Ronald Nostas, El Deber:
A few days ago, the Bolivian Labor Federation (COB), which represents less than 10% of the country’s workers, presented the government with a list of 152 demands that include measures in the political, legal, and economic spheres, most of which are outside its responsibility and competence.
Of all these demands, the most promoted is the proposal for an 8% increase in the national minimum wage and a 7% increase in the basic salary, although it also demands the approval of modifications to the Pension Law to increase contributions to the solidarity fund and to mandate retirement at the age of 65; this last demand despite the opposition of the health and education sectors, two of its most important affiliates.
The presentation of the demands has mobilized several ministries that promptly instructed the formation of tables and working commissions, where public officials discuss the various points of the document with COB delegates who lack legitimacy, experience, and authority in the legal and technical issues of the demands, but are shielded by the political commitment that assures them a successful management.
Once again, the private sector, which will bear the brunt of the wage increase, has been excluded from the debate on this measure. In response to the request of some business leaders to establish a tripartite dialogue, the government has stated that the format of all negotiations is bipartite and that this mechanism will continue. The Executive Secretary of the labor entity was more emphatic, stating that “Tripartism for wage increases is ruled out, completely rejected, so there is nothing more to discuss.” Both have made it clear that ILO Agreement 131 and Law 2120, which mandate exhaustive consultation with employers to define any increase in the minimum wage, have no value in the face of the political decision taken by the leaders of the Labor Federation and the Government.
Beyond this protocol that is repeated every year, it is evident that, in the field of employment, the decision to maintain the wage-based and exclusionary management model is reaffirmed, which for decades has been leading to the collapse of the Bolivian labor system and generating serious consequences for the productive sector and the business community in general.
This model, which focuses on maintaining a low percentage of open unemployment, increasing the number of oppressive labor laws, and raising wages, is naturalizing the tragic reality experienced by the more than four million informal workers who are excluded from agreements, the thousands of workers who lose their jobs, and the hundreds of thousands who enter the informal sector each year, thanks to the effects of the list of demands.
It is increasingly evident that excessive wage increases, in addition to increasingly suffocating regulations against the private sector, have a direct consequence on the sustained and progressive decline in the quality of employment, explaining, for example, that currently companies can only fill around 35% of the annual job openings and that informality, which already exceeds 80%, is increasing.
In this regard, a study by CEDLA reveals that in 2001, 22% of the employed population had very precarious jobs; in 2019, this percentage rose to 62%. The same institution points out that in 2006, 54% of youth employment was salaried, while in 2021 this figure dropped to 46%. These are also results of the government’s lack of direction on labor issues and the irresponsible interference of the Labor Federation in the decisions that support it.
The increasing pressure on the private sector, expressed in laws, decrees, and resolutions that prevent personnel reductions even in extreme situations, that generate permanent harassment of entrepreneurs, or that increase the wage and non-wage burden, not only discourages stable hiring, but also enables the normalization of alternative mechanisms such as consulting, temporary work, or service outsourcing, and recreates an anachronistic and perverse model that promotes artificial conflict between workers and employers.
On the other hand, the percentage increases agreed upon between the COB and the government lack technical and economic support, as in recent years they have far exceeded the inflation parameter, affect only the formal sector, reach 20% of workers, and do not contribute to improving living conditions.
The persistence of this bipartite model has devastating social and economic consequences and is another example of the need for a profound and urgent transformation in wage policy that, aggravated by the economic crisis and the transformation of the labor world, is leading the country to an unsustainable situation of injustice, precariousness, and poverty.
Hace pocos días, la Central Obrera Boliviana (COB), que representa a menos del 10% de los trabajadores del país, ha entregado al gobierno un pliego petitorio con 152 demandas que incluyen medidas en los ámbitos político, jurídico y económico, la mayoría fuera de su responsabilidad y competencia.
De todas ellas, la más promocionada es la propuesta de un incremento salarial del 8% al mínimo nacional y 7% al haber básico, aunque también exige aprobar modificaciones a la Ley de Pensiones para aumentar los aportes al fondo solidario, y obligar la jubilación a los 65 años; esto último pese a la negativa de los sectores de salud y educación, dos de sus más importantes afiliados.
