Editorial Pagina Siete:
Fitch Ratings has downgraded Bolivia’s credit rating from B to B- and has changed the outlook to negative from stable. This is bad news for the country because it will reduce its chances of obtaining external financing and attracting investment; however, beyond that fact, it is a lapidary report because it destroys, point by point, the government rhetoric about an exemplary economy and stable and, on the contrary, exposes the country’s vulnerability to this reality.
According to the report, the rating downgrade reflects the depletion of its external liquidity reserves, which has greatly increased near-term uncertainty and macroeconomic risks. And the negative outlook “reflects greater uncertainty around the authorities’ ability to manage this situation, as well as its severity given the continued delay in the publication of international reserves data.”
Likewise, the rating agency shows the difficulties to obtain more reserves, such as the obstacles to the approval of the Gold Law and the credit contracts that are blocked in the Assembly. Nor is optimistic with the measures adopted recently, such as raising the exchange rate for exporters.
And, at this point, it reveals that Bolivia has recently made use of the Special Drawing Rights (DEG) of the IMF for a value of 300 million dollars, which demonstrates a double standard on the part of the Government, since for a similar operation it initiated a process against former president Jeanine Añez arguing that she should request legislative authorization. Even ended up returning the money to the IMF, although that reported a loss for the interest that had to be paid.
The Central Bank, however, clarified that the Añez government resorted to a Quick Financing Instrument and not to the DEGs. In any case, both ended up mixed up with the IMF.
The report also indicates that Bolivia’s position has deteriorated drastically in the last decade due to expansive policies and the drop in hydrocarbon production, turning Bolivia into an energy importer.
Bolivians know that the gas era is over, that it has not been sufficiently explored and that now the country must import fuels paying an increasingly high subsidy, which was settled with international reserves, which have fallen and have caused this rating. It is a kind of circle in which the Bolivian economy finds itself, from which the exit is not yet visible.
And regarding economic growth, which according to the Government is the highest in the region, Fitch points out that although the country recovered its level prior to the 2019 pandemic, it did so “more slowly than its regional peers.”
The other source of government pride is low inflation, which, according to Fitch, “reflects heavy subsidies and price controls for food and fuel.” That is, it is a low level, but forced by government measures.
Also points to the country’s high fiscal deficit (although it has been reduced in the last year), and the risk that the debt cannot be paid due to falling reserves.
And no less important, Fitch warns of political risks because instability resurfaced last year with internal tensions within the MAS, and between the Government and Santa Cruz.
All these aspects had been warned by analysts and independent media, but the Government disqualified them in every possible way. Now, in response to the Fitch Ratings report, responded that the rating agency “did not consider the strengths of the Bolivian economy, such as the economic stability that was achieved after the Covid-19 pandemic and the current uncertainty of the global economy.”
It is to be hoped that this report will serve to trigger honesty on the part of the country’s economic authorities and so that, once and for all, they structurally face the critical economic situation beyond ideological positions.
Fitch Ratings ha bajado la calificación crediticia de Bolivia de B a B- y ha cambiado la perspectiva de estable a negativa. Es una mala noticia para el país porque disminuirá sus posibilidades de conseguir financiamiento externo y de atraer inversiones, sin embargo, más allá de ese dato, se trata de un reporte lapidario porque desbarata, punto por punto, la retórica gubernamental sobre una economía ejemplar y estable y, por el contrario, deja al desnudo la vulnerabilidad del país ante esta realidad.
Según el reporte, la rebaja en la calificación refleja el agotamiento de sus reservas de liquidez externa, lo que ha aumentado en gran medida la incertidumbre a corto plazo y los riesgos macroeconómicos. Y la perspectiva negativa “refleja una mayor incertidumbre en torno a la capacidad de las autoridades para gestionar esta situación, así como en torno a su gravedad dado el retraso continuo en la publicación de los datos de reservas internacionales”.
Asimismo, la calificadora muestra las dificultades para conseguir más reservas, como por ejemplo, las trabas a la aprobación de la Ley del Oro y los contratos de créditos que están bloqueados en la Asamblea. Tampoco es optimista con las medidas adoptadas recientemente, como elevar el tipo de cambio para los exportadores.
Y, en este punto revela que Bolivia ha hecho uso recientemente de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI por un valor de 300 millones de dólares, lo que demuestra una doble moral de parte del Gobierno, puesto que por una operación parecida inició un proceso en contra de la expresidenta Jeanine Añez argumentando que debía pedir autorización legislativa. Incluso, terminó devolviendo el dinero al FMI, aunque eso le reportó una pérdida por los intereses que se tuvieron que pagar.
El Banco Central, sin embargo, aclaró que el gobierno de Añez recurrió a un Instrumento de Financiamiento Rápido y no así a los DEG. En todo caso, ambos terminaron mezclados con el FMI.
El reporte, además, indica que la posición de Bolivia se ha deteriorado drásticamente en la última década por las políticas expansivas y la caída de la producción de hidrocarburos, convirtiendo a Bolivia en importador de energía.
Los bolivianos saben que la era del gas se ha acabado, que no se ha explorado lo suficiente y que ahora el país debe importar combustibles pagando una cada vez más alta subvención, que se saldaba con las reservas internacionales, las que han caído y han provocado esta calificación. Es una especie de círculo en el que se encuentra la economía boliviana del que aún no se ve la salida.
Y respecto al crecimiento económico, que según el Gobierno es el más alto de la región, Fitch señala que si bien el país recuperó su nivel previo a la pandemia de 2019, lo hizo “más lentamente que sus pares regionales”.
El otro motivo de orgullo gubernamental es la baja inflación que, según Fitch, “refleja fuertes subsidios y controles de precios para alimentos y combustibles”. Es decir, es un nivel bajo, pero forzado por las medidas gubernamentales.
También hace notar el elevado déficit fiscal del país (aunque ha reducido en el último año), y el riesgo de que no se pueda pagar la deuda por la caída de las reservas.
Y no menos importante, Fitch advierte riesgos políticos porque el año pasado resurgió la inestabilidad con tensiones internas del MAS, y entre el Gobierno y Santa Cruz.
Todos estos aspectos habían sido advertidos por analistas y medios independientes, pero el Gobierno los descalificó de todas las maneras posibles. Ahora, frente al reporte de Fitch Ratings, respondió que la calificadora “no consideró las fortalezas de la economía boliviana, como la estabilidad económica que se logró luego de la pandemia Covid-19 y la actual incertidumbre de la economía a nivel global”.
Es de esperar que este informe sirva para un sinceramiento de parte de las autoridades económicas del país y para que, de una vez, encaren estructuralmente la crítica situación económica más allá de posicionamientos ideológicos.
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/desbaratan-retorica-de-la-economia-ejemplar-XF6799066