By Brujula Digital:
Industriales piden a Arce eliminar disposición del PGE que permite confiscar productos a empresas
La Cámara Nacional de Industrias expresa su “más profunda preocupación y alarma” por la “disposición arbitraria” incluida en el PGE.
The president of the CNI, Pablo Camacho. Photo: ABI
The National Chamber of Industries (CNI) expressed its rejection of the seventh additional provision of the 2025 General State Budget (PGE), which allows the confiscation or seizure of products from companies. The entity requested President Luis Arce to eliminate it to avoid a climate of legal uncertainty.
In a statement, the CNI described the measure as an “arbitrary provision” that authorizes the competent entities to carry out control, oversight, confiscation, and/or seizure actions on food companies that store, withhold, and/or attempt to raise the prices of their products.
Negative impacts highlighted by the industrial sector
The CNI warned that this provision could become a “discretionary, arbitrary, repressive, and extortive instrument.”
It also stated that the measure could lead to shortages, discourage production, reduce investment and employment, affect tax revenues, and promote smuggling. “While South American countries create favorable and suitable conditions to boost private initiative, in Bolivia, laws are being promoted that completely deter national and foreign investments,” the statement adds.
BD/JA
Por Brújula Digital:
Industriales piden a Arce eliminar disposición del PGE que permite confiscar productos a empresas
La Cámara Nacional de Industrias expresa su “más profunda preocupación y alarma” por la “disposición arbitraria” incluida en el PGE.
El presidente de la CNI, Pablo Camacho. Foto: ABI
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que permite la confiscación o decomiso de productos a empresas. La entidad solicitó al presidente Luis Arce que la elimine para evitar un clima de inseguridad jurídica.
En un comunicado, la CNI calificó la medida como una “disposición arbitraria” que autoriza a las entidades competentes a ejecutar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a las empresas de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.
Impactos negativos señalados por los industriales
La CNI advirtió que esta norma podría convertirse en un instrumento “discrecional, arbitrario, represivo y extorsivo”.
Además, aseguró que la medida podría generar desabastecimiento, desincentivar la producción, reducir la inversión y el empleo, afectar las recaudaciones tributarias e incentivar el contrabando. “Cuando a nivel sudamericano los países crean condiciones adecuadas y propicias para impulsar la iniciativa privada, en Bolivia completamente se promueven normas que ahuyentan las inversiones nacionales y extranjeras”, agrega el comunicado.
BD/JA
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