Thomas Graham, Mongabay:
- La minería artesanal de oro por parte de cooperativas locales abunda en las áreas protegidas de Bolivia, en particular en las tierras altas de Apolobamba, cerca de la frontera con Perú.
- El auge de la minería aquí comenzó a fines de la década de 1990, y desde entonces las cooperativas han seguido utilizando mercurio para amalgamar el oro.
- Hay preocupación por la contaminación por mercurio, así como por el desvío de los caudales de los ríos desde los humedales hacia las minas.
- Las ONG que trabajan con las cooperativas dicen que los mineros locales están interesados en hacer que sus operaciones sean más sostenibles, pero que el costo y la falta de apoyo del gobierno son obstáculos para lograrlo.
LA PAZ — Al amanecer en Apolobamba, en el altiplano boliviano, grupos de vicuñas y alpacas —algunas esquiladas, otras peludas— deambulan en busca de matorrales para pastar, aunque el suelo helado ofrece poco. La escena está en silencio, excepto por los ruidos metálicos y los estruendos de la maquinaria en las minas de oro cercanas.
Apolobamba es un área protegida al noroeste de La Paz, la capital política de Bolivia, que limita con Perú. Tiene una gran variedad de ecosistemas, desde los picos de 6.000 metros (20000 pies) de la Cordillera de Apolobamba, hasta el altiplano a unos 4.000 m (13000 pies) y los trópicos que se extienden hasta los 600 m (2000 pies) por encima el nivel del mar. Sus ríos alimentan el lago Titicaca y el Amazonas. Y los lechos de los ríos están salpicados de partículas de oro, como gran parte del resto de Apolobamba.
Las vicuñas (Vicugna vicugna) y las alpacas (Lama pacos) fueron alguna vez el principal recurso económico de Apolobamba. Pero en las últimas dos décadas, los altos precios del oro han llevado a las comunidades a establecer cooperativas mineras, llamando a parientes que habían emigrado en busca de trabajo y encontrando inversores para pagar la maquinaria pesada. Hoy, hay más de 200 cooperativas trabajando en el área protegida, según Oscar Loayza, ex director de Apolobamba y ahora coordinador de GIT-OR, un grupo de la sociedad civil enfocado en reducir los impactos negativos de la minería aurífera. Loayza agregó que más del 30% del territorio de Apolobamba ha sido adjudicado en concesiones mineras.
Conduciendo por los sectores de Puyo Puyo y Suches en el altiplano, donde se lleva a cabo gran parte de la extracción de oro, Mongabay observó cómo se remodelaba el paisaje. El conductor prefirió no detenerse para tomar fotos, ni para ser identificado en este artículo.
El altiplano de Apolobamba es llano y sin árboles, pero alberga un ecosistema de humedales andinos único que recibe el agua de deshielo de los glaciares de las montañas de la Cordillera. Parte de esa agua ahora está siendo desviada por los mineros, que la canalizan hacia sus minas a cielo abierto, donde se usa en “toboganes”: estructuras de madera inclinadas donde los camiones cargados de tierra se riegan con agua y pasan a través de canales para separar un relativamente rico sedimento de oro. Luego se trata con mercurio, que une las partículas de oro en una amalgama sólida que facilita su extracción. El proceso es ineficiente: el chofer estimó que recupera el 35% del oro. Pero requiere una inversión relativamente pequeña para comenzar a operar.
Suches, donde la minería es más intensa, parece haber sido bombardeada. Lo que antes era tierra plana ahora son montones de tierra levantada y cráteres de agua turbia. Camiones, maquinaria pesada y vehículos 4×4 completamente nuevos reflejan los millones de dólares que se están invirtiendo y fabricando en un lugar que ahora se dedica a la minería. En el mismo pueblo de Suches, la estatua en la plaza central es la de una retroexcavadora.
“Hace diez años la gente de aquí eran ganaderos que hacían algo de minería”, dijo el conductor. “Ahora son mineros que hacen un poco de ganadería”.
Una historia complicada
Apolobamba ha existido en su forma actual desde el año 2000, cuando se expandió de un área protegida más pequeña, Ulla Ulla, que se creó en 1972 para proteger sus vicuñas en peligro de extinción. Hoy tiene más actividad minera aurífera que cualquier otra área protegida en Bolivia.
