Antonio Saravia, El Deber:
The state spent over a billion dollars in 2023 financing five social bonds: the Dignity Income, the Juana Azurduy bond, the universal prenatal bond, the Juancito Pinto bond, and the bond for severely disabled people. Of these, the one requiring the most disbursements was the Dignity Income, costing $922 million, which is 86% of the total. The second in importance was the Juancito Pinto bond, far behind with only $68 million.
A billion dollars is an enormous amount of money for our small economy. To put it into relative terms, a billion dollars represent a third of the fiscal deficit and 60% of our international reserves as of December last year. Also, remember that the subsidy for hydrocarbons, the main factor explaining our fiscal tragedy, stands not much higher at $1.4 billion annually. So, it is not an exaggeration; the bonds are a predominant component of the red figures that force the government to voraciously consume international reserves.
The financing of the Dignity Income comes from 30% of the Direct Hydrocarbons Tax and the profits of state-owned companies. However, as we all know, the Direct Hydrocarbons Tax has been steadily declining since the end of the gas boom in 2014. That year, the tax reached a record $2.241 billion, but by 2024, it will only reach $812 million, which is a third of that historical value. On the other hand, the profits of state-owned companies are a unicorn: they do not exist. Given this situation, in 2022, the government had to resort to trying to finance the Dignity Income with the profits of the Public Pension Manager, which jeopardizes the functioning of this agency and the savings it manages. Let’s say it as it is: the bonds are no longer sustainable and are causing a fiscal imbalance of proportions.
It is true that bonds have a positive effect on family income and poverty reduction. However, the magnitudes of this effect do not seem to be very large. A study by CEPAL concludes, for example, that total poverty in Bolivia decreased between 2016 and 2017 by only 0.1 percentage point, from 35.5% to 35.4%, due to the bonds (Cecchini et al., 2021). More optimistically, a study published by the Latin American Geopolitical Strategic Center concludes that the bonds reduced the poverty rate by two percentage points in the same year (Arancibia and Macas, 2019). Regardless, it is undeniable that the bonds help, and many poor families appreciate having them. However, the evaluation of public policies should not only focus on the benefits but also on the costs.
Clearly, the bonds cost a lot of money and are a significant part of fiscal deficits. Fiscal deficits, on the other hand, are the main reason why the government devours international reserves and the main reason why we do not have dollars. Without dollars, there are no fuels, without fuels, there is no production, and without production, there is no food. The fiscal cost of maintaining the bonds is, therefore, very high. At the rate we are going, and with the continued reduction of the Direct Hydrocarbons Tax, the government will have no choice but to increase taxes or create new ones to be able to pay them. This will generate fewer productive incentives, fewer jobs, and more informality.
The other significant cost to consider is the opportunity cost. What could we have done with a billion dollars? If in the future, the government increases taxes to achieve this sum, we should ask ourselves what individuals would have done with that money if we had not taken it from them. The economic activities that could have been generated with that money (consumption or investment) would have had multiplier effects, creating jobs, businesses, innovations, etc. Is all that less important than the effect of the bonds?
The best antidote against poverty is not bonds but employment. Bonds are transfers that give families fish. Employment, on the other hand, gives families the fishing rod. But employment is created when fiscal accounts are kept healthy, not endangering macroeconomic stability, and by reducing taxes (instead of increasing them) respecting people’s freedom and private property.
There is, therefore, no escape. I know that saying this won’t make me very popular, but that’s just the way it is: social bonds must be eliminated.
El Estado gastó más de mil millones de dólares el 2023 en el financiamiento de cinco bonos sociales: la Renta Dignidad, el bono Juana Azurduy, el bono universal prenatal, el bono Juancito Pinto y el bono para las personas con discapacidad grave. De todos ellos, el que más desembolsos requirió fue la Renta Dignidad que costó $us 922 millones, es decir, el 86% del total. El segundo en importancia fue el bono Juancito Pinto, muy atrás con solo $us 68 millones.
