By Ernesto Estremadoiro, El Deber:
Bolivia faces a severe energy crisis /Photo: Ricardo Montero
Transport workers spend the night at gas stations in Cochabamba, residents accuse soldiers of favoritism in Guarayos, and social media videos reveal the irregular exit of fuel in Mapiri and Guanay.
The fuel crisis in Bolivia is deepening. In Cochabamba, transport workers sleep at gas stations; in Guarayos, the military is accused of favoring third parties; and in northern La Paz, videos show tankers diverted to the black market in Mapiri and Guanay. Shortages persist and uncertainty grows.
Long lines of heavy vehicles at the Calacala station on Simón López Avenue in Cochabamba stretch for entire blocks. Truck drivers arrive at dawn and sleep in their cabs to secure a spot in line.
“I’ve been here since 11 p.m. I still have about two hours left before I can fill up,” said one trucker, wrapped in blankets against the early morning cold, in an interview with a TV outlet.
The calculation is clear: eight to ten hours of waiting to refuel. The scene has repeated for months, with no signs of improvement.
In the east, tension is rising in Guarayos province. At the El Bibosi station, complaints target the very officials in charge of oversight. Residents and transport workers accused a military sergeant of favoring vehicles that don’t comply with the B-SISA fuel control system.
“We sleep in line, and he lets other vehicles cut in. He doesn’t even check the cards,” said a community representative from San Martín in a viral video. Local frustration is evident: instead of ensuring order, the military presence has become a new source of conflict.
But the most serious situation is unfolding in northern La Paz. Videos circulating on social media show tankers diverted to the black market in towns like Mapiri and Guanay.
In the footage, a local leader—identified by residents—allegedly authorizes the irregular exit of a fuel truck. A staff member from the National Hydrocarbons Agency (ANH) reported the incident, claiming that smugglers surrounded her and blocked her intervention.
“There were no police or soldiers in Mapiri. I was alone, and they even tried to attack me,” the official said.
In these regions, the official diesel price has become a rarity. Users report that fuel ends up in the hands of networks reselling it at well above the regulated price. Shortages at gas stations thus become opportunities for the illegal market.
Leaders of the heavy transport sector and urban drivers denounced the situation as “chaotic,” blaming the government for failing to fulfill its commitments on fuel imports.
“There’s a shortage of diesel and gasoline, worse than before. Imports have only covered about 20%. Last year they promised up to 80% and never delivered,” said a representative of heavy transport. The sector claims poor planning has led to endless lines at gas stations nationwide.
Analysis
According to specialist Raúl Velázquez, the situation the next government will inherit is complex and requires urgent solutions.
“The fuel problem will continue, even after the new government takes office, unless the structural causes are resolved,” Velázquez warned.
The expert pointed out that difficulties stem not only from import or production logistics but also from deeper economic and political factors.
Among the issues, Velázquez highlighted the subsidy policy, which discourages private investment in fuel imports. “Having YPFB compete with subsidized prices makes the business unviable for private entrepreneurs. A subsidy policy adjustment is necessary,” he explained.
Recently, Armin Dorgathen, president of Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), stated in a press conference that the state company continues supplying gasoline and diesel at 100% capacity.
However, he admitted that the problems don’t come from the company’s distribution but rather from internal resale and excessive stockpiling by some users, who store between 2,000 and 3,000 liters for trucks and other productive activities. This behavior, he said, makes fuel control and fair distribution more difficult.
Por Ernesto Estremadoiro Flores, El Deber:
Bolivia vive una severa crisis energética /Foto: Ricardo Montero
Transportistas pasan la noche en surtidores de Cochabamba, vecinos acusan a uniformados de favorecer a terceros en Guarayos y videos en redes revelan la salida irregular de carburantes en Mapiri y Guanay
La crisis de combustibles en Bolivia se profundiza. En Cochabamba, transportistas pasan la noche en los surtidores; en Guarayos, denuncian a militares por favorecer a terceros; y en el norte paceño, videos muestran cómo cisternas terminan en el mercado negro de Mapiri y Guanay. La escasez no cede y la incertidumbre crece.
Las filas de vehículos pesados en el surtidor Calacala, en la avenida Simón López de Cochabamba, se extienden por cuadras enteras. Son camiones que llegan de madrugada y cuyos choferes deben pasar la noche en sus cabinas para asegurarse un lugar en la cola.
“Desde las 11 de la noche estoy aquí. Todavía me faltan unas dos horas para cargar”, contó un transportista, envuelto en frazadas por el frío de la madrugada, tras se consultado por un medio televisivo.
El cálculo es claro: ocho a diez horas de espera para abastecerse. La escena se repite hace meses y no muestra señales de mejora.
En el oriente, la tensión escala en la provincia Guarayos. En el surtidor El Bibosi, los reclamos apuntan contra los propios encargados del control. Vecinos y transportistas denunciaron que un sargento militar favorece a vehículos que no cumplen con la normativa del sistema B-SISA.
“Nosotros dormimos en la cola y él mete a otras movilidades. Ni siquiera revisa las tarjetas”, denunció un representante del control social de la comunidad San Martín, en un video que circula en redes sociales. El malestar es evidente: los pobladores sienten que, en lugar de ordenar, los uniformados han convertido el control en un nuevo foco de conflicto.
Pero la situación más grave se vive en el norte de La Paz. En redes sociales circularon videos que exponen el desvío de cisternas hacia el mercado negro en localidades como Mapiri y Guanay.
En las imágenes se observa cómo una dirigente, identificada por los pobladores, presuntamente permite la salida irregular de un camión cargado de combustible. La denuncia fue realizada por una funcionaria de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), quien aseguró que los contrabandistas incluso la cercaron y le impidieron intervenir.
“No había ni policía ni militares en Mapiri. Yo estaba sola, y aun así quisieron agredirme”, dijo la funcionaria.
En esas regiones, el precio oficial del diésel es una rareza. Los usuarios denuncian que el carburante termina en manos de redes que lo revenden a costos muy por encima del establecido. La escasez en surtidores se convierte, así, en una oportunidad para el mercado ilegal.
Dirigentes del transporte pesado y choferes del servicio urbano denunciaron que la situación es “caótica” y responsabilizaron al Gobierno por no cumplir los compromisos asumidos en materia de importación de carburantes.
“Hay escasez de diésel y de gasolina, y es peor que antes. La importación apenas ha sido del 20%. El año pasado se comprometieron a importar hasta un 80% y nunca cumplieron”, señaló un representante del transporte pesado.
Según el sector, la falta de previsión deriva en filas interminables en surtidores de todo el país.
Análisis
Para el especialista Raúl Velázquez, la situación heredada por el próximo gobierno es compleja y requiere soluciones inmediatas.
“El problema del combustible va a continuar, incluso después de la asunción de un nuevo gobierno, mientras no se solucionen los problemas estructurales que lo causan”, señaló Velázquez.
El experto advirtió que las dificultades no solo se derivan de la logística de importación o de producción, sino de factores económicos y políticos más profundos.
Entre los problemas que identificó, Velázquez mencionó la política de subsidios vigente, que desincentiva la inversión privada en la importación de combustibles. “Tener una YPFB que compite con precios subsidiados hace inviable el negocio para cualquier empresario. Es necesario un ajuste en la política de subvención”, explicó.
En días pasados, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, aseguró en conferencia de prensa que la estatal mantiene un despacho continuo al 100%, tanto de gasolina como de diésel.
No obstante, admitió que las dificultades no provienen de la distribución de la empresa, sino de la reventa interna y del acopio excesivo por parte de algunos usuarios, quienes almacenan grandes cantidades de diésel, en algunos casos entre 2.000 y 3.000 litros, para camiones y otras actividades productivas. Este comportamiento, dijo, complica el control y la distribución equitativa del combustible.
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