By Carlos Toranzo Roca, Brujula Digital:
To approve the most recent Constitution, Evo Morales agreed that he would not be a candidate in the next presidential election; this is written in a transitional article of that Magna Carta. He did not keep his word. During his presidency, the legal hectares of coca cultivation almost doubled, even though we knew that was unnecessary and we were certain that 95% of the coca produced in Chapare is used to make coca paste and cocaine.
Since then, there is one certainty in Bolivia: the coca–cocaine business circuit has increased exponentially. Today Bolivia produces coca paste, cocaine hydrochloride, serves as a transit country for Peruvian cocaine, and hosts numerous drug cartels. Meanwhile, the MAS governments—those of Morales and Arce—look the other way and are permissive with illicit businesses. The current government attacks the drug traffickers of Chapare because they are closely tied to Morales’ MAS, but this same government did nothing about other drug lords in different parts of the country; such is the case of Marset, who vanished without a trace after being tipped off by people within the anti-narcotics agency itself.
During Morales’ government, extrajudicial executions were carried out, with the presence of high-level government officials, including relatives of Vice President García Linera, who murdered individuals accused of separatism, when in fact it was all staged by the government itself to eliminate regional opposition. What Morales did during his administration is terrifying—just as terrifying is Arce Catacora, who stripped Morales of the MAS party name and now has him cornered with legal cases, despite Morales being blatantly a pedophile guilty of statutory rape and human trafficking.
Morales called for a referendum in 2016 to see if he could run for office again; he lost. He did not accept the will of the people, violated the Constitution, and ran again in 2019. He committed a shameful electoral fraud, but together with the Puebla Group, created an alternative narrative—claiming a coup d’état—as a pretext to imprison Jeanine Áñez and Luis F. Camacho. Neither Morales nor Arce abides by the Constitution. Morales already used Cuban and Venezuelan fraud technology. How can Arce run for president if he only has 1% approval? He does it because he can use that fraud technology and because he has co-opted the Constitutional Court and the Supreme Electoral Tribunal.
Arce Catacora is seen as a fool, a man incapable of governing, with no skill in managing the crisis. All of that is true; but politically, he is dangerous, as he has prebendally co-opted all social movements. He is dangerous not only for what he did to Morales, but above all because he is governing illegally through the decisions of members of a Constitutional Court that granted itself an extension of its mandate. He governs with the certainty that this Constitutional Court does the dirty work to keep him in power.
Arce governs with a Supreme Electoral Tribunal that has become a subsidiary of the Constitutional Court. This way of governing is both dangerous and illegal. Is it decided by Arce Catacora himself? He does it, with the support and entrenched advice of Cuban and Venezuelan intelligence in the Presidential Palace. Neither Cuba nor Venezuela wants MAS to lose power; nor does the Puebla Group or the Spanish socialists. All of them have their noses in Bolivian politics and are committed to preventing the opposition from removing MAS from power.
For this reason, it is no exaggeration to say there is a possibility that the August elections may not take place. This is the path indicated by the growing number of unconstitutionality lawsuits filed before the Constitutional Court. It is also reflected in parliament’s failure to approve the law on the preclusion of electoral matters.
Thus, we are facing a serious assault on democracy, while the opposition continues to destroy itself. The entire political reality we have described is, for them, a ceteris paribus; they act as if the problems and risks do not exist. Each opposition figure is led by their own lust for power, without acknowledging the major problems facing Bolivian democracy—one increasingly dominated by an autocracy whose destination is dictatorship.
Por Carlos Toranzo Roca, Brújula Digital:
Para aprobar la última Constitución, Evo Morales aceptó que no sería candidato en la próxima elección presidencial; eso está escrito en un artículo transitorio de esa Carta Magna. No cumplió su palabra. Durante su presidencia, las hectáreas legales de cultivo de coca casi se duplicaron, cuando sabemos que eso no era necesario y teníamos la certeza de que el 95% de la coca producida en el Chapare es insumo para la elaboración de pasta base y de cocaína.