Durante mucho tiempo ha habido una pequeña cantidad de minería en las montañas, en el sector de Pelechuco, pero la semilla del auge de hoy en día a cielo abierto se sembró cuando Downer Mining, una empresa de Nueva Zelanda, comenzó a operar en Suches a fines de la década de 1990.
“Esto abrió los ojos de la población local”, dijo Loayza. “Se dieron cuenta de que allí también había oro”.
Entonces el precio del oro comenzó a subir. En 2000, se vendía a unos 400 dólares la onza. En 2011, alcanzó su punto máximo a un precio ajustado por inflación de $2.424 por onza, antes de volver a caer. Desde 2020 ha rondado los 2.000 dólares, lo que refleja la percepción que tienen los inversores del oro como una cobertura contra la inflación y un refugio seguro en medio de la incertidumbre económica. Esto significaba que incluso las operaciones ineficientes podían ser rentables.
Residentes locales obtuvieron concesiones mineras en Apolobamba. Pudieron hacerlo porque, en Bolivia, las actividades extractivas están permitidas en ciertas partes de las áreas protegidas.
“Cada área protegida tiene niveles de zonificación”, dijo Danilo Bocángel, gerente general de MEDMIN, una fundación que trabaja con mineros para mejorar sus prácticas ambientales. “Algunas zonas no se pueden tocar. Pero otros pueden, y algunos incluso pueden tener una extracción intensiva, en otras palabras, una minería completa y desinhibida”.
En el caso de Apolobamba, las zonas donde estaba prohibida la minería eran relativamente pocas y pequeñas. Se hicieron aún más pequeñas en 2015, cuando se rediseñó el plan de manejo del área protegida, con aportes de los propios mineros, según Oscar Campanini, director ejecutivo de CEDIB, una ONG ambiental.
“Entre 2013 y 2015, la mayoría de las áreas protegidas vieron actualizados sus planes de manejo, y en prácticamente todas hubo una tendencia a cambiar la zonificación para permitir proyectos extractivos”, dijo Campanini. “En unos casos fueron los hidrocarburos, en otros fue la hidroeléctrica, y en este caso fue la minería”.
El gobierno también ha apoyado la extracción de oro de otras maneras, subsidiando el combustible, manteniendo bajas las regalías sobre las exportaciones de oro, recortando los impuestos sobre la importación de maquinaria pesada y, hasta ahora, resistiéndose a los llamados para regular la importación y el uso de mercurio, a pesar de haber firmado el Convenio de Minamata y comprometiéndose así a eliminar gradualmente el uso de la sustancia tóxica.
La combinación de altos precios y apoyo estatal ha convertido a la minería aurífera en una de las actividades económicas más importantes de Bolivia. En 2022, el oro fue la principal exportación de Bolivia, con un valor de 2700 millones de dólares. Casi todo esto no lo produce el estado ni empresas privadas, sino cooperativas como las de Apolobamba, donde un grupo de personas obtienen una concesión y luego hacen tratos con otros que tienen capital y maquinaria. Se estima que 100.000 personas están empleadas directamente por cooperativas mineras de oro, en un país de 12 millones.
Lo que marca la minería aurífera en Apolobamba es el papel central de los pobladores locales. Según Loayza, casi todas las cooperativas tienen participación local, aunque agregó que también hay un alto grado de inversión externa involucrada en algunas operaciones. Algunas de las 32 comunidades del área protegida ahora no tienen otra industria o forma de vida que no sea la minería, dijo el conductor, mientras que otras combinan la minería con la ganadería y el comercio en la frontera con Perú. Incluso si una comunidad no tiene su propia cooperativa, sus residentes a menudo trabajarán para las cooperativas de otras comunidades. Esto significa que, para muchos, si no la mayoría, de los habitantes de Apolobamba, la extracción de oro es su fuente de ingresos más importante. Campanini dijo que aunque ha habido conflictos entre mineros y no mineros por el uso y la contaminación del agua, no existe una resistencia organizada a la minería.
Sin embargo, la mayoría de las operaciones en Apolobamba operan en una zona gris legal. Muchos están violando la letra de la ley de alguna manera, ya sea desviando los ríos, no restaurando la tierra que extraen o incluso trabajando en los glaciares mismos, lo cual está estrictamente prohibido. Según datos del gobierno de 2019, solo alrededor del 15% tiene una licencia ambiental. Pero trabajar sin licencia ambiental es una infracción administrativa, sancionable con multa, no con prisión.
El trabajo de monitoreo de las cooperativas recae en los guardaparques de Apolobamba, quienes tienen escasos recursos y tienen que equilibrar el cumplimiento de la ley con el mantenimiento de las relaciones con las comunidades y las cooperativas para poder realizar inspecciones y procesos administrativos. (En otras áreas protegidas, los guardabosques se han visto excluidos de las comunidades).
“Para las comunidades, la minería significa desarrollo”, dijo Ramiro Mayta, director de Apolobamba. “Y eso significa que podrían vernos a los conservacionistas como obstruyendo su desarrollo”.
Mientras tanto, la minería se está expandiendo a nuevas áreas. Suches, el sector donde empezó el boom, está cada vez más agotado. Pero las cooperativas que trabajaban allí ahora tienen algo de capital y se están instalando en otras partes del área protegida. “En 2021, hubo 134 nuevas solicitudes [de derechos mineros] en Apolobamba”, dijo Mayta.
“Suches era un pueblito que se dedicaba a la cría de alpacas, y mucha gente migró [a otros lados] por trabajo”, agregó Mayta. “Luego volvieron para hacer minería, y les ha ido bien. En 2012 fuimos a inspeccionar, mina por mina, para ver si eran dueños de la maquinaria. Y el 50% de ellos ya eran propietarios de su propia maquinaria. Han pasado diez años más. Ahora van a los trópicos como inversionistas”.
Una industria tóxica
La minería aurífera en Apolobamba toma diferentes formas dependiendo del lugar donde se encuentre. La mayor parte es minería a cielo abierto en los sectores del altiplano de Suches, Antaquilla y Puyo Puyo. Pero también se extrae oro de la roca en Pelechuco y Aguablanca. Y, cada vez más, hay minería aluvial en los ríos de las partes bajas y boscosas de Apolobamba, como el área alrededor de Achiquiri.
Aunque los estudios son escasos, la contaminación del agua y el cambio en la cobertura del suelo por la minería están afectando el hábitat de la diversa vida silvestre del área protegida, que incluye vicuñas, osos andinos (Tremarctos ornatus) y cóndores (Vultur gryphus), así como nuevas especies que continúan siendo descritas. En el altiplano, la minería arrasa los terrenos donde se desarrolla y echa mercurio al sistema hídrico. Pero Loayza dijo que su impacto ecológico más grave es el uso del agua y la afectación a los humedales de altura. Las operaciones mineras desvían el agua para que nunca llegue a los humedales. Como resultado, algunas partes se han secado. Además, las operaciones devuelven el agua usada al sistema, que transporta sedimentos y mercurio a los ecosistemas río abajo.
“Son ecosistemas muy frágiles que requieren agua permanente y de calidad”, dijo Loayza. “Si reduce esa calidad, comienzan a morir. Y si les quitas el agua, desaparecen por completo”.
Los humedales de altura de Apolobamba proporcionan alimento a aves como el ganso andino (Chloephaga melanoptera) y tanto a las vicuñas salvajes como a las alpacas domésticas, especialmente en la estación seca, que tiende a extenderse de mayo a noviembre, cuando son la única parte de las altas meseta que permanece húmeda y verde. A pesar de los cambios en los humedales, la población de vicuñas de Apolobamba continúa creciendo, con más de 15,000 viviendo actualmente en el área protegida, según datos de monitoreo de la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre. Pero la disminución de los humedales, combinada con el aumento del territorio ocupado por las operaciones mineras, está reduciendo los lugares de pastoreo y, por lo tanto, la población que Apolobamba puede sustentar.
Múltiples fuentes dijeron que a medida que se agotan las concesiones en la meseta, los mineros se mudan a otras nuevas en las partes más bajas y boscosas de Apolobamba. En las tierras bajas del área protegida, donde predomina la selva tropical, como Achiquiri, Charopampa y Michiplaya, las operaciones de minería aluvial están desviando el flujo de los ríos, removiendo los lechos de los ríos y liberando mercurio en el sistema de agua. Los datos satelitales y las imágenes de Global Forest Watch también muestran muchos puntos críticos de deforestación en áreas bajas y boscosas en y cerca de Apolobamba.
Bocángel estima que el 25% de la deforestación en la parte baja del área protegida está relacionada con la extracción de oro, que implica la tala de bosques para caminos y senderos, así como la tala de árboles para construir rampas y redirigir el flujo de agua.
