By Oscar Antezana:
Throughout this series we have explored different dimensions of economic development in Bolivia: the false dilemma between state and market, the persistent illusion of “miracle resources,” the accumulation of directionless projects, and the need to project a strategy beyond borders. The diagnosis seems clear: Bolivia does not lack opportunities; it lacks a strategy. But that diagnosis, on its own, is incomplete. There is a deeper limit, less visible and harder to confront. A limit that does not appear in speeches, yet determines all outcomes. That limit is institutions. Without strong institutions, no strategy—no matter how brilliant—survives. It dissolves, becomes distorted, or simply fails.
In previous articles we pointed out that Bolivia has not clearly defined what type of economy it wants to build. We also saw how that absence translates into resource dependency, scattered investments, and a weak international presence. However, even if those problems were resolved—if the country managed to organize its priorities, coordinate its investments, and project itself strategically to the world—it would inevitably run into a tougher wall: its institutional capacity to sustain what it decides.
Strategy does not die in design. It dies in execution. And in Bolivia, execution is the weakest link. Trust in key institutions is limited, and in some cases nonexistent. The justice system carries persistent doubts about its independence. Public administration, far from renewing itself, retains “masista” inertia that affects its functioning. Subnational governments operate with insufficient technical capacity. Projects are delayed, budgets go unspent, decisions dissolve into opaque administrative processes. Whatever the case, translating plans into results is difficult.
But the deepest problem is not in public offices. It lies in how society functions. Bolivia is, essentially, an informal economy. More than half of its productive activity takes place outside the law—not as an exception, but as the norm. This is not simply an economic problem; it is an institutional symptom. It signals something more troubling: complying with the law is not always rational. When rules are not enforced, or are applied selectively, they cease to be rules. They become optional references. And in that environment, predictability disappears. Without predictability, there is no investment. Without investment, there is no transformation.
A suggestion to the government, I insist: carry out a massive and permanent awareness campaign about our forgotten values—such as honesty, punctuality, keeping one’s word, effort, and compliance with the law—and strengthen our patriotism so that we understand and accept the sacrifices we must all make and endure the difficult days ahead. Shared values have the capacity to unite us, to shape how a society functions. For years, even decades, we have been fragmented, splintered.
In this context, the political debate—more state or more market—loses meaning. Not because it is unimportant, but because it is secondary. Before debating the model, the underlying problem must be confronted: institutional weakness. This is not about destroying what exists or starting from scratch. It is something more complex: reforming, correcting, rebuilding trust. Strengthening what still works and confronting, without evasion, what does not. But that process is slow, uncomfortable, and, above all, politically costly.
International experience is clear. Countries that achieve development are not necessarily those with the most resources, but those that manage to build institutions that work. Predictable states. Systems where the law is upheld. Societies where trust is not the exception. Bolivia is far from that point—and that distance has a cost.
At this stage, the question is no longer economic, nor even political. It is a more uncomfortable question: can a country move forward when no one trusts anyone? Distrust not only weakens the state; it disarticulates society. It affects everyday decisions, limits cooperation, and erodes any attempt at collective action. And without cooperation, development becomes impossible.
If the beginning of this series raised the need for a strategy, this conclusion exposes its harshest condition. Without solid and credible institutions, no strategy survives. Because development does not fail only due to bad decisions—it fails when a country loses the capacity to turn them into reality.
Por Oscar Antezana Malpartida:
A lo largo de esta serie hemos recorrido distintas dimensiones del desarrollo económico en Bolivia: el falso dilema entre Estado y mercado, la persistente ilusión de los “recursos milagro”, la acumulación de proyectos sin rumbo y la necesidad de proyectar una estrategia más allá de las fronteras. El diagnóstico parece claro: Bolivia no carece de oportunidades, carece de una estrategia. Pero ese diagnóstico, por sí solo, es incompleto. Hay un límite más profundo, menos visible, más difícil de enfrentar. Un límite que no aparece en los discursos, pero que determina todos los resultados. Ese límite son las instituciones. Sin instituciones sólidas, ninguna estrategia —por brillante que sea— sobrevive. Se diluye, se deforma o simplemente fracasa.
