Editorial, El Deber:
Mining operation in protected area
Since the arrival of President Luis Arce Catacora, the Bolivian system of protected areas and forests has been suffering severe blows, due to the deinstitutionalization of the positions of the entities that have under their control this important natural wealth of the country.
To this is added the authorization that the National Service of Protected Areas (Sernap) and the Forest and Land Authority (ABT) would be granting to private companies that carry out predatory mining operations.
The previous week the Government of Santa Cruz denounced that Sernap granted an authorization with an environmental license to a company to exploit the San Matías Natural Park and Integrated Management Area (ANMI), from where they would be removing minerals.
The director of Conservation of the Natural Heritage of the Government of Santa Cruz, Juan Carlos Áñez, denounced that this authorization allows the mining company to do clearings for six months, which will affect biodiversity. In a next stage, that of production, that company will exploit 250 tons of selected material and 750 tons of sterile material per day. The director of Conservation of Natural Heritage also denounced that in addition to the delivery of that environmental license, the national protected areas are in danger because since Arce came to power the Government has dismissed eight directors of protected areas, including the directors of the ANMI San Matías, considered the second largest protected area in Bolivia.
The most delicate thing about these removals is that the positions were replaced by people who do not have the minimum knowledge of administration and management.
The extractive activity of San Matías was not only authorized by Sernap, but also by ABT to carry out the clearing and transfer of the mineral that will be extracted from the area, manganese, according to Áñez’s complaint.
The authority recalled that Departmental Law 98 prohibits mining activity within protected areas, unless there is an environmental study that shows that the activity is of public utility and interest. Even so, the promulgation of a new law that allows exploitation is required, which in this case has not happened.
In the process of granting the license, the requirement of prior consultation with the indigenous peoples of the area was also not met, and the decision was only disclosed after the mining exploitation had been carried out. This was denounced by the defender of indigenous rights and nature, Álex Villca.
In response to the complaints, the director of Sernap, Teodoro Mamani, said that he did not give the authorization, that the mining company has been carrying out extractive work since before the creation of the ANMI San Matías, and threatened to take legal action against the accusers. In other words, the sin belongs to the complainant and not to those who gave the authorization for illegal and unconsulted exploitation.
Far from retaliating against the complainants, what Sernap has to do is clarify the figure and in any case stop the activities of the mining company in the San Matías ANMI. And this is not only the responsibility of Sernap, but apparently also of the ABT and the mayor of San Matías, who until now has refused to answer for the accusations.
The authorities must speak out and stop these abuses. It is an immense contradiction that the Government that proclaims itself an ally of the indigenous cause and the defense of natural resources is so permissive with exploitations that will irreparably damage the ecosystems, in this case the San Matías Natural Area and Integrated Management.
Operación minera en área protegida
El sistema boliviano de áreas protegidas y bosques está sufriendo duros golpes desde la llegada al poder del presidente Luis Arce Catacora, por la desinstitucionalización de los cargos de las entidades que tienen bajo su control esa importante riqueza natural del país.
A eso se suma la autorización que estarían otorgando el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) a empresas privadas que realizan explotaciones mineras depredadoras.
La anterior semana la Gobernación de Santa Cruz denunció que el Sernap otorgó una autorización con licencia ambiental a una empresa para explotar el Parque Natural y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, desde donde se estarían retirando minerales.
El director de Conservación del Patrimonio Natural de la Gobernación cruceña, Juan Carlos Áñez, denunció que esa autorización le permite a la empresa minera hacer desmontes durante seis meses, lo cual afectará a la biodiversidad. En una siguiente etapa, la de la producción, esa empresa explotará 250 toneladas de material seleccionado y 750 toneladas de material estéril por día. El director de Conservación del Patrimonio Natural también denunció que además de la entrega de esa licencia ambiental, las áreas protegidas nacionales están en peligro porque desde que Arce llegó al poder el Gobierno ha destituido a ocho directores de áreas protegidas, entre ellos los directivos del ANMI San Matías, considerada la segunda área protegida más grande de Bolivia.
Lo más delicado de esas remociones es que los puestos fueron reemplazados por personas que no tienen el mínimo conocimiento de administración y gestión.
La actividad extractiva de San Matías no fue autorizada solo por el Sernap, sino también por la ABT para hacer el desmonte y el traslado del mineral que se extraerá de la zona, el manganeso, según la denuncia de Áñez.
La autoridad recordó que la Ley Departamental 98 prohíbe la actividad minera dentro de áreas protegidas, salvo que haya un estudio ambiental que demuestra que la actividad es de utilidad e interés público. Aún así, se requiere de la promulgación de una nueva ley que permita la explotación, lo que en este caso no ha ocurrido.
En el proceso de otorgación de la licencia tampoco se cumplió con el requisito de la consulta previa a los pueblos indígenas de la zona, y solo se divulgó la decisión después de dar curso a la explotación minera. Así lo denunció el defensor de derechos indígenas y naturaleza, Álex Villca.
En respuesta a las denuncias, el director del Sernap, Teodoro Mamani, dijo que él no dio la autorización, que la empresa minera está realizando las labores extractivas desde antes de la creación de la ANMI San Matías, y amenazó con tomar acciones legales a los acusadores. Es decir, el pecado es del denunciante y no de quienes dieron la autorización para una explotación ilegal e inconsulta.
Lejos de tomar represalias contra los denunciantes, lo que tiene que hacer el Sernap es aclarar la figura y en todo caso detener las actividades de la empresa minera en la ANMI San Matías. Y en esto no solo va la responsabilidad del Sernap, sino aparentemente también de la ABT y del alcalde de San Matías, quien hasta ahora se ha negado a responder por las acusaciones.
Las autoridades deben pronunciarse y frenar estos abusos. Es un inmenso contrasentido que el Gobierno que se proclama aliado de la causa indígena y la defensa de los recursos naturales sea tan permisivo con explotaciones que dañarán irremediablemente los ecosistemas, en este caso del Área Natural y Manejo Integrado San Matías.
https://eldeber.com.bo/opinion/operacion-minera-en-area-protegida_218490
Bolivian Thoughts 