En general, dijo Loayza, la minería de oro es, con mucho, la mayor presión humana en Apolobamba. El cultivo ilegal de coca y el tráfico de madera ocupan un distante segundo y tercer lugar, y se limitan a las áreas boscosas de las tierras bajas.
En Pelechuco y Aguablanca, donde se extrae oro a partir de roca triturada, el mayor impacto ambiental es el uso intensivo de mercurio, según Loayza. Dijo que los mineros aquí usan 7-9 kilogramos de mercurio por kilo de oro extraído de la roca. En comparación, la minería a cielo abierto utiliza quizás 0.4 kg de mercurio por kilo de oro.
“Este uso de mercurio es excesivo”, dijo Loayza. “Y cuando profundizas un poco más, el problema es que están agregando mercurio en la etapa inicial de trituración, lo cual es técnicamente completamente inapropiado; podrían agregarlo más tarde y agregar menos”.
El mercurio se escapa fácilmente al medio ambiente cuando se usa en operaciones mineras, ya sea al aire cuando se quema para separarlo del oro, o cuando los mineros desechan aguas residuales y relaves contaminados con mercurio. El agua contaminada puede luego fluir río abajo hacia el lago Titicaca o hacia la cuenca del Amazonas, dependiendo de qué lado de los Andes se esté realizando la minería.
El mercurio es un metal pesado y una potente neurotoxina que ataca las funciones cerebrales y renales y puede causar la muerte en concentraciones suficientemente altas. El mercurio persiste y se acumula en ambientes acuáticos, donde puede transformarse en metilmercurio y ampliar la cadena alimentaria. Las investigaciones realizadas en otras partes de América del Sur indican que los residentes de las comunidades humanas dependientes de la pesca río abajo de las operaciones de extracción de oro tienen niveles peligrosos de mercurio en la sangre, lo que los pone en mayor riesgo de defectos de nacimiento, enfermedades y muerte.
En los últimos años, varios estudios no revisados por pares han examinado los niveles de mercurio en muestras de cabello de comunidades ribereñas aguas abajo de las operaciones mineras en la Amazonía boliviana. No existe un límite seguro único internacionalmente aceptado para los niveles de mercurio en humanos, pero la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. ha establecido un límite seguro de 1 parte por millón (ppm) en muestras de cabello, mientras que en 2018 las Naciones Unidas llevaron a cabo una evaluación global de mercurio y concluyeron que en la mayoría de las poblaciones sin una exposición significativa al mercurio, el nivel tiende a ser inferior a 2 ppm. Los estudios de la Amazonía boliviana encontraron que muchas comunidades tienen niveles promedio de mercurio en el cabello de más de 2 ppm, y algunas más cercanas a las 7 ppm. En mujeres embarazadas, tales niveles podrían inducir efectos permanentes en el desarrollo neurológico de los fetos.
No se han publicado estudios sobre los niveles de mercurio en las poblaciones humanas del lado occidental de los Andes, donde la cuenca desemboca en el lago Titicaca, aunque hubo un conflicto entre las comunidades locales y los mineros río arriba hace una década. Las comunidades dijeron que su pesca y agricultura habían sufrido debido a la contaminación relacionada con la minería; el gobierno medió y el conflicto se resolvió con una compensación económica. Otros studios han encontrado niveles de mercurio en plantas y suelos en Apolobamba y en el agua del lago Suches, el río Suches y el lago Titicaca que superan los niveles de referencia. Pero los efectos de esta contaminación siguen siendo desconocidos, y es difícil atribuir responsabilidades dada la cierta cantidad de mercurio natural proveniente de la Cordillera y la proliferación de operaciones mineras en la cuenca, no solo en Bolivia, sino también en Perú.
Trabajando por un futuro más sostenible
Los expertos que hablaron con Mongabay coinciden en que, dada la participación de los lugareños y la permisividad del gobierno, existen pocas opciones para detener o incluso reducir la extracción de oro en Apolobamba. “Pero tenemos que reducir el daño que se está haciendo”, dijo Bocángel.
ONGs como MEDMIN, WCS y Helvetas han trabajado con 15 cooperativas, de alrededor de 1500, para mejorar sus prácticas ambientales. Esto implica, por ejemplo, construir represas donde sus aguas residuales puedan almacenarse temporalmente, lo que permite que los sedimentos contaminados se hundan hasta el fondo antes de que el agua se libere en el entorno circundante. También incluye la adopción de tecnologías para ayudar a concentrar cantidades diminutas de oro tanto como sea posible antes de agregar mercurio, reduciendo así la cantidad de mercurio requerida, y luego calentar la amalgama en un sistema cerrado que captura el vapor de mercurio, que luego se puede recolectar y reutilizar.