Mil millones de dólares es una barbaridad de plata para nuestra pequeña economía. Para ponerlo en términos relativos, mil millones de dólares representan la tercera parte del déficit fiscal y el 60% de nuestras reservas internacionales a diciembre del año pasado. Recuerde, además, que el subsidio a los hidrocarburos, el principal factor que explica nuestra tragedia fiscal, se sitúa no mucho más arriba en $us 1.400 millones al año. No es, entonces, una exageración, los bonos son un componente preponderante de las cifras rojas que obligan al gobierno a comerse vorazmente las reservas internacionales.
El financiamiento de la Renta Dignidad proviene del 30% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y de las utilidades de las empresas públicas. Como todos sabemos, sin embargo, el IDH ha venido cayendo sostenidamente desde que se acabó la bonanza del gas el 2014. Ese año, el IDH llegó al récord de $us 2.241 millones, pero este 2024 llegará a solo $us 812 millones, es decir, la tercera parte de ese valor histórico. Por otro lado, las utilidades de las empresas públicas son un unicornio: no existen. Así las cosas, el gobierno debió recurrir el 2022 a tratar de financiar la Renta Dignidad con las utilidades de la Gestora Pública de Pensiones, lo cual pone en riesgo el funcionamiento de esta agencia y los ahorros que administra. Digamos, entonces, las cosas como son: los bonos ya no son sostenibles y están causando un desajuste fiscal de proporciones.
Es cierto que los bonos tienen un efecto positivo sobre el ingreso de las familias y sobre la reducción de la pobreza. Las magnitudes de ese efecto no parecen ser, sin embargo, muy grandes. Un estudio de la CEPAL concluye, por ejemplo, que la pobreza total rebajó en Bolivia entre el 2016 y el 2017 solo un 0,1 punto porcentual, de 35,5 a 35,4, debido a los bonos (Cecchini et. al, 2021). Más optimista, un estudio publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica concluye que los bonos redujeron dos puntos porcentuales el índice de pobreza ese mismo año (Arancibia y Macas, 2019). Como fuere, es innegable que los bonos ayudan y muchas familias pobres aprecian tenerlos. La evaluación de políticas públicas, sin embargo, no debe centrarse solo en los beneficios, sino también en los costos.
Claramente, los bonos cuestan muchísima plata y son parte importante de los déficits fiscales. Los déficits fiscales, por su parte, son la principal razón por la que el gobierno se devora las reservas internacionales y la principal razón por la que no tenemos dólares. Sin dólares no hay combustibles, sin combustibles no hay producción, y sin producción no hay comida. El costo fiscal de mantener los bonos es, por lo tanto, altísimo. Al paso al que vamos, y con la continua reducción del IDH, al gobierno no le quedará más remedio que aumentar impuestos o crear nuevos para poder pagarlos. Esto generará menos incentivos productivos, menos empleo y más informalidad.
El otro costo importante de sopesar es el costo de oportunidad. ¿Qué pudiéramos haber hecho con mil millones de dólares? Si en el futuro el gobierno aumenta impuestos para lograr esta suma, nos deberemos preguntar qué hubieran hecho los individuos con ese dinero si no se los hubiéramos cobrado. Las actividades económicas que se podrían haber generado con esa plata (consumo o inversión) hubieran tenido efectos multiplicadores creando empleos, negocios, innovaciones, etc. ¿Es todo eso menos importante que el efecto de los bonos?
El mejor antídoto contra la pobreza no son bonos, sino empleo. Los bonos son transferencias que le dan a las familias el pescado. El empleo, en cambio, es darles a las familias la caña de pescar. Pero el empleo se crea cuando se mantienen cuentas fiscales saneadas que no pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica, y reduciendo impuestos (e lugar de aumentarlos) respetando la libertad y la propiedad privada de la gente.
No hay, por lo tanto, escapatoria. Yo sé que decir esto no me hará muy popular, pero así nomás es la cosa: los bonos sociales deben eliminarse.
https://eldeber.com.bo/opinion/los-bonos-sociales-deben-eliminarse_360348
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