La presentación del pliego ha movilizado a varios ministerios que diligentemente instruyeron la conformación de mesas y comisiones de trabajo, donde funcionarios públicos debaten los diversos puntos del documento, con delegados de la COB sin legitimidad, experiencia ni autoridad en los temas jurídicos y técnicos del pliego, pero arropados por el compromiso político que les asegura una gestión exitosa.
Nuevamente el sector privado, sobre el que recaerá el mayor costo del incremento salarial, ha sido excluido del debate de esta medida. Ante el pedido de algunos dirigentes empresariales para que se instale un diálogo tripartito, el gobierno ha señalado que el formato de todas las gestiones es bipartito y que ese mecanismo va a continuar. Más taxativo fue el Secretario Ejecutivo de la entidad laboral que señaló que “Se descarta, se rechaza por completo el tripartismo para incremento salarial, entonces no hay más que hablar”. Ambos han dejado claro que el Acuerdo 131 de la OIT y la Ley 2120 que ordenan la consulta exhaustiva a los empleadores para definir cualquier aumento del salario mínimo, no tienen ningún valor frente a la decisión política adoptada por los líderes de la Central Obrera y el Gobierno.
Más allá de este protocolo que se repite cada año, es evidente que, en el ámbito del trabajo, se reafirma la decisión de mantener el modelo de gestión salarialista y excluyente, que desde hace décadas está llevando al descalabro al sistema laboral boliviano, y generando graves secuelas sobre el sector productivo y el empresariado en general.
Este modelo, que se concentra en mantener un bajo porcentaje de desempleo abierto, incrementar el número de normas laborales opresivas y aumentar el salario, está naturalizando la trágica realidad que viven los más de cuatro millones de informales invisibilizados en los acuerdos, los miles de trabajadores que pierden su empleo y los cientos de miles que cada año ingresan al sistema informal, gracias a los efectos de los pliegos petitorios.
Es cada vez más evidente que los aumentos salariales desmedidos, además de las normas cada vez más asfixiantes contra el sector privado, tienen una consecuencia directa sobre la disminución sostenida y progresiva de la calidad del empleo, lo que explica por ejemplo que en la actualidad las empresas solo pueden captar alrededor del 35% de la oferta anual de trabajo y que se acreciente la informalidad, que ya supera el 80%.
Al respecto, un estudio del CEDLA revela que el año 2001, el 22% de la población ocupada tenía empleos muy precarios; en 2019, ese porcentaje se elevó a 62%. Esa misma institución señala que en 2006 el 54% del trabajo juvenil era asalariado, mientras que en 2021 esa cifra bajó a 46%. Estos también son resultados de la desorientación gubernamental en el tema laboral y de la irresponsable injerencia de la COB sobre las decisiones que lo sustentan.
La presión creciente sobre el sector privado, que se expresa en leyes, decretos y resoluciones que impiden el retiro de personal aún en situaciones extremas, que genera un acoso permanente al empresario o que aumenta la carga salarial y parasalarial, no solo desanima la contratación estable, sino que viabiliza la normalización de mecanismos alternos como las consultorías, el trabajo temporal o la terciarización de servicios, además que recrea un modelo anacrónico y perverso que promueve el conflicto artificial entre trabajadores y empleadores.
Por otra parte, los porcentajes de incrementos acordados entre la COB y el gobierno, carecen de sustento técnico y económico, ya que en los últimos años han superado ampliamente el parámetro de la inflación, afectan solamente al sector formal, alcanzan al 20% de los trabajadores y no aportan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
La persistencia en este modelo bipartito tiene devastadoras consecuencias sociales y económicas, y es otra muestra de la necesidad de una transformación profunda y urgente en la política salarial que, agravada por la crisis económica y la transformación del mundo laboral, está llevado al país a una situación insostenible de injusticia, precariedad y pobreza.
https://eldeber.com.bo/opinion/la-politica-salarialista-esta-destruyendo-el-empleo-digno_359606
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