Mongabay observó las tecnologías en uso en Águilas de Oro, una cooperativa minera en Puyo Puyo, donde los mineros se reunieron mientras los técnicos de MEDMIN explicaban cómo usar una mesa de gravitación y una retorta, agregando dos pasos al proceso de extracción. Al final de la sesión de capacitación, 50 camiones cargados de tierra se habían transmutado en una pepita de oro que pesaba 15,2 gramos, o poco menos de media onza, con todo el mercurio capturado.
En teoría, tales tecnologías podrían reducir la pérdida de mercurio a casi cero. Los principales obstáculos para que su uso se generalice son la fuerza de la costumbre entre los mineros y el pequeño incentivo económico para reutilizar el mercurio, dado su bajo costo. Loayza dijo que estos programas de ONG deben convertirse en políticas públicas para tener un impacto a gran escala. Fecoman, el sindicato de cooperativas mineras de oro en La Paz, ha dicho que está abierto a usar tales tecnologías, con el apoyo del gobierno.
Águilas de Oro se encuentra entre la minoría de cooperativas que tiene licencia ambiental. Fue fundada por cinco lugareños en 2009, uno de los cuales le dijo a Mongabay que solía criar alpacas, pero que nunca podía ganar lo suficiente para tener una familia. Dejó Apolobamba para trabajar en una mina de oro en los trópicos, antes de regresar para establecer la suya.
“Siempre supimos que había oro aquí”, dijo. “Cuando tenía cinco años, mi hermana vio a extranjeros buscando oro en el agua”.
El hecho de que muchos de los mineros de Apolobamba sean locales es una pequeña fuente de esperanza para quienes buscan reducir el impacto de la minería.
“No son forasteros cuyo único interés es extraer todo lo que puedan y luego irse”, dijo Bocángel. “Se sienten conectados con esos ríos y esas montañas. Usan mercurio, pero tratan de usar menos. Y cuando llega una institución como MEDMIN, escuchan lo que dices y tratan de cambiar su forma de trabajar”.
Pero incluso aquí, grandes áreas del paisaje han sido devastadas. Y con cientos de otras operaciones en Apolobamba, la pregunta persistente para quienes están preocupados por el futuro del área protegida es cuánto daño habrá cuando pase el auge. Y eso es algo que, en última instancia, no sucederá hasta que baje el precio del oro, o hasta que no quede oro.
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- Artisanal gold mining by local cooperatives abounds in protected areas across Bolivia, in particular the Apolobamba highlands near the border with Peru.
- The mining boom here began in the late 1990s, and since then the cooperatives have continued to use mercury amalgamate the gold.
- There are worries over mercury contamination as well as the diversion of river flows away from wetlands to the mines.
- NGOs working with the cooperatives say the local miners are keen on making their operations more sustainable, but that the cost and lack of government support are hurdles to achieving this.
LA PAZ — At dawn in Apolobamba, in the Bolivian highlands, groups of vicuña and alpaca — some sheared, some shaggy — amble around looking for scrub to graze on, though the frozen ground offers little. The scene is silent, but for the clanks and rumbles of machinery at the nearby gold mines.
Apolobamba is a protected area northwest of La Paz, Bolivia’s political capital, that borders Peru. It holds a vast array of ecosystems, from the 6,000-meter (20,000-foot) peaks of the Cordillera de Apolobamba, to the high plateau at around 4,000 m (13,000 ft) and tropics that spill down to 600 m (2,000 ft) above sea level. Its rivers feed Lake Titicaca and the Amazon. And the riverbeds are scattered with particles of gold, as is much of the rest of Apolobamba.
Vicuñas (Vicugna vicugna) and alpacas (Lama pacos) were once Apolobamba’s main economic resource. But in the last two decades, high gold prices have driven communities to set up mining cooperatives, calling back relatives who had migrated out in search for work, and finding investors to pay for the heavy machinery. Today, there are more than 200 cooperatives working in the protected area, according to Oscar Loayza, former director of Apolobamba and now coordinator of GIT-OR, a civil society group focused on reducing the negative impacts of gold mining. Loayza added that more than 30% of the territory of Apolobamba has been awarded in mining concessions.
