Editorial, El Deber:
The Bolivian Labor Confederation and the Government are in full negotiation over salary increases. The labor union is asking for an eight percent increase in the basic salary and a seven percent increase in the national minimum wage. This aspiration is completely detached from reality, reflecting a trend towards tightening belts in households rather than the stability touted in government speeches. Moreover, it far exceeds the inflation reported by the Ministry of Planning and Development, which stands at 2.12%.
In Bolivia, there are two perspectives. On one hand, there’s that of the average citizen who has witnessed the progressive deterioration of job quality. With each increase, labor costs rise for employers, leading them to resort to hiring personnel under external contracts or simply reducing their workforce.
On the other hand, there are the unions, filled with long-serving members who benefit from the salary increases they themselves negotiate, despite not working like the workers they represent.
Thirdly, there’s the State at various government levels, where there are at least half a million public employees who receive the corresponding salary increases. Many of these positions are obtained through political connections.
Since the beginning of the Movement for Socialism’s administration, salary negotiations have been conducted between the national government and the Bolivian Labor Confederation, leaving private employers aside. So far, the latter have had no choice but to comply with the decisions made by the former two, but with unfortunate outcomes for the labor sector.
In the reality faced by ordinary citizens, there has been a decrease of at least 30 percent in purchasing power, especially noticeable in neighborhood stores. According to a report published today by the Dinero supplement of EL DEBER, Smart Data indicates that people are now buying what they need daily instead of making larger purchases that would last longer. This is compounded by price increases resulting from a shortage of dollars and the parallel value of the currency.
Official figures show that unemployment is below four percent, but they do not specify if these are quality jobs with full benefits or if they are informal and occasional employment. According to figures provided by private employers and economists, informality accounts for more than 70% of the economy, meaning many workers, and consequently their families, lack social security, retirement contributions, etc.
In this context, it’s not coherent to negotiate salary increases based on leaders who don’t work, earn much more than their constituents, and are exempt from the risk of losing their jobs due to their union benefits. Instead, they exacerbate the crisis in companies and fail to take responsibility after these companies close or when thousands of Bolivians lose their jobs.
It is hoped that sanity will prevail and that the current reality of the country will be taken into account. One cannot navigate based on a distorted view of reality.
Editorial, El Deber:
La Central Obrera Boliviana y el Gobierno están en plena negociación del incremento salarial. El órgano sindical pide un alza del ocho por ciento al sueldo básico y del siete por ciento al salario mínimo nacional. Una aspiración que está absolutamente fuera de la realidad, que muestra una tendencia orientada hacia el ajuste de cinturones en los hogares, antes que a una estabilidad pretendida en los discursos del Gobierno. Además, es muy superior a la inflación reportada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo que es del 2,12%.
En Bolivia hay dos visiones. Por un lado, está la del ciudadano de a pie, que ha visto el deterioro progresivo de la calidad del empleo, ya que, a más incrementos, más costo laboral para los empresarios, que han optado por requerir personal bajo contratos externos o, simplemente, disminuir el volumen de su planilla.
En la otra visión están los sindicatos, colmados por empleados que permanecen durante muchos años o décadas en la dirigencia, que son declarados en comisión y se benefician cada año con los incrementos salariales que ellos mismos gestionan, pero que no trabajan como los obreros a los que representan.
En tercer lugar, está el Estado en los diferentes niveles de gobierno. En este grupo hay al menos medio millón de empleados públicos, que reciben el sueldo con el incremento correspondiente. En muchos casos, son pegas obtenidas al calor de la política.
Como desde el principio en la gestión del Movimiento Al Socialismo, la negociación salarial la están llevando el Gobierno nacional y la COB, dejando al margen a los empresarios privados. Hasta aquí, a estos últimos no les quedó más que acatar lo que dispusieron los otros dos, pero con resultados poco afortunados para el sector laboral.
En la realidad de los ciudadanos de a pie se ve una disminución de al menos un 30 por ciento en la capacidad de compra de las familias, especialmente en las tiendas de barrio, de acuerdo con un informe que publica hoy el suplemento Dinero de EL DEBER, en el que la empresa Smart Data señala que la gente está comprando lo que requiere a diario, en lugar de hacer compras más grandes que le alcancen por más tiempo. A ello se suma el incremento de precios que es consecuencia de la escasez de dólares y el valor paralelo de la divisa.
En las cifras oficiales se exhibe que el desempleo está por debajo del cuatro por ciento, pero la cifra no precisa si se trata de trabajos de calidad con todas las prestaciones, si es empleo informal y eventual. Según las cifras que ofrecen los empresarios privados y economistas, la informalidad alcanza a más del 70% de la economía, lo que significa que hay muchos trabajadores, y por tanto sus familias, que carecen de seguridad social, de aportes de jubilación, etc.
En tal sentido, no es coherente negociar el incremento salarial sobre la base de dirigentes que no trabajan y que ganan mucho más de lo que ganan sus representados y que, por sus beneficios sindicales, están exentos del peligro de quedarse sin empleo; en cambio, sí impulsan la crisis en las empresas y no se hacen responsables después del cierre de estas o de la carencia de empleo para miles de bolivianos.
Es de esperar que prime la cordura y que se tome en cuenta la realidad actual del país. No se puede navegar sobre una mirada errada de la realidad.
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-negociacion-salarial-y-la-realidad_363227