Otro, trágico ejemplo del desgobierno de luchin – Another, tragic example of luchin’s misrule

Editorial, Los Tiempos:

El Estado y el respeto a la leyes

La quema, hace una semana, de tres domos de un hotel instalado en un área del salar de Uyuni próxima al límite entre los departamentos de Potosí y Oruro tiene, sin duda, un efecto perjudicial significativo en lo que se refiere a la seguridad que brinda Bolivia a la inversión extranjera y a los turistas que deciden visitar el país.

Pero, además de sus consecuencias, la destrucción de esas edificaciones –propiedad de una empresa extranjera que perdió así medio millón de dólares–, los enfrentamientos entre comunarios orureños y potosinos y el conflicto que se desató entre las gobernaciones de ambos departamentos son la muestra más reciente de las falencias de las instancias del Estado, especialmente en lo que se refiere al respeto riguroso de las leyes.

Falencias, primero, en lo que respecta a las responsabilidades del Gobierno central sobre las reservas fiscales, pues todo el salar de Uyuni, “por Ley 2564 es una reserva fiscal y tiene coordenadas precisas, y al ser un recurso estratégico, el titular de la competencia exclusiva para la exploración, explotación, actividades turísticas y económicas es el nivel central del Estado; no tienen competencia ni las gobernaciones ni los municipios para poder ejercer competencia alguna”, como bien lo recordó hace pocos días un exministro de Autonomías.

Y todo lo que se refiere a las reservas fiscales, respecto de sus recursos naturales, es una de las “competencias exclusivas del nivel central del Estado”.

En ese marco, parece evidente que las instancias del Gobierno fallaron en el ejercicio de sus competencias, pues los domos del hotel en cuestión no aparecieron el día anterior a la intervención de los comunarios y su destrucción, pues ya estaba en funcionamiento desde hace más de dos años y con seguridad que su construcción demoró meses. Y todo ese tiempo, las instancias correspondientes de la administración central de Estado nada dijeron respecto del tema y menos de su adecuación a las leyes.

El Gobierno intervino sólo hace un par de días, convocando a los gobernadores de Oruro y Potosí para tratar el asunto, que ya es objeto de una denuncia en contra de los autores, cómplices y encubridores por los delitos de avasallamiento, asociación delictuosa y destrucción de bienes.

El propósito de la convocatoria del Gobierno es llegar a un acuerdo entre las partes en conflicto. Y aquí es preciso preguntarse por qué y para qué es necesario un acuerdo si las leyes y la Constitución Política son claras respecto a la calidad de reserva fiscal que tiene el salar de Uyuni.

Así, lo que se impone es el orden legal vigente, tanto para regularizar el hotel parcialmente destruido como para perseguir en justicia a quienes perpetraron la quema y avasallamiento de esas instalaciones.

The State and respect for the law

The burning, a week ago, of three domes of a hotel installed in an area of the Uyuni salt flat near the border between the departments of Potosí and Oruro has, without a doubt, a significant detrimental effect in terms of the security Bolivia provides to foreign investment and tourists who decide to visit the country.

But, in addition to its consequences, the destruction of these buildings -owned by a foreign company that thus lost half a million dollars-, the confrontations between community members from Oruro and Potosinos and the conflict that broke out between the governorates of both departments are the most important examples of the recent shortcomings of the State bodies, especially with regard to rigorous respect for the laws.

Failures, first, with regard to the responsibilities of the central government over fiscal reserves, since the entire Salar de Uyuni, “by Law 2564 is a fiscal reserve and has precise coordinates, and being a strategic resource, the owner of the exclusive competence for exploration, exploitation, tourist and economic activities is the central level of the State; neither the governments nor the municipalities have competence to be able to exercise any competence,” as a former Minister of Autonomies recalled a few days ago.

And everything that refers to fiscal reserves, with respect to their natural resources, is one of the “exclusive powers of the central level of the State.”

In this context, it seems evident that the Government instances failed in the exercise of their powers, since the domes of the hotel in question did not appear the day before the intervention of the community members and their destruction, since it had already been in operation for more than two years and with certainty that its construction took months. And all that time, the corresponding instances of the central state administration said nothing about the subject and less about its adaptation to the laws.

The Government intervened only a couple of days ago, summoning the governors of Oruro and Potosí to address the matter, which is already the subject of a complaint against the perpetrators, accomplices and accessories for the crimes of subjugation, criminal association and destruction of goods.

The purpose of the convocation of the Government is to reach an agreement between the parties in conflict. And here it is necessary to ask why and for what an agreement is necessary if the laws and the Political Constitution are clear regarding the quality of fiscal reserve that the Uyuni salt flat has.

Thus, what is imperative is the current legal order, both to regularize the partially destroyed hotel and to prosecute those who perpetrated the burning and subjugation of those facilities.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210730/editorial/estado-respeto-leyes