Driving around the sectors of Puyo Puyo and Suches in the high plateau, where much of the gold mining takes place, Mongabay observed how the landscape was being reshaped. The driver preferred not to stop to take photos, or to be identified in this article.
The high plateau of Apolobamba is flat and treeless, but holds a unique Andean wetland ecosystem that receives glacial meltwater from the mountains of the Cordillera. Some of that water is now being diverted by miners, who channel it toward their open-pit mines, where it is used on “chutes” — sloped wooden structures where truckloads of earth are hosed with water and run through channels to separate a relatively gold-rich sediment. This is then treated with mercury, which binds together the particles of gold into a solid amalgam that makes it easier to extract. The process is inefficient: the driver estimated it recovers 35% of the gold. But it requires relatively little investment to begin operation.
Suches, where mining is most intense, looks like it’s been bombarded. What was once flat land is now piles of upturned earth and craters of turbid water. Trucks, heavy machinery and brand-new four-wheel-drive vehicles reflect the millions of dollars being invested and made in a place that’s now dedicated to mining. In the town of Suches itself, the statue in the central plaza is that of a backhoe.
“Ten years ago the people here were ranchers who did some mining,” said the driver. “Now they’re miners who do a little ranching.”
A complicated history
Apolobamba has existed in its current form since 2000, when it was expanded from a smaller protected area, Ulla Ulla, which was created in 1972 to protect its then-endangered vicuñas. Today, it has more gold mining activity than any other protected area in Bolivia.
There has long been a small amount of mining in the mountains, in the sector of Pelechuco, but the seed for today’s open-pit boom was sown when Downer Mining, a New Zealand company, began operating in Suches in the late 1990s.
“This opened the eyes of the local people,” Loayza said. “They realized there was gold there, too.”
Then the price of gold began to climb. In 2000, it sold for roughly $400 per ounce. In 2011, it peaked at an inflation-adjusted price of $2,424 per ounce, before dipping back down. Since 2020 it has hovered at around $2,000, reflecting investors’ perception of gold as a hedge against inflation and a safe haven amid economic uncertainty. This meant even inefficient operations could be profitable.
Local residents obtained mining concessions in Apolobamba. They were able to do so because, in Bolivia, extractive activities are allowed in certain parts of protected areas.
“Every protected area has levels of zoning,” said Danilo Bocángel, general manager of MEDMIN, a foundation that works with miners to improve their environmental practices. “Some zones can’t be touched. But others can, and some can even have intensive extraction — in other words, full, uninhibited mining.”
In the case of Apolobamba, the zones where mining was forbidden were relatively few and small. They became even smaller in 2015, when the protected area’s management plan was redesigned — with input from the miners themselves, according to Oscar Campanini, executive director of CEDIB, an environmental NGO.
“Between 2013 and 2015, most protected areas saw their management plans updated, and in practically all of them there was a trend towards changing the zoning to allow extractive projects,” Campanini said. “In some cases it was hydrocarbons, in others it was hydroelectrics, and in this case it was mining.”
The government has supported gold mining in other ways, too, by subsidizing fuel, keeping royalties on gold exports low, cutting taxes on the import of heavy machinery, and so far resisting calls to regulate the import and use of mercury, despite having signed the Minamata Convention and thereby committing itself to phasing out use of the toxic substance.
The combination of high prices and state support has made gold mining one of the most important economic activities in Bolivia. In 2022, gold was Bolivia’s top export, worth $2.7 billion. Almost all of this is produced not by the state or private companies, but by cooperatives like those in Apolobamba, where a group of people obtain a concession, then make deals with others who have capital and machinery. An estimated 100,000 people are directly employed by gold mining cooperatives, in a country of 12 million.
What marks out the gold mining in Apolobamba is the central role of local residents. According to Loayza, almost every cooperative has local involvement, though he added there’s also a great degree of external investment involved in some operations. Some of the protected area’s 32 communities now have no industry or way of life other than mining, the driver said, while others combine mining with ranching and commerce on the border with Peru. Even if a community doesn’t have its own cooperative, its residents will often work for the cooperatives of other communities. This means that, for many, if not the majority, of people in Apolobamba, gold mining is their most important source of income. Campanini said that although there have been conflicts between miners and non-miners over water use and pollution, there’s no organized resistance to mining.
