Editorial, El Diario:
After two years of debates, disputes, and turbulence in the Legislative Assembly, as well as in the Judicial, Electoral, and Executive branches, on December 15, judicial elections will finally take place to fill the 84 seats across various chambers of the country’s judicial system. The event will unfold amidst a heated political climate, with doubts, assertions of all kinds, and repeated postponements, causing concern among citizens.
First, the value of electing high judicial authorities through universal suffrage was called into question. Subsequently, it was pointed out that, despite acknowledging past mistakes, there was a persistence in repeating the same error—an approach that would be sheer folly, naturally leading to a more significant failure. Despite these criticisms, the Judicial Branch proceeded, turning the Political Constitution and other procedures on their heads. Without sound judgment, principles were set aside—principles that are equally crucial in everyday life and in politics.
These and other factors contributed to making the election of magistrates a process fraught with major issues. Ultimately, citizens are left to make a personal, ethical decision about whether or not to participate in the upcoming vote.
On this note, it is essential to recognize that any process—such as universal suffrage for electing magistrates—only gains value when it is tested in practice. Otherwise, it becomes a crude mockery, a product of the philosophy of absurdity and speculation.
Until applied, it is merely an accumulation of words. This has already happened twice before with the aim of electing magistrates through universal suffrage. Practice has shown that the idea lacked value, and if repeated, it will lead to another error that will have to be endured for another five years—unless annulled. On the other hand, if this time it yields positive results, it could then be considered for future application. For now, we leave the matter in the hands of practice, and the question remains primarily whether to vote or abstain.
Finally, it is well known that the election of magistrates has always had unique characteristics. In all cases, it was intended to uphold judicial independence as the foundation of impartial justice, ensuring that people have an institution they can trust—one not subject to the decisions of executive or legislative authorities.
Judicial independence currently relies on systems developed through practice, stemming from a judicial career path and adherence to meritocracy among legal professionals. Decisions should not depend on authorities from other branches of power. For this reason, more than anything, a profound reform of justice administration is urgently needed.
Editorial, El Diario:
Después de dos años de discusiones, riñas y turbulencias en la Asamblea Legislativa, en los órganos Judicial, Electoral y Ejecutivo, el 15 de diciembre, ¡por fin!, se realizará la elección de magistrados para ocupar los 84 asientos de distintas Salas del aparato judicial del país. El evento se efectuará en medio de un ambiente político caldeado, de dudas y afirmaciones de todo tipo y postergaciones en varias oportunidades, causando la preocupación de la ciudadanía.
En primer lugar, se puso en duda el valor de la elección de las altas autoridades judiciales por medio del sufragio universal y, enseguida, se recordó que, pese a haberse reconocido esos errores, se estaba insistiendo en caer de nuevo en la equivocación, actitud que sería una idiotez que, naturalmente, conduciría a un fracaso de mayor magnitud. A pesar de esas críticas, el Órgano Judicial siguió adelante, poniendo de cabeza la Constitución Política y otros procedimientos. Entonces, sin sindéresis, se dejó de lado la aplicación de principios, que es la que vale tanto en la vida común como en la política.
Esos aspectos, además de otros, influyeron para que la elección de magistrados sea producto de grandes problemas y, finalmente, la ciudadanía adopte una decisión correspondiente a su ética personal y decida sobre su asistencia para votar próximamente.
A propósito, es imprescindible tener en cuenta que todo procedimiento —como el sufragio universal para elegir magistrados— solamente adquiere valor cuando pasa por el fuego de la práctica. En caso contrario, se trataría de una vulgar burla, producto de la filosofía del absurdo y la especulación.
Mientras no sea aplicado, es solamente una acumulación de palabras. Precisamente, eso ya pasó dos veces anteriormente, con el afán de elegir magistrados por voto universal, que la práctica dio como resultado que esa idea no tenga valor y que de repetirse se caerá en un nuevo error que se tendrá que soportar por cinco años más, a no ser que sea objeto de anulación. En caso contrario, si esta vez da buen resultado, recién se podrá considerar su aplicación en otras oportunidades. Entretanto, dejamos la cuestión en manos de la práctica y la cuestión sigue siendo, en primer lugar, votar o abstenerse.
Finalmente, es sabido que la elección de magistrados tuvo siempre características propias y que en todos los casos estaba destinada a mantener la independencia judicial y que era la forma de que la justicia sea imparcial y determine que los pueblos tengan en quién confiar y no dependa de las decisiones de autoridades ejecutivas o legislativas.
La independencia judicial actualmente se basa en sistemas creados por la práctica y es producto de la carrera judicial y el cumplimiento de la meritocracia entre los miembros del foro. No debería depender la decisión de autoridades de otros poderes. Por ello más que todo se necesita una reforma profunda de la administración de justicia.
https://www.eldiario.net/portal/2024/12/06/votar-o-no-votar-esa-es-la-cuestion/
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