados se realizan con la complicidad del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). En respuesta a la denuncia, la ABT dijo en un informe que en el lugar no encontraron avasallamientos, sino solo un campamento ‘improvisado, pequeño y abandonado y una brecha con árboles caídos recientemente, con dimensiones de 1.200 metros de largo por 12 de ancho’.
Autoridades de la zona dicen desconocer a los avasalladores, pero identifican que son gente que se moviliza en vehículos de lujo, por lo que podría tratarse de traficantes de tierra. Es más, el alcalde Salces cree que se trata de gente de San Julián y del Chapare.
Este dramático cuadro de asentamientos ilegales e invasión de áreas protegidas debe llamar la atención de autoridades y líderes de Santa Cruz, porque si no se actúa oportunamente, después será tarde y los avasalladores -no es difícil suponer de quiénes se trata si se considera el apoyo de instituciones del Gobierno central con que cuentan- se habrán adueñado de áreas forestales donde la ley en teoría no permite hacer desmontes.
Como van las cosas, una gran área de la Chiquitania cruceña está camino a convertirse en una extensión del Chapare, con todas las consecuencias que ello implica. De allí a que esas tierras de destinen al cultivo de coca y la producción de droga habrá solo un paso. La región debe permanecer alerta, activar las sirenas y movilizarse para evitar que esos proyectos se consoliden.
https://eldeber.com.bo/opinion/la-chiquitania-en-camino-a-convertirse-en-otro-chapare_224106
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