Most of the operations in Apolobamba do, however, operate in a legal gray zone. Many are breaking the letter of the law in some way, either by rerouting rivers, not restoring the land they mine, or even working in the glaciers themselves, which is strictly forbidden. According to government data from 2019, only about 15% have an environmental license. But working without an environmental license is an administrative infraction, punishable with a fine, not a prison sentence.
The job of monitoring the cooperatives falls to Apolobamba’s underresourced park rangers, who have to balance upholding the law with maintaining relations with the communities and the cooperatives so as to be able to conduct inspections and administrative processes. (In other protected areas, rangers have found themselves barred from communities.)
“For the communities, mining means development,” said Ramiro Mayta, the director of Apolobamba. “And that means they might see us conservationists as obstructing their development.”
Meanwhile, mining is expanding into new areas. Suches, the sector where the boom began, is increasingly exhausted. But the cooperatives that worked there now have some capital, and they’re setting up elsewhere in the protected area. “In 2021, there were 134 new requests [for mining rights] in Apolobamba,” Mayta said.
“Suches used to be a little town that was dedicated to ranching alpacas, and many people migrated [elsewhere] for work,” Mayta added. “Then they came back to mine, and it has gone well for them. In 2012 we went to inspect, mine by mine, to see if they were owners of the machinery. And 50% of them were already owners of their own machinery. Ten more years have passed. Now they are going to the tropics as investors.”
A toxic industry
The gold mining in Apolobamba takes different forms depending on where it is. Most of it is open-pit mining in the high plateau sectors of Suches, Antaquilla and Puyo Puyo. But there’s also gold being mined from rock in Pelechuco and Aguablanca. And, increasingly, there’s alluvial mining happening in the rivers of the lower, forested parts of Apolobamba, such as the area around Achiquiri.
Though studies are scarce, water pollution and land cover change from mining are affecting the habitat of the protected area’s diverse wildlife, which includes vicuñas, Andean bears (Tremarctos ornatus) and condors (Vultur gryphus), as well as new species that continue to be described. In the high plateau, mining devastates the land where it takes place and puts mercury into the water system. But Loayza said its most serious ecological impact is the use of water and the effect on high-altitude wetlands. Mining operations reroute water such that it never arrives in the wetlands. As a result, some parts have dried up. Moreover, operations release used water back into the system, which transports sediment and mercury to downstream ecosystems.
“These are very fragile ecosystems that require permanent and high-quality water,” Loayza said. “If you reduce that quality, they start to die. And if you take the water away, they disappear completely.”
Apolobamba’s high-altitude wetlands provide food for birds such as the Andean goose (Chloephaga melanoptera) and both wild vicuñas and domestic alpacas, especially in the dry season, which tends to span May to November, when they’re the only part of the high plateau that remains wet and green. Despite changes to the wetlands, Apolobamba’s vicuña population continues to grow, with more than 15,000 currently inhabiting the protected area, according to monitoring data from the Wildlife Conservation Society. But the shrinking wetlands, combined with the increasing territory taken up by mining operations, is reducing grazing sites and therefore the population that Apolobamba can support.
Multiple sources said that as concessions in the plateau are exhausted, miners are moving to new ones in lower, forested parts of Apolobamba. In the lowland areas of the protected area, where rainforest predominates, such as Achiquiri, Charopampa and Michiplaya, alluvial mining operations are redirecting river flow, churning up riverbeds, and releasing mercury into the water system. Satellite data and imagery from Global Forest Watch also show several hotspots of deforestation in lower, forested areas in and near Apolobamba.
Bocángel estimates 25% of deforestation in the lowland part of the protected area is related to gold mining, which involves clearing forest for roads and paths, as well as logging trees to build chutes and redirect the flow of water.
Overall, Loayza said, gold mining is by far the biggest human pressure in Apolobamba. Illegal coca cultivation and timber trafficking are a distant second and third, and limited to lowland forested areas.
In Pelechuco and Aguablanca, where gold is mined from crushed rock, the greatest environmental impact is the intensive use of mercury, according to Loayza. He said that miners here use 7-9 kilograms of mercury per kilo of gold extracted from rock. In comparison, open-pit mining uses perhaps 0.4 kg of mercury per kilo of gold.
“This use of mercury is excessive,” Loayza said. “And when you dig a little deeper, the problem is that they are adding mercury at the initial crushing stage, which is technically completely inappropriate — they could add it later, and add less.”
