By Windsor Hernani, Visión 360:
At the end of the day, it must be taken into account that lithium, like many of our natural resources, lies in our soil or subsoil and could remain there for a hundred years.
Bolivia stands at a crossroads. While the world is crying out for lithium and foreign investors are knocking on the doors of the salt flats, the country faces a contradiction between its constitutional mandate and the minimum requirements of the international capital market.
The problem is simple. Bolivia needs investment for lithium, and other sectors, but the Constitution scares investors away.
During the 1990s, Bolivia adopted a foreign policy consistent with global standards to attract foreign investment. In 1995, the country acceded to the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), understanding that offering a neutral, specialized, and internationally enforceable forum for dispute resolution was an indispensable requirement to compete for capital in a globalized world.
The logic was that no serious investor would disburse millions of dollars in a country where the only guarantee of contractual compliance was to submit exclusively to local courts, exposed to political swings and unilateral regulatory changes.
However, with the arrival of the constituent process, a discourse of “absolute economic sovereignty” took hold and was ultimately enshrined in the 2009 Political Constitution of the State. The new constitutional provisions regarding foreign direct investment are particularly radical. They establish that foreign companies shall in no case be granted recognition of any foreign court or jurisdiction, nor may they invoke any exceptional situation of international arbitration.
This constitutional shift toward national sovereignty was so extreme that it ended up legally isolating the country from the international investment protection system. The direct consequence was that, by constitutional mandate, Bolivia denounced the ICSID Convention and the 24 Bilateral Investment Promotion and Protection Agreements.
As no creator escapes the consequences of his own work, the government of Luis Arce has already had to confront this restriction when drafting the contract between Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) and the Chinese company CBC for lithium exploitation in the Salar de Uyuni.
The solution was to incorporate into the contract a tiered dispute resolution mechanism that begins with negotiation between the parties and culminates in arbitration administered by the National Chamber of Commerce, dispensing with national courts. Thus, there is no ICSID, no international arbitration, no foreign courts, and the Constitution is complied with.
However, it is enough to read the contract carefully to discover that it includes elements that attempt to approximate international standards.
The new government must resolve the issue. Under the current text of the Constitution, it is legally unfeasible for Bolivia to request its reentry into ICSID. It is unconstitutional.
The country finds itself trapped in its own legal straitjacket: it needs foreign investment to industrialize lithium and other resources, yet it offers potential investors a dispute resolution framework that, in international eyes, is insufficient.
Let us be honest: no moderately well-advised investor equates local courts—however reformed they may be—with the guarantee offered by international arbitration administered by ICSID or the International Chamber of Commerce (ICC).
Constitutional reform is the most reasonable and definitive solution. Such a modification requires qualified majorities in the Legislative Assembly, a path that may be politically costly but must be undertaken.
This need to find consensus should not be understood as a limitation; on the contrary, it is rather an opportunity. Building State policies rather than government policies is the challenge; consequently, just as foreign policy must be a State policy, so too must investment attraction policy be a State policy.
At the end of the day, it must be taken into account that lithium, like many of our natural resources, lies in our soil or subsoil and could remain there for a hundred years. But the opportunity to integrate into the global value chains of the energy transition has an expiration date, and the clock keeps ticking. It must be done strategically—but now!
Por Windsor Hernani Limarino, Visión 360:
Al final del día, hay que tomar en cuenta que el litio, como muchos de nuestros recursos naturales, están en nuestro suelo o subsuelo, y podrían seguir allí, por cien años.
Bolivia se encuentra en una encrucijada. Mientras el mundo demanda litio a gritos y los inversores extranjeros llaman a la puerta de los salares, el país enfrenta una contradicción entre su mandato constitucional y las exigencias mínimas del mercado internacional de capitales.
El problema es simple. Bolivia necesita inversiones para el litio, y otros rubros, pero la Constitución espanta a los inversionistas.
Durante la década de 1990, Bolivia adoptó una política exterior coherente con los estándares globales para atraer inversión extranjera. En 1995, el país se adhirió al Convenio del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), entendiendo que ofrecer un foro neutral, especializado y ejecutable internacionalmente para la resolución de disputas, era un requisito indispensable para competir por capitales en un mundo globalizado.
La lógica, era que ningún inversor serio desembolsaría millones de dólares en un país donde la única garantía de cumplimiento contractual fuera someterse exclusivamente a los tribunales locales, expuesto a vaivenes políticos y cambios normativos unilaterales.
Sin embargo, con la llegada del proceso constituyente, se instaló un discurso de “soberanía económica absoluta” que terminó plasmándose en la Constitución Política del Estado de 2009. Las nuevas disposiciones constitucionales, en materia de inversión extranjera directa, incorporadas son particularmente radicales. Establecen que a las empresas extranjeras no se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional.
Este cambio constitucional, hacia una soberanía nacional, fue tan extremo que terminó aislando jurídicamente al país del sistema internacional de protección de inversiones. La consecuencia directa, fue que por mandato constitucional Bolivia denunció el Convenio del CIADI y los 24 Acuerdos de Promoción Recíproca de Inversiones.
Como no hay creador que no sufra las consecuencias de su obra, el gobierno de Luis Arce ya tuvo que enfrentar esta restricción a la hora de elaborar el contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa china CBC para la explotación de litio en el Salar de Uyuni.
La solución fue, incorporar en el contrato, un mecanismo de solución de controversias escalonado qué pasa por la negociación entre las partes y culmina en un arbitraje administrado por la Cámara Nacional de Comercio, prescindiendo de los tribunales nacionales. Así, no hay CIADI, no hay arbitraje internacional, no hay tribunales extranjeros y se cumple la Constitución.
Sin embargo, basta leer detenidamente el contrato para descubrir que se incluye elementos que intentan acercarse a estándares internacionales.
El nuevo gobierno debe solucionar el tema. Bajo el actual texto de la carta magna es jurídicamente inviable que Bolivia pueda solicitar su reingreso al CIADI. Es inconstitucional.
El país se encuentra atrapado en su propio cepo legal, necesita inversión extranjera para industrializar el litio y otros recursos, pero ofrece a los potenciales inversores un marco de solución de controversias que, a ojos internacionales, resulta insuficiente.
Hay que ser honestos, ningún inversor medianamente asesorado equipara los tribunales locales —por más reformados que estén— con la garantía que ofrece un arbitraje internacional administrado por el CIADI o la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
La reforma constitucional es la solución más razonable y definitiva. La modificación requiere mayorías calificadas en la Asamblea Legislativa, camino que podría ser políticamente costoso pero hay que hacerlo.
Esta necesidad de encontrar consensos no debe ser entendida como una limitante, por el contrario es más bien una oportunidad. El construir políticas de Estado y no de gobierno es el reto; consecuentemente así como la política exterior debe ser de Estado, también la política de atracción de inversiones debe ser de Estado.
Al final del día, hay que tomar en cuenta que el litio, como muchos de nuestros recursos naturales, están en nuestro suelo o subsuelo, y podrían seguir allí, por cien años. Pero la oportunidad de integrarse a las cadenas globales de valor de la transición energética tiene fecha de vencimiento y el reloj sigue corriendo. ¡Hay que hacerlo estratégicamente, pero ya!
