Editorial, Opinion:
New Plundering of the Bolivian State?
An audit conducted by Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) on the construction of the evaporation pools at the lithium plant in the Uyuni salt flats concluded that at least four crimes were committed in this project, resulting in an economic damage of 425 million Bolivianos to the national treasury.
The audit preliminarily concludes that irregularities (crimes) were committed in the construction of 18 evaporation pools at the lithium plant, preventing it from operating at its full capacity to produce around 15,000 metric tons of lithium carbonate annually.
This means that, in addition to the economic damage caused to the State by the deficient construction of the evaporation pools, the country is losing significant economic resources because it is not producing lithium carbonate in the quantities intended for international market delivery.
Héctor Córdova, an analyst at the Jubileo Foundation, interviewed by El Deber, pointed out that the country has missed out on at least 1 billion dollars in profits due to this issue, considering that the price of lithium carbonate reached $90,000 per ton in 2022.
If the investigation into this case confirms that the 10 former officials accused are responsible for the crimes they are charged with, they will have to receive the appropriate prison sentences, in addition to compensating for the millionaire economic damage, in order to set a precedent against embezzlement of resources.
In his defense, after his arrest, former minister Luis Alberto Echazú, one of the accused, claimed that the Government is trying to blame him to justify its negligence in maintaining this plant, a situation that, according to him, has led to the failure of this project, at least up to this point.
The investigation into this case must go to the root, as these are economic resources that could have been used in health, education, and basic services projects, among others, which are desperately needed by the population, especially vulnerable sectors.
It is also urgent to address the deficiencies in the plants being built in the Uyuni salt flats, as the country urgently needs income from the sale of lithium carbonate and other products that are part of lithium industrialization, a project that, according to the Government, is an option to strengthen the country’s economy in the coming years.
But if the mistakes made are not corrected and those who committed crimes while in office are not punished, the population will once again have lost the opportunity to achieve economic stability and a better quality of life.
Editorial, Opinion:
¿Nuevo saqueo al Estado boliviano?
Una auditoría realizada por parte de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) a la construcción de las piscinas de evaporación de la planta de litio en el salar de Uyuni concluyó que en este proyecto se cometieron al menos cuatro delitos que dejaron un daño económico de 425 millones de bolivianos al erario nacional.
La auditoría concluye, preliminarmente, que se cometieron irregularidades (delitos) en la construcción de 18 piscinas de evaporación de la planta de litio, lo que impide que la planta de carbonato de litio, proyectada para producir unas 15.000 toneladas métricas cada año, funcione con su total capacidad.
Es decir que, además del daño económico que representa para el Estado la construcción deficiente de las piscinas de evaporación, el país pierde importantes recursos económicos porque no está produciendo el carbonato de litio en las cantidades previstas para entregar al mercado internacional.
El analista de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, entrevistado por El Deber, señaló que el país dejó de percibir por este concepto al menos 1.000 millones de dólares, en utilidades, toda vez que la tonelada de carbonato de litio llegó a costar 90.000 dólares en 2022.
Si la investigación en torno a este caso confirma que los 10 exfuncionarios denunciados son responsables de la comisión de los delitos por los que se les acusa, tendrán que recibir la sentencia de cárcel que corresponda, además de resarcir el millonario daño económico, con el fin de sentar un precedente para que no se cometa más el delito de malversación de recursos.
En su defensa, tras su aprehensión, el exministro Luis Alberto Echazú, uno de los acusados, afirmó que el Gobierno lo quiere inculpar para justificar su negligencia por la falta de mantenimiento de esta planta, situación que, según él, habría ocasionado el fracaso de este proyecto, por lo menos hasta el momento.
La investigación en torno a este caso tiene que llegar hasta el fondo, porque son recursos económicos que pudieron haberse utilizado en proyectos de salud, educación y servicios básicos, entre otros, que tanta falta hacen a la población, especialmente a los sectores vulnerables.
Asimismo, es urgente que se pueda subsanar las deficiencias en las plantas que se construyen en el salar de Uyuni, porque el país requiere con suma urgencia los ingresos por la venta de carbonato de litio y otros productos que son parte de la industrialización del litio, un proyecto que, según el Gobierno, es una opción para fortalecer la economía del país en los próximos años.
Pero si no se subsanan los errores cometidos y no se sanciona a quienes cometieron delitos aprovechando sus cargos, la población habrá perdido nuevamente la posibilidad de lograr estabilidad económica y una mejor calidad de vida.
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/nuevo-saqueo-estado-boliviano/20240424000038943612.html
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