Desde entonces, en Bolivia hay una certeza: los negocios del circuito coca-cocaína se han incrementado exponencialmente; hoy Bolivia produce pasta base, clorhidrato de cocaína, es país de tránsito de cocaína peruana y tiene la presencia de muchos cárteles de la droga. Mientras tanto, los gobiernos del MAS, los de Morales y el de Arce, miran a otro lado y son permisivos con los negocios ilícitos. El gobierno actual ataca a los narcos del Chapare, pues estos están muy cerca del MAS de Morales, pero ese mismo gobierno no hizo nada frente a los negocios de otros narcos ubicados en otra geografía del país; ese es el caso de Marset, quien desapareció sin dejar rastros, pero alertado previamente por gente de la propia institución de la lucha contra el narcotráfico.
Durante el gobierno de Morales se hicieron ejecuciones extrajudiciales, con presencia de gente de alto nivel del gobierno, familiares del vicepresidente García Linera, asesinando a personas que se decía que vinieron a hacer separatismo, cuando la verdad es que todo eso fue un montaje del propio gobierno para acabar con la oposición regional. Es tenebroso lo que hizo Morales en su gobierno, como tenebroso es Arce Catacora, quien quitó a Morales la sigla del MAS y ahora lo tiene asediado con juicios a quien descaradamente es un pedófilo e incurrió en estupro y trata de personas.
Morales convocó a un referéndum en 2016 para ver si podía ser candidato nuevamente; lo perdió. No aceptó la decisión de las urnas, violó la Constitución y se presentó nuevamente como candidato en 2019. Hizo un vergonzoso fraude electoral, pero junto al Grupo de Puebla generaron otra narrativa, la de golpe de Estado, pretexto por el cual tienen en la cárcel a Jeanine Áñez y Luis F. Camacho. Ni Morales ni Arce aceptan las reglas de la Constitución. Morales ya usó la tecnología cubana y venezolana del fraude. ¿Cómo puede Arce ser candidato a presidente si tiene solo un 1% de aprobación? Lo hace porque puede usar esa tecnología del fraude, porque tiene cooptado al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo Electoral.
A Arce Catacora lo miran como un tonto, como un hombre sin capacidad de gobernar, sin ninguna destreza para manejar la crisis. Todo eso es cierto; pero, en política, es tenebroso, pues cooptó prebendalmente a todos los movimientos sociales. Tenebroso no solo por lo que hizo con Morales, sino, ante todo, porque está gobernando de manera ilegal con las decisiones de los miembros de un Tribunal Constitucional que se confirió a sí mismo una prórroga en sus funciones. Gobierna teniendo la certeza de que ese Tribunal Constitucional le hace las tareas sucias para que siga en el poder.
Arce gobierna con un Tribunal Supremo Electoral que se ha convertido en una dependencia del Tribunal Constitucional. Esta forma de gobernar es tenebrosa e ilegal. ¿La decide el propio Arce Catacora? Lo hace él, con el apoyo y asesoría enquistada en Palacio de la inteligencia cubana y venezolana. Ni Cuba ni Venezuela desean que el MAS pierda el poder; tampoco lo quiere el Grupo de Puebla ni los socialistas españoles. Todos ellos tienen metidas las narices en la política boliviana y apuestan por evitar que la oposición saque al MAS del poder.
Por ello, no es un exceso decir que hay posibilidades de que las elecciones de agosto no se realicen. En esa línea está el número mayor de demandas de inconstitucionalidad que se presentan al Tribunal Constitucional. En ese camino está también la no aprobación en el parlamento de la ley de preclusión de los temas electorales.
Así pues, estamos en un escenario grave de ataque a la democracia, pero la oposición se sigue destrozando a sí misma. Toda la realidad política que describimos es para ella un ceteris paribus; actúan como si no existieran los problemas y los riesgos. Cada opositor lleva por delante su deseo de poder, sin reparar en los grandes problemas que está viviendo la democracia boliviana, que cada vez más es dominada por una autocracia cuyo norte es la dictadura.
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