Editorial, El Dia:
More than one in the MAS regime must have felt chills after the separate statements made by the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) administrator and the Southern District of New York prosecutor, Damian Williams, who is leading the case against Bolivia’s former anti-narcotics chief, Maximiliano Dávila, recently extradited.
Anne Milgram made it clear that Bolivia is a narco-state, stating that Dávila turned the Bolivian police into a cocaine trafficking machine, not only protecting drug traffickers but also becoming a key player for the cartels operating in our territory. Such an operation cannot happen without high-level political protection.
Milgram declared that no one is untouchable and that they will continue pursuing the corrupt who protect drug traffickers, regardless of their position or location. Many might think she is only referring to Evo Morales, but there is no doubt that the warning also applies to the current government, which strictly follows the coca grower’s policies. Three facts confirm this: Luis Arce refuses to activate the radars to stop planes loaded with drugs; the police and military lack the power and authority to strike at drug sanctuaries (from where they are expelled with kicks); and, what’s more, a light sentence given to a major figure for killing three police officers, who—besides being pardoned—was transferred to the location of his choice, while MAS-aligned justice doesn’t even mention his drug ties. This only happens in a narco-state.
Milgram’s statements, detailing how Dávila operated, prove that the DEA never left Bolivia, that its global reach remains intact, and that it is capable of operating under adverse conditions without cooperation from a government that shields criminals.
Meanwhile, prosecutor Damian Williams—who led the indictment against Mexican drug lord Chapo Guzmán—said Dávila’s arrest and extradition are just the beginning, explicitly signaling the enormous task ahead in Bolivia. Things are now worse than in the 1980s when military dictatorships, especially under Luis García Meza’s regime, turned the country into a massive cocaine factory. This situation led to the approval of strict anti-drug laws and bolstered the fight against drug trafficking, enabling the intervention of various international agencies, including the DEA.
The MAS dismantled the entire structure that had been consolidated, amended laws to benefit the mafias, put foxes in charge of the henhouse, let criminals run the country as they pleased, and flung open the doors to international cartels linked to the governments of Venezuela, Cuba, Nicaragua, and others. We hope Dávila’s extradition is just the first of the government’s actions to set things right. Without that, we will never have justice or democracy.
Editorial, El Dia:
Más de uno en el régimen del MAS habrá sentido escalofríos con las declaraciones que hicieron por separado, la administradora de la policía antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el fiscal del sur de Nueva York, Damian Williams, quien llevará adelante la acusación contra el ex jefe antinarcóticos de Bolivia, Maximiliano Dávila, recientemente extraditado.
Anne Milgram dejó en claro que Bolivia es un narcoestado, al afirmar que Dávila convirtió a la policía boliviana en una máquina de traficar cocaína y que no sólo protegía a los narcos, sino que se convirtió en un engranaje fundamental de los cárteles que operan en nuestro territorio.Eso no se logra sin protección política de alto nivel.
La funcionaria dijo que nadie es intocable y que seguirán persiguiendo a los corruptos que protegen a los narcos, sin importar su cargo ni el lugar donde estén. Muchos creerán que sólo se refiere a Evo Morales, pero no hay duda que la advertencia vale también para el actual gobierno, que sigue a pie juntillas la política del cocalero.Sólo tres datos lo confirman. A Luis Arce no le da la gana de poner en marcha los radares para detener las avionetas cargadas con droga; la policía y los militares no tienen ni la fuerza ni la autoridad para arremeter contra los santuarios de las drogas (de donde los echan a patadas) y, qué más evidencia, que la misera condena que recibió un pez gordo por matar a tres policías, que además del indulto, ha sido beneficiado con el traslado al lugar de su preferencia y, por si fuera poco, la justicia masista ni siquiera menciona su vinculación con las drogas. Eso sólo pasa en un narcoestado.
Las afirmaciones de Milgram, quien se explayó en detalles sobre la forma de operar de Dávila, han demostrado que la DEA nunca se fue de Bolivia, que tiene alcance global y que es capaz de hacer su trabajo en condiciones adversas, sin recurrir a la cooperación de un gobierno que se dedica a proteger a los criminales.
A su turno, el fiscal Damian Williams, quien tuvo a su cargo la imputación contra el mexicano Chapo Guzmán, ha dicho que el arresto y traslado de Dávila es apenas el comienzo, lo que deja explícito el enorme trabajo que hay que hacer en Bolivia, donde las cosas están peor que en los años 80, cuando las dictaduras militares, especialmente el régimen de Luis García Meza, convirtieron al país en una inmensa fábrica de cocaína, lo que motivó la aprobación de una ley implacable contra los narcos y el reforzamiento de la lucha contra el tráfico de drogas, que permitió la intervención de numerosos organismos internacionales, entre ellos, la DEA, por supuesto.
El MAS desmanteló toda la estructura que se había consolidado, hizo cambios en las leyes para favorecer a las mafias, puso a los ratones a cuidar el queso, dejó que los criminales manejen el país a su antojo y abrió las puertas de par par a los carteles internacionales vinculados a los gobiernos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros. Esperamos que la entrega de Dávila sea sólo el primero de las acciones del gobierno para reencaminar la situación. Sin eso, nunca tendremos justicia ni democracia.
https://eldia.com.bo/2024-12-17/editorial/escalofrios-en-el-mas.html
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