En los artículos anteriores señalamos que Bolivia no ha definido con claridad qué tipo de economía quiere construir. También vimos cómo esa ausencia se traduce en dependencia de recursos, inversiones dispersas y una débil presencia internacional. Sin embargo, incluso si esos problemas se resolvieran —si el país lograra ordenar sus prioridades, coordinar sus inversiones y proyectarse estratégicamente al mundo— chocaría inevitablemente con un muro más duro: su capacidad institucional para sostener lo que decide.
La estrategia no muere en el diseño. Muere en la ejecución. Y en Bolivia, la ejecución es el eslabón más frágil. La confianza en instituciones clave es limitada, y en algunos casos, inexistente. La justicia arrastra cuestionamientos persistentes sobre su independencia. La administración pública, lejos de renovarse, conserva inercias masistas que afectan su funcionamiento. Los gobiernos subnacionales operan con capacidades técnicas insuficientes. Obras que se retrasan, presupuestos que no se ejecutan, decisiones que se diluyen en procesos administrativos opacos. Lo que sea, es difícil traducir en resultado.
Pero el problema más profundo no está en las oficinas públicas. Está en la forma en que funciona la sociedad. Bolivia es, en esencia, una economía informal. Más de la mitad de su actividad productiva ocurre fuera de la ley. No como excepción, sino como norma. Esto no es simplemente un problema económico. Es un síntoma institucional. Indica algo más inquietante: cumplir la ley no siempre es racional. Cuando las reglas no se cumplen, o se aplican de manera selectiva, dejan de ser reglas. Se convierten en referencias opcionales. Y en ese entorno, la previsibilidad desaparece. Sin previsibilidad, no hay inversión. Sin inversión, no hay transformación.
Sugerencia al gobierno, insisto: ejecutar una campaña masiva y permanente de concientización sobre nuestros valores olvidados, como la honestidad, la puntualidad, el valor de la palabra, el esfuerzo, el cumplimiento con la Ley, etc. y reforzará nuestro patriotismo para entender y aceptar los sacrificios que todos debemos hacer y tolerar los días difíciles que se vienen. Los valores compartidos tienen capacidad de unirnos, de moldear el funcionamiento de una sociedad. Desde año y décadas que estamos fragmentados, astillados.
En este contexto, el debate político —más Estado o más mercado— pierde sentido. No porque no sea importante, sino porque es secundario. Antes de discutir el modelo, hay que enfrentar el problema de fondo: la debilidad institucional. No se trata de destruir lo existente ni de empezar desde cero. Se trata de algo más complejo: reformar, corregir, reconstruir confianza. Fortalecer lo que aún funciona y enfrentar, sin evasivas, lo que no. Pero ese proceso es lento. Incómodo. Y, sobre todo, políticamente costoso.
La experiencia internacional es clara. Los países que logran desarrollarse no son necesariamente los que tienen más recursos, sino los que logran construir instituciones que funcionan. Estados previsibles. Sistemas donde la ley se cumple. Sociedades donde la confianza no es una excepción. Bolivia está lejos de ese punto. Y esa distancia tiene un costo.
A esta altura, la pregunta ya no es económica. Ni siquiera política. Es una pregunta más incómoda:¿puede un país avanzar cuando nadie cree en nadie? La desconfianza no solo debilita al Estado. Desarticula la sociedad. Afecta las decisiones cotidianas, limita la cooperación y erosiona cualquier intento de acción colectiva. Y sin cooperación, el desarrollo se vuelve imposible.
Si el inicio de esta serie planteaba la necesidad de una estrategia, este cierre expone su condición más dura. Sin instituciones sólidas y creíbles, no hay estrategia que sobreviva. Porque el desarrollo no fracasa solo por malas decisiones. Fracasa cuando un país pierde la capacidad de hacerlas realidad.
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