By Gonzalo Colque, Vision 360:
Crisis in the Pocket: When the Bolivian Loses Purchasing Power
An inflation rate of 10% or more can be considered an invisible tax, with a real impact far greater for consumers.
We closed 2024 with high inflation rates: a 9.97% variation in the Consumer Price Index (CPI) and 15.4% in the food sector, according to data released by the National Institute of Statistics (INE). This is an unusual and concerning phenomenon, considering that the average of recent years was around 2%.
A higher inflation rate means the national currency loses its purchasing power and is worth less in transactions. For example, we used to be able to buy $100 USD with 696 Bs. Today, with an exchange rate of 11 Bs in the parallel market, the same 696 Bs are only enough for $63 USD.
This demonstrates that, in daily life, inflation exceeds official estimates. Another significant change is the price of chicken. Last month, the cost per kilo increased by 4.2 Bs, a 26.7% variation compared to the average price of previous years (2012-2023). And we can continue listing other basic goods. Rarely does a consumer encounter prices that have risen only between 10% and 15%.
The outlook for 2025 is not promising. Frozen, fixed, and regulated prices are on the verge of changing. Transport workers are pushing for fare increases, and bakers are determined to raise the price of daily bread.
Some annually variable prices are already under negotiation: school tuition, educational materials, housing and business premises rents, internet and communication services, financial and public service fees, taxes, and more. The wage increase will hover around 10%, worsening the fragility of small businesses and the labor market.
In other words, the national currency will continue to lose its purchasing power in the coming months and, likely, years. The consequences are already tangible for the population, from a drastic decrease in families’ savings capacity—turning into dissaving in many cases—to food insecurity due to insufficient income among lower strata. Living with the loss of purchasing power will not be easy for the vast majority of Bolivians who barely live above the poverty line.
It wouldn’t be an exaggeration to say that by the end of 2025, the average Bolivian could lose up to half of the purchasing power of their income. Frozen and subsidized prices will become increasingly unsustainable and, at some point, will have to change—an undesirable scenario due to its multiplier effects on other prices and the economy as a whole. Ideally, incomes should improve at the same rate, but we know there are no objective conditions for national economic growth. As a country, we are closer to stagnation than economic recovery.
The loss of purchasing power is a complex phenomenon that, under current circumstances, cannot be attributed to global or external factors. The collapse of gas revenue was not due to a lack of markets or low prices but rather to our missteps. The world continues to demand lithium, yet exploitation projects failed for reasons solely attributable to decisions made by the national government.
The economic model implemented since 2006 is the underlying cause. On the one hand, government policies created a high economic dependency on frozen prices, subsidies, and imports. The model discouraged national production with added value, thereby stunting the competitiveness of domestic products in international markets. On the other hand, multimillion-dollar investments in creating the “state enterprise” did not yield the expected results in terms of production, exports, or the generation of productive employment.
In conclusion, an inflation rate of 10% or more can be considered an invisible tax, with a real impact far greater for consumers. We are beginning to pay the high costs generated by economic policies implemented nearly 20 years ago.
Por Gonzalo Colque, Visión 360:
Crisis en el bolsillo, cuando el boliviano pierde su poder adquisitivo
Una tasa de inflación del 10% o más, se puede considerar como un impuesto invisible, cuyo impacto real es mucho mayor para los consumidores.
Hemos cerrado el 2024 con altas tasas de inflación: una variación del 9,97% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del 15,4% en el rubro de alimentos, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estamos frente a un fenómeno inusual y preocupante, teniendo en cuenta que el promedio de los últimos años ronda un 2%.
Una mayor tasa de inflación significa que la moneda nacional pierde su poder adquisitivo. Vale menos a la hora de las transacciones. Por ejemplo, antes podíamos comprar 100 $us con 696 Bs. Hoy, a un tipo de cambio de 11 Bs en el mercado paralelo, los mismos 696 Bs alcanzan tan solo para 63 $us.
Lo anterior es una muestra de que en la vida cotidiana la inflación supera las estimaciones oficiales. Otro cambio de alto impacto es el precio de la carne de pollo. El mes pasado, el kilo aumentó 4,2 Bs, lo que representa una variación del 26,7% con respecto al precio promedio de los años anteriores (2012-2023). Y así podemos seguir enlistando otros productos de primera necesidad. Rara vez el consumidor tropieza con precios que sólo hayan subido entre un 10% a 15%.
Para el 2025, el pronóstico no es alentador. Los precios congelados, fijos y regulados están a punto de cambiar. Los transportistas están dando pelea para el alza del precio de los pasajes, al igual que los panificadores decididos a elevar el precio del pan de cada día.
Algunos precios que varían anualmente ya están en la mesa de negociación. Las pensiones escolares, los materiales educativos, alquileres de vivienda y locales de negocios, servicios de internet y comunicaciones, tasas de servicios financieros y públicos, impuestos, entre otros. El incremento salarial estará en torno al 10%, lo que empeorará la fragilidad de los pequeños negocios y del mercado laboral.
En otras palabras, la moneda nacional seguirá perdiendo su poder adquisitivo en los siguientes meses y, probablemente, años. Las consecuencias son y serán concretas para la población, desde una drástica disminución de la capacidad de ahorro de las familias, desahorro en muchos casos, hasta inseguridad alimentaria por falta de ingresos entre los estratos bajos. Convivir con la pérdida del poder adquisitivo no será fácil para la gran mayoría de los bolivianos que apenas viven por encima de línea de pobreza.
No sería exagerado para nada decir que para finales del 2025 el boliviano promedio podría perder hasta la mitad del poder adquisitivo de sus ingresos. Los precios congelados y subvencionados serán cada vez más insostenibles y en algún momento tendrán que variar, lo cual es indeseable por sus efectos multiplicadores sobre el resto de los precios y la economía en general. En contrapartida, idealmente los ingresos tendrían que mejorar en la misma medida, pero sabemos que no existen condiciones objetivas para el crecimiento de la economía nacional. Como país, estamos más cerca del estancamiento que de la recuperación económica.
La pérdida de poder adquisitivo es un fenómeno complejo que, en actuales circunstancias, no es atribuible a factores globales o externos. El colapso de la renta del gas no fue a consecuencia de falta de mercado o precios bajos, sino a causa de nuestros desaciertos. El mundo sigue demandando litio, pero los proyectos de explotación fracasaron por razones únicamente atribuibles a las decisiones tomadas por el gobierno nacional.
El modelo económico implementado desde el 2006 es la causa de fondo. Por un lado, las políticas gubernamentales generaron una alta dependencia económica de precios congelados, subvenciones e importaciones. El modelo desincentivó la producción nacional con valor agregado, atrofiando así la competitividad de los productos nacionales en el mercado internacional. Por otro lado, la inversión multimillonaria en la creación del “estado empresario” no rindió los frutos esperados en términos de producción, exportación y generación de empleo productivo.
En conclusión, una tasa de inflación del 10% o más, se puede considerar como un impuesto invisible, cuyo impacto real es mucho mayor para los consumidores. Estamos comenzando a pagar los altos costos generados por las políticas económicas implementadas hace casi 20 años.
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