Gary Prado in an interview with EL DEBER
The lawyer stated that the case had a strong political impact, as it involved civic, business, and political leaders from Santa Cruz. The IACHR is investigating the deaths of three people resulting from the police intervention at the downtown hotel
Seventeen years after the police operation at the Hotel Las Américas, lawyer Gary Prado asserted that the case was marked by irregularities, political use of the justice system, and serious human rights violations, while also confirming that there are ongoing proceedings in international bodies against the Bolivian State.
In an interview on the program ON–Otra Noche con Sissi from EL DEBER, Prado—who was part of the defense of some of the accused—stated that on April 16, 2009, the police intervention was “illegal,” as it was carried out without a judicial warrant or the presence of a prosecutor. According to his account, the operation resulted in the deaths of three foreign nationals and the detention of two others, who—he said—were subjected to torture before being transferred to La Paz.
The jurist maintained that this event gave rise to a narrative promoted by the government of Evo Morales, which alleged the existence of a terrorist and separatist cell in Santa Cruz. However, he asserted that this claim could not be proven over more than a decade of judicial proceedings. “For 11 years they failed to prove that accusation, despite having control over the judicial system,” he said.
Prado emphasized that the only proven fact in that context was the bombing attack against the home of Cardinal Julio Terrazas, which occurred one day before the operation, a case that—he noted—remains unresolved to this day.
The lawyer also pointed out that the process had a strong political impact, as it involved civic, business, and political leaders from Santa Cruz, which—in his view—aimed to weaken the autonomy movement in the region. “The case was used to dismantle regional leadership and generate fear,” he stated.
Regarding the judicial outcome, he recalled that both the private prosecution and the prosecutor’s charges were withdrawn, leading to the acquittal of those involved. In that sense, he affirmed that the case is closed in Bolivia.
Nevertheless, he warned that the conflict continues at the international level. He indicated that at least 13 people have filed complaints before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), some of which are close to leading to cases against the Bolivian State before the Inter-American Court of Human Rights.
Likewise, Prado questioned that, despite the passage of time, practices that violate constitutional guarantees persist. In that context, he compared the operation in the Las Américas case with recent police interventions, pointing out similarities in acting without judicial warrants. “We cannot normalize the violation of fundamental rights in the name of security,” he concluded.
Por Ariel Melgar Cabrera, El Deber:
Gary Prado en entrevista con EL DEBER
El abogado señaló que el proceso tuvo un fuerte impacto político, al involucrar a líderes cívicos, empresariales y políticos de Santa Cruz. La CIDH investiga la muerte de tres personas por la intervención policial en el céntrico hotel
A 17 años del operativo policial en el Hotel Las Américas, el abogado Gary Prado aseguró que el caso estuvo marcado por irregularidades, uso político de la justicia y graves vulneraciones a los derechos humanos, al tiempo que confirmó que existen procesos en instancias internacionales contra el Estado boliviano.
En una entrevista en el programa ON-Otra Noche con Sissi de EL DEBER, Prado —quien formó parte de la defensa de algunos acusados— afirmó que el 16 de abril de 2009 la intervención policial fue “ilegal”, al haberse ejecutado sin orden judicial ni presencia fiscal. Según su versión, el operativo derivó en la muerte de tres ciudadanos extranjeros y la detención de otros dos, quienes —dijo— fueron sometidos a torturas antes de ser trasladados a La Paz.
El jurista sostuvo que este hecho dio paso a una narrativa impulsada por el gobierno de Evo Morales, que planteaba la existencia de una célula terrorista y separatista en Santa Cruz. Sin embargo, aseguró que esa tesis no pudo ser probada durante más de una década de proceso judicial. “Durante 11 años no lograron demostrar esa acusación, pese a tener control sobre el sistema judicial”, afirmó.
Prado remarcó que el único hecho comprobado en ese contexto fue el atentado con explosivos contra la vivienda del cardenal Julio Terrazas, ocurrido un día antes del operativo, caso que —según indicó— hasta la fecha no ha sido esclarecido.
El abogado también señaló que el proceso tuvo un fuerte impacto político, al involucrar a líderes cívicos, empresariales y políticos de Santa Cruz, lo que —a su juicio— buscaba debilitar al movimiento autonómico en la región. “Se utilizó el caso para desarticular liderazgos regionales y generar temor”, sostuvo.
En cuanto al desenlace judicial, recordó que tanto la acusación particular como la fiscal fueron retiradas, lo que derivó en la absolución de los implicados. En ese sentido, afirmó que el caso está cerrado en Bolivia.
No obstante, advirtió que el conflicto continúa en el ámbito internacional. Indicó que al menos 13 personas han presentado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algunas de las cuales están próximas a derivar en juicios contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, Prado cuestionó que, pese al paso del tiempo, persistan prácticas que vulneran garantías constitucionales. En ese marco, comparó el operativo del caso Las Américas con recientes intervenciones policiales, señalando similitudes en la forma de actuar sin órdenes judiciales. “No se puede normalizar que se vulneren derechos fundamentales en nombre de la seguridad”, concluyó.
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