Editorial, El Deber:
The economic and political context in the country places Luis Arce’s government in a difficult position. The scarcity of dollars and the demand for normal fuel supply, which anticipate social unrest, are compounded by a strained political climate centered around the Movimiento Al Socialismo (MAS) with its two factions embroiled in a fierce confrontation.
The president has already warned of a soft coup aiming to shorten his term, while the official narrative identifies the culprits as the “evismo” faction and the so-called “right,” which includes politicians who, according to them, have never won elections. They claim that both extremes are united in causing harm to the current government.
However, nothing arises spontaneously; rather, there is a breeding ground of public uncertainty due to the current economic difficulties in accessing foreign currency to import goods and the lack of normality in fuel supply, especially diesel, which is crucial for continuing agricultural activities. This is a menu of problems that the government has denied and continues to deny. The dollar shortage is now called speculation, but they do not dare to acknowledge that there is also public distrust regarding the state policies to solve these issues. Meanwhile, prices keep rising and the pockets of ordinary Bolivians are emptying, generating anxiety. There is economic uncertainty and the prelude to a social crisis for which no remedy has yet been found.
There is also no light at the end of the political tunnel due to the internal fight within MAS. Although this was triggered by the judiciary’s interference in the legislature, once the lock was opened and the Constitutional Tribunal freed the judicial elections, it turns out that deadlines were missed and now the Legislative Assembly is obstructing the continuation of the process.
Vice President David Choquehuanca, who is the ex officio president of Congress, refuses to call a plenary session to approve laws that would pave the way for judicial elections and the approval of loans. The opposition’s condition is the approval of two laws to annul the self-extension of magistrates, and that is a door the ruling party is unwilling to open. This leaves the process at a crossroads.
The risk is that there won’t be enough time to hold judicial elections this year, which could lead to the postponement of primary and even national elections, an outcome already suggested by some members of the Arce faction.
Retail trade unions, transport workers, and “evismo” supporters announce social protests starting in June. Roadblocks, marches, and a long list of other actions are expected. In this country, there is a bad habit of letting conflicts escalate, accumulate demands, and make their resolution increasingly complicated.
It would be advisable to take a different approach. If it is complicated to resolve the political crisis, the government should strive to listen to and address social demands. Providing certainty to the public will prevent tempers from flaring and seeking disastrous solutions. The ball remains in the court of the president and his collaborators. What is expected of them is to act wisely and in the interest of the country.
Editorial, El Deber:
El contexto económico y político que vive el país pone al Gobierno de Luis Arce en un duro momento. A la escasez de dólares y la demanda de normalidad en la provisión de carburantes, que anticipan conflictividad social, se suma un enrarecido clima político que tiene en el centro al Movimiento Al Socialismo con sus dos facciones envueltas en un encarnizado enfrentamiento.
Ya el presidente avisaba de que hay un golpe blando que pretende el acortamiento de su mandato, mientras el discurso oficial identifica a los responsables en el evismo y en la tan mentada “derecha” en la que visualizan a políticos que, según dicen, nunca ganaron elecciones. Según ellos, los dos extremos están unidos para causarle daño al Gobierno actual.
Sin embargo, nada surge de manera espontánea, sino que hay un caldo de cultivo en la incertidumbre ciudadana por la situación económica actual de dificultad para acceder a las divisas que permitan importar bienes y a la falta de normalidad en la provisión de carburantes, especialmente diésel, que es fundamental para proseguir con las actividades en el agro. Se trata de un menú de problemas que el Gobierno ha negado y sigue negando. A la escasez de dólares ahora la llama especulación, pero no se atreve a detectar que también hay desconfianza ciudadana respecto a las políticas de Estado para resolver estos problemas. Mientras tanto, los precios van subiendo y los bolsillos del boliviano de a pie se vacían, generando angustia. Hay una incertidumbre económica y la antesala de una crisis social para la cual aún no se ha encontrado una vacuna.
Tampoco hay una luz al final del túnel político que vive el país a raíz de la pelea interna del MAS. Si bien ésta fue desencadenada por la injerencia del Poder Judicial en el Poder Legislativo, una vez que se abrió el candado y que el Tribunal Constitucional liberó las elecciones judiciales, ahora resulta que se vencieron los plazos y que es la Asamblea Legislativa la que pone trabas para la continuidad del proceso.
El vicepresidente, David Choquehuanca, que es presidente nato del Congreso se niega a convocar a una sesión plenaria para aprobar normas que permitan allanar el camino a las judiciales y también a la aprobación de créditos. La condición que pone la oposición es que se apruebe dos leyes para anular la autoprórroga de magistrados y esa es una puerta que el oficialismo no está dispuesto a abrir. Eso deja el proceso en una encrucijada.
El riesgo es que no den los plazos para realizar la elección judicial este año y que, por tanto, se pospongan las elecciones primarias y hasta las nacionales, extremo que ya fue sugerido por algunos militantes del arcismo.
Los gremialistas, transportistas y evistas anuncian protestas sociales desde junio. Bloqueos de caminos, marchas y un largo etcétera. En este país hay el mal hábito de dejar que los conflictos escalen, sumen demandas y que su solución se complique cada vez más.
Lo aconsejable sería ir por otra vía. Si es complicado resolver la crisis política, el Gobierno debería esforzarse por escuchar y atender las demandas sociales. Dar certidumbre a la ciudadanía evitará que los ánimos se exalten y busquen salidas por el desastre. La pelota sigue en la cancha del presidente y sus colaboradores. Lo que se espera de ellos es que actúen con sabiduría y por el interés del país.
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/dias-dificiles-necesitan-salidas-sabias_369555
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