Mercury readily escapes into the environment when used by mining operations, either into the air when it’s burned off to separate it from the gold, or when miners discard mercury-contaminated wastewater and tailings. Polluted water can then flow downstream toward Lake Titicaca or into the Amazon Basin, depending on which side of the Andes the mining is taking place.
Mercury is a heavy metal and potent neurotoxin that attacks brain and kidney functions, and can lead to death in high-enough concentrations. Mercury persists and accumulates in aquatic environments, where it can be transformed into methylmercury and magnify up the food chain. Research conducted elsewhere in South America indicates residents of fishing-dependent human communities downstream of gold mining operations have unsafe levels of mercury in their blood, putting them at increased risk of birth defects, illness and death.
In recent years, several non-peer-reviewed studies have examined mercury levels in hair samples from riverside communities downstream from mining operations in the Bolivian Amazon. There’s no single internationally accepted safe limit for mercury levels in humans, but the U.S. Environmental Protection Agency has set a safe limit of 1 part per million (ppm) in hair samples, while in 2018 the United Nations carried out a global mercury assessment and concluded that in most populations without significant mercury exposure, the level tends to be less than 2 ppm. The studies in the Bolivian Amazon found many communities have average hair mercury levels of more than 2 ppm, and some closer to 7 ppm. In pregnant women, such levels could induce permanent neurodevelopmental effects in fetuses.
There have been no published studies of mercury levels in human populations on the western side of the Andes, where the watershed feeds into Lake Titicaca, though there was a conflict between local communities and upstream miners a decade ago. The communities said their fishing and agriculture had suffered because of mining-related pollution; the government mediated and the conflict was resolved with economic compensation. Other studies have found mercury levels in plants and soils in Apolobamba and in the water of Lake Suches, the Suches River and Lake Titicaca that exceed baseline levels. But the effects of this contamination remain unknown, and it’s difficult to attribute responsibility given the certain amount of natural mercury coming from the Cordillera, and the proliferation of mining operations in the watershed — not just in Bolivia, but also in Peru.
Working towards a more sustainable future
The experts who spoke with Mongabay agree that, given the involvement of locals and the permissiveness of the government, there are few options to stop or even reduce gold mining in Apolobamba. “But we have to reduce the damage being done,” Bocángel said.
NGOs such as MEDMIN, WCS and Helvetas have worked with 15 cooperatives, out of around 1,500, to improve their environmental practices. This entails, for example, building dams where their wastewater can be temporarily stored, allowing contaminated sediment to sink to the bottom before the water is released into the surrounding environment. It also includes adopting technologies to help concentrate minute quantities of gold as much as possible before adding mercury, thereby reducing the amount of mercury required, and then heating the amalgam in a closed system that captures the mercury vapor, which can then be collected and reused.
Mongabay observed the technologies in use at Águilas de Oro, a mining cooperative in Puyo Puyo, where miners gathered as MEDMIN’s technicians explained how to use a gravitation table and a retort, adding two steps to the extraction process. By the end of the training session, 50 truckloads of earth had been transmuted into a nugget of gold weighing 15.2 grams, or just less than half an ounce — with all of the mercury captured.
In theory, such technologies could reduce mercury loss to near zero. The main obstacles to their use becoming widespread are the strength of habit among miners and the small economic incentive to reuse mercury, given its low cost. Loayza said these NGO programs need to become public policy to have a large-scale impact. Fecoman, the union for gold mining cooperatives in La Paz, has said it’s open to using such technologies — with government support.
Águilas de Oro is among the minority of cooperatives that has an environmental license. It was founded by five locals in 2009, one of whom told Mongabay that he used to rear alpacas, but could never earn enough to have a family. He left Apolobamba to work in a gold mine in the tropics, before coming back to establish his own.
“We always knew there was gold here,” he said. “When I was five, my sister saw foreigners looking for gold in the water.”
The fact that many of the miners in Apolobamba are local is a small source of hope for those seeking to reduce the impact of mining.
“They aren’t outsiders whose only interest is to extract everything they can and then leave,” Bocángel said. “They feel connected to those rivers and those mountains. They use mercury, but try to use less. And when an institution like MEDMIN arrives, they listen to what you say and try to change their way of working.”
But even here, large areas of the landscape have been devastated. And with hundreds of other operations in Apolobamba, the question lingering for those concerned about the future of the protected area is how much damage will be done by the time the boom passes. And that’s something that, ultimately, won’t happen until the price of gold comes down — or until there’s no gold left.
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Bolivian Thoughts 