By Paul Aramayo, El Deber:
A new increase in the national minimum wage or the basic salary, without considering the real situation of the private business sector, significantly raises formal labor costs, directly affecting the ability of companies — especially small and medium-sized ones — to maintain payrolls under the current labor regime.
Every May 1st, a structural debate in Bolivia is reopened regarding wage adjustments. For 2025, the Bolivian Workers’ Union (COB) has proposed a 15% increase in the National Minimum Wage and a 20% increase in the basic salary. Beyond its political component, this proposal has profound legal, economic, and social implications that deserve to be analyzed from the perspective of labor law.
The first thing to understand is that a wage increase is not merely a linear raise in the worker’s salary. In Bolivia, every additional boliviano in the basic salary generates a series of accessory obligations for the employer, such as: employer contributions, social benefits, bonuses, severance payments, and others, like the Border Subsidy, which is equivalent to 20% of the worker’s basic salary. This practically discourages any formal company from operating in international border areas.
According to calculations based on the last wage increase decreed in 2024 (Supreme Decree 5154), the minimum wage of Bs. 2,500 ended up costing the employer Bs. 3,751 per month — that is, 41.7% more than the base amount.
In this context, a new increase in the minimum wage or the basic salary, without considering the real conditions of the private business sector, significantly raises formal labor costs and directly affects companies’ ability — especially small and medium ones — to maintain their workforce under the current labor regulations.
As a result, many businesses are forced to “informalize” their labor relations in order to survive, failing to meet their social and labor obligations to their dependent workers and often dispensing with social security and even job stability. Far from improving the worker’s conditions, this exposes them to greater vulnerability. Unfortunately, this cycle repeats itself every year: the greater the rigidity and cost of formal employment, the greater the growth of informality — which in Bolivia already exceeds 80%.
Paradoxically, these types of measures contradict the goal of ILO Convention 122, ratified by Bolivia, which obliges the State to promote full, productive, and formal employment. If wage increases are imposed without regard to economic reality, and without parallel policies to ease the burden of labor costs (such as tax incentives or employment subsidies), they will continue to push employers toward informality.
Labor law cannot be merely a vindicative tool. While wage increases largely have a political component — especially when commemorating Labor Day — it is essential to consider the country’s current economic situation: high informality, foreign currency shortages, rising inflation, and increasing fiscal pressure on formal businesses. Decisions on wage policy must align not only with the legitimate aspirations of workers but also with the reality of the private sector. Only then will it be possible for businesses to comply with labor regulations without jeopardizing their own survival — and, above all, without being forced into informal schemes that further undermine Bolivia’s labor market.
Por Paul Aramayo, El Deber:
Un nuevo aumento en el salario mínimo nacional o en el haber básico, sin considerar la situación real del sector empresarial privado, eleva significativamente el costo laboral formal, afectando directamente la capacidad de las empresas —especialmente las pequeñas y medianas— para sostener planillas bajo el régimen laboral vigente.
Cada 1° de mayo se reabre un debate estructural en Bolivia referido al ajuste salarial. Para 2025, la Central Obrera Boliviana ha planteado un incremento del 15% al Salario Mínimo Nacional y del 20% al haber básico. Esta propuesta, más allá del componente político, tiene profundas implicancias legales, económicas y sociales que merecen ser analizadas desde la óptica del derecho laboral.
Lo primero que debe entenderse es que el incremento salarial no solo representa un aumento lineal del sueldo del trabajador. En Bolivia, cada boliviano adicional en el salario básico genera una serie de obligaciones accesorias para el empleador, tales como: aportes patronales, beneficios sociales, primas, indemnizaciones, y otros, como por ejemplo el Subsidio de Frontera, que equivale al 20% del salario básico del trabajador, lo que prácticamente desincentiva a que cualquier empresa formal realice sus operaciones en fronteras internacionales.
Según cálculos basados en el último aumento decretado el 2024 (Decreto Supremo 5154), el salario mínimo de Bs. 2.500 terminó costando al empleador Bs. 3.751 mensuales, es decir, un 41,7% más que el monto base.
En ese marco, un nuevo aumento en el salario mínimo nacional o en el haber básico, sin considerar la situación real del sector empresarial privado, eleva significativamente el costo laboral formal, afectando directamente la capacidad de las empresas —especialmente las pequeñas y medianas— para sostener planillas bajo el régimen laboