Veronica Ormachea, Pagina Siete:
Casimira Lema revictimized
A year after journalist Casimira Lema had her house burned and everything they could robbed, she was re-victimized in a public hearing.
She – who was barely allowed to speak – asked for justice to be done, but the assistants harassed her shouting: “Coup, liar, murderer” and for having burned her own house.
They also whipped the student Yareth García, who was hospitalized after a skull wound.
During those unfortunate events, they also set fire to the house of former People’s Defender Waldo Albarracín.
Casimira Lema was exposed to this unfair situation as a result of a call by the Interdisciplinary Group of Independent Experts (GIEI) of the IACHR that conducts investigations into the violence and deaths that occurred between September 1 and December 31, 2019, in Senkata, Sacaba and Montero.
On October 10, 2019, after Evo Morales resigned the presidency and fled Bolivia, about 40 outlaws from the MAS raided his house, destroyed everything they found on their way, threw the furniture out the window on top of the car that they set on fire; they stole her tv sets, computers, personal belongings and set fire to her house. What is more, the angry hordes asked for the head of Casimira Lema, who works as a news anchor for the University channel and has been a journalist for 30 years with professionalism, independence and seriousness.
Her house was on fire and the neighbors helped put out the fire because no one was there. They left her on the street and since then she has lived with her husband and children in an apartment paying rent. And – brave as few and with a vocation as a journalist – continues to work in her profession.
What did the prosecution do? Nothing. The Ombudsman? Nothing.
“What happened to Casimira Lema is a mockery of the truth of the female journalist,” Olga Flores, coordinator of the Women for Justice Movement, told me.
It is a shame that a high-level commission has not defined a methodology to investigate or listen to the statements of victims and witnesses. There are principles and protocols for reporting human rights violations that guarantee legal security for people.
Holding a public hearing on such sensitive issues in a school is not the ideal scenario, since it exposed the victims to situations of vulnerability.
The GIEI lacked professionalism and seriousness in handling the situation. They received their testimony informally, something that is not appropriate. In any courtroom you have more respect and seriousness.
When Casimira Lema was fustigated, they did not even kick the attackers out of the compound.
How can a team of human rights defenders allow a victim to be attacked in this way? Insults are considered grievances.
It’s more. During the session, a list was circulated that prioritized certain people to speak. And the serious thing was that the GIEI considered it. That list did not reach the hands of Casimira Lema or Yareth García.
We all agree that the testimony of people who have lost loved ones, who have been injured and affected, be heard, but no one should be given priority. They had to make lists in alphabetical order and define hours to summon the victims. The session was totally politicized.
The GIEI will remain in Bolivia for six months to carry out the investigations. They should act with professionalism, justice, and equality with all the victims.
Verónica Ormachea Gutiérrez is a journalist and writer.
Casimira Lema revictimizada
Un año después de que a la periodista Casimira Lema le incendiaron la casa y le robaron todo lo que pudieron, la revictimizaron en una audiencia pública.
Ella -a quien apenas dejaron hablar- pidió que se haga justicia, pero los asistentes la acosaron gritándole: “Golpista, mentirosa, asesina” y de haber quemado su propia casa.
También fustigaron a la estudiante Yareth García, que tras una herida en el cráneo, fue hospitalizada.
Durante aquellos lamentables hechos, también incendiaron la casa del exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín.
Casimira Lema fue expuesta a esta injusta situación a raíz de una convocatoria del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH que realiza investigaciones sobre la violencia y muertes ocurridas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2019, en Senkata, Sacaba y Montero.
El 10 de octubre del 2019, tras que Evo Morales renunció a la presidencia y huyó de Bolivia, cerca a 40 forajidos del MAS allanaron su casa, destrozaron todo lo que encontraron en su camino, tiraron los muebles por la ventana encima del carro que incendiaron; le robaron los televisores, computadoras, objetos personales y le incendiaron la casa. Lo que es más, las hordas enardecidas pedían la cabeza de Casimira Lema que trabaja como presentadora de noticias en el canal Universitario y ejerce la profesión de periodista hace 30 años con profesionalismo, independencia y seriedad.
Su casa quedó en llamas y los vecinos ayudaron a apagar el incendio porque nadie se encontraba allí. La dejaron en la calle y desde entonces vive con su marido e hijos en un departamento pagando alquiler. Y -valiente como pocas y con vocación de periodista- sigue trabajando en su profesión.
¿Que hizo la Fiscalía? Nada. ¿La Defensora del Pueblo? Nada.
“Lo sucedido a Casimira Lema es un escarnio a la verdad de la mujer periodista”, me dijo Olga Flores, coordinadora del Movimiento Mujeres por Justicia.
Es una vergüenza que una comisión de alto nivel no haya definido una metodología para investigar ni escuchar las declaraciones de las víctimas y de los testigos. Hay principios y protocolos para la denuncia a violaciones de los derechos humanos que garantizan la seguridad jurídica de las personas.
El realizar una audiencia pública sobre temas tan sensibles en un colegio, no es el escenario ideal, ya que expuso a los damnificados a situaciones de vulnerabilidad.
A la GIEI le faltó profesionalismo y seriedad para manejar la situación. Recibieron su testimonio con informalidad, algo que no corresponde. En cualquier sala de audiencia se tiene más respeto y seriedad.
Cuando Casimira Lema fue fustigada, ni siquiera echaron a los agresores del recinto.
¿Cómo puede permitir un equipo de defensores de derechos humanos que se agreda a una víctima de esa manera? Los insultos son considerados agravios.
Es más. Durante la sesión, circuló una lista que priorizaba que ciertas personas tomen la palabra. Y lo grave fue que el GIEI la consideró. Aquella lista no llegó a manos de Casimira Lema ni de Yareth García.
Todos estamos de acuerdo que se escuche el testimonio de personas que han perdido a seres queridos, que han sido heridas y afectadas, pero que no priorice a nadie. Debieron hacer listas por orden alfabético y definir horas para citar a las víctimas. La sesión fue totalmente politizada.
La GIEI permanecerá en Bolivia durante seis meses para realizar las investigaciones. Ésta debería actuar con profesionalismo, justicia, e igualdad con todos los damnificados.
Verónica Ormachea Gutiérrez es periodista y escritora.
Bolivian Thoughts 