Editorial, El Deber:
Once again, history repeats itself with the Government and the Bolivian Labor Confederation (COB) agreeing on a 5.85% increase to the national minimum wage and a 3% increase to the basic wage, in a negotiation that excluded the business sector, which had previously requested a salary freeze due to the country’s difficult economic situation.
There are evident inconsistencies in these increases from different economic perspectives. Firstly, when comparing this year’s increases with those of the previous year, an almost identical repetition is observed, despite the current accumulated inflation (2.12%) being lower than that of the previous year (3.12%). Therefore, if the loss of purchasing power has been lower this year according to official figures, it would not be justifiable to equalize, let alone surpass, the increases of the previous year.
However, the major inconsistencies have been pointed out by the sector excluded from the negotiations. Business owners have warned that the salary increase will affect the generation of formal jobs, increase national production costs, promote smuggling, and discourage investments. All of this occurs in a context where a very low national GDP growth is projected (less than 2%), according to forecasts from international organizations. Additionally, the country’s main employers have been affected by a shortage of dollars, which has increased their costs for importing inputs, especially capital goods.
Business owners describe the increase as aggressive and irresponsible, arguing that it is based on political rather than economic considerations. They point out that the impact is not limited to large employers, as is being made to believe by the government, but also affects thousands of small and medium-sized enterprises that, despite adversity, continue to invest in the country.
There is evidently a political background to this exclusive meeting between the Government and the COB. The presence of the COB seems to be strictly political, as it is a discredited institution that does not even represent the majority of the country’s workers. Its demand for a salary increase is often arbitrary and disconnected from reality, and in the end, it accepts much smaller increases, demonstrating its lack of seriousness.
It is worrying that President Luis Arce participates in this political game at such a delicate moment for the economy. Arce claims that, with the increase agreed upon with the COB, they are safeguarding not only public finances but also job creation and economic growth. However, this assertion lacks correlation with economic reality. An increase will only worsen public finances already affected by a recurrent fiscal deficit. Furthermore, the government’s model based on aggregate demand has lost strength, as domestic companies are less competitive and hiring fewer personnel. Although the president acknowledges that there are “adverse external and internal effects,” he does not specify what those effects are or what measures his government will take to counteract them.
In conclusion, the traditional negotiation between the Government and the COB does not result in measures to reactivate the economy, let alone. It seems more like an exercise to reaffirm political loyalties, especially at a time when the ruling party, the MAS, is divided. For the Arce Government, it seems more important to secure the support of the COB and prevent it from aligning with its adversary, Evo Morales. However, it is regrettable that this political strategy is carried out at the expense of true economic growth and the generation of quality jobs.
Editorial, El Deber:
Una vez más, la historia se repite con el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordando un aumento del 5,85% al salario mínimo nacional y un 3% al haber básico, en una negociación que excluyó al sector empresarial, el cual previamente había solicitado congelar los salarios debido a la difícil situación económica que atraviesa el país.
Existen incoherencias evidentes en estos incrementos desde diferentes enfoques económicos. En primer lugar, al comparar los incrementos de este año con los del año pasado, se observa una repetición casi idéntica, a pesar de que la inflación acumulada actual (2,12%) es menor que la del año anterior (3,12%). Por lo tanto, si la pérdida del poder adquisitivo ha sido menor este año según las cifras oficiales, no sería justificable igualar, y mucho menos superar, los incrementos del año pasado.
Sin embargo, las mayores incoherencias han sido señaladas por el sector excluido de las negociaciones. Los empresarios han advertido que el aumento salarial afectará la generación de empleos formales, encarecerá la producción nacional, fomentará el contrabando y desincentivará las inversiones. Todo esto ocurre en un contexto en el que se proyecta un crecimiento muy bajo del PIB nacional (inferior al 2%), según pronósticos de organismos internacionales. Además, los principales empleadores del país se han visto afectados por la escasez de dólares, lo que ha aumentado sus costos de importación de insumos, especialmente de bienes de capital.
Los empresarios califican el aumento como agresivo e irresponsable, argumentando que está basado en consideraciones políticas en lugar de económicas. Señalan que la afectación no se limita a los grandes empresarios, como se pretende hacer creer a la población, sino que también afecta a miles de pequeñas y medianas empresas que, a pesar de las adversidades, siguen apostando por el país.
Es evidente que hay un trasfondo político en este encuentro excluyente entre el Gobierno y la COB. La presencia de la COB parece ser estrictamente política, ya que se trata de una institución desprestigiada que ni siquiera representa a la mayoría de los trabajadores del país. Su demanda de aumento salarial suele ser arbitraria y desconectada de la realidad, y al final termina aceptando aumentos mucho menores, lo que demuestra su falta de seriedad.
Resulta preocupante que el presidente Luis Arce participe en este juego político en un momento tan delicado para la economía. Arce afirma que, con el aumento acordado con la COB, están cuidando no solo las finanzas públicas, sino también la generación de empleo y el crecimiento económico. Sin embargo, esta afirmación carece de correlación con la realidad económica. Un aumento solo empeorará unas finanzas públicas ya afectadas por un déficit fiscal recurrente. Además, el modelo gubernamental basado en la demanda agregada ha perdido fuerza, ya que las empresas nacionales son menos competitivas y contratan a menos personal. Aunque el presidente reconoce que existen “efectos adversos externos e internos”, no especifica cuáles son esos efectos ni qué medidas tomará su gobierno para contrarrestarlos.
En conclusión, la negociación tradicional entre el Gobierno y la COB no resulta en medidas para reactivar la economía ni mucho menos. Parece más bien un ejercicio para reafirmar lealtades políticas, especialmente en un momento en que el partido en el poder, el MAS, está dividido. Para el Gobierno de Arce, parece más importante asegurar el apoyo de la COB y evitar que se alinee con su adversario, Evo Morales. Sin embargo, es lamentable que esta estrategia política se haga a expensas del verdadero crecimiento económico y la generación de empleos de calidad.
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/incremento-salarial-con-tinte-politico_364075
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