Editorial, El Dia:
Bolivian “Corralito”
In 2001, Argentina experienced one of the darkest moments in its economic history: the “corralito” banking crisis. This measure, which limited citizens’ access to their own savings, triggered a crisis that left deep scars on Argentine society and its economy. Today, more than two decades after that catastrophe, Bolivia seems to be heading down a similar path. A series of banking restrictions, endorsed by state authorities, is creating a de facto “corralito” that threatens to provoke a disaster of significant proportions.
In recent months, Bolivians have witnessed increasingly tighter restrictions on accessing their own funds. Under the supervision of the Financial System Supervisory Authority (ASFI), banks have implemented severe restrictions that primarily affect citizens temporarily residing abroad. These measures, which limit the use of credit and debit cards, not only infringe on users’ basic rights but also violate the principle of the free flow of capital.
One of the clearest examples of these restrictions is the periodic reduction of withdrawal and payment limits with cards. What was once a stable and reliable procedure has now become a practice that generates uncertainty and anxiety. Monthly, and in some cases even bi-weekly, banks lower these limits, making everyday tasks such as buying food or medicine abroad practically impossible. This situation is further aggravated when those affected are in vulnerable situations, such as those abroad for health reasons.
The restrictions have reached the point of limiting card usage to $50 per week, an insultingly low amount to cover basic needs in any country outside of Bolivia. For those who have trusted their savings to the Bolivian banking system, this measure is not only unjust but also represents a severe violation of their fundamental right to freely dispose of their own money. The situation becomes even more alarming when considering that these limits disproportionately affect those in vulnerable situations, such as students and the sick abroad, whose expenses far exceed these amounts.
Instead of protecting the rights of financial consumers, the supervisory authority seems more interested in justifying the restrictions. In this context, it is outrageous that a system that should facilitate citizens’ lives instead condemns them to a situation of precariousness and helplessness.
The de facto “corralito” being applied in Bolivia eerily echoes what happened in Argentina in 2001. In both cases, the lack of access to citizens’ savings, economic uncertainty, and the lack of effective action by authorities combine to create a perfect storm. History has taught us that such banking restrictions not only affect individual economies but can also trigger large-scale economic and social crises.
Bolivia, a country that in recent history has seen its economic and financial institutions deteriorate, cannot afford to fall into the same trap as Argentina did more than two decades ago. Immediate measures must be taken to reverse this trend and ensure that the rights of financial consumers are respected. Otherwise, the country risks facing an economic disaster that could have devastating consequences for its population.
Editorial, El Dia:
Corralito boliviano
En 2001, Argentina vivió uno de los momentos más oscuros de su historia económica: el corralito bancario. Esta medida, que limitó el acceso de los ciudadanos a sus propios ahorros, desató una crisis que dejó cicatrices profundas en la sociedad y la economía argentina. Hoy, a más de dos décadas de esa catástrofe, Bolivia parece estar siguiendo un camino similar, donde una serie de restricciones bancarias avaladas por las autoridades estatales, está generando un corralito de facto que amenaza con provocar un desastre de grandes proporciones.
En los últimos meses, los bolivianos han visto cómo se van estrechando cada vez más las posibilidades de acceder a sus propios fondos. Bajo la supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), los bancos han implementado restricciones severas que afectan principalmente a aquellos ciudadanos que residen temporalmente en el extranjero. Estas medidas, que limitan el uso de tarjetas de crédito y débito, no solo atentan contra los derechos básicos de los usuarios, sino que también representan una violación al principio del libre flujo de capitales.
Uno de los ejemplos más claros de estas restricciones es la reducción periódica de los límites de retiros y pagos con tarjetas. Lo que antes era un procedimiento estable y confiable, ahora se ha convertido en una práctica que genera incertidumbre y angustia. Mensualmente, e incluso en algunos casos quincenalmente, los bancos ajustan a la baja estos límites, haciendo que tareas tan cotidianas como comprar comida o medicinas en el exterior se vuelvan prácticamente imposibles. Esta situación se agrava aún más cuando las personas afectadas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como aquellos que están en el extranjero por razones de salud.
Las restricciones impuestas han llegado al punto de limitar a 50 dólares semanales el uso de las tarjetas, una cantidad que resulta insultantemente baja para cubrir las necesidades básicas en cualquier país fuera de Bolivia. Para quienes han confiado sus ahorros al sistema bancario boliviano, esta medida no solo es injusta, sino que también representa una grave violación a su derecho fundamental de disponer libremente de su propio dinero. La situación se torna aún más alarmante cuando se considera que estos límites afectan de manera desproporcionada a aquellos en situación de vulnerabilidad, como estudiantes y enfermos en el extranjero, cuyos gastos superan con creces estos montos.
En lugar de proteger los derechos de los consumidores financieros, la autoridad supervisora parece más interesada en justificar las restricciones. En este contexto, resulta indignante que se aplauda un sistema que, en lugar de facilitar la vida de los ciudadanos, los condena a una situación de precariedad y desamparo.
El corralito de facto que se está aplicando en Bolivia recuerda de manera inquietante a lo ocurrido en Argentina en 2001. En ambos casos, la falta de acceso a los ahorros de los ciudadanos, la incertidumbre económica y la falta de acción efectiva por parte de las autoridades se combinan para crear una tormenta perfecta. La historia nos ha enseñado que las restricciones bancarias de este tipo no solo afectan a las economías individuales, sino que también pueden desencadenar crisis económicas y sociales de gran envergadura.
Bolivia, un país que en el pasado reciente ha visto cómo se han deteriorado sus instituciones económicas y financieras, no puede permitirse caer en la misma trampa que Argentina hace más de dos décadas. Se deben tomar medidas inmediatas para revertir esta tendencia y garantizar que los derechos de los consumidores financieros sean respetados. De lo contrario, el país corre el riesgo de enfrentarse a un desastre económico que podría tener consecuencias devastadoras para su población.
https://eldia.com.bo/2024-09-03/editorial/corralito-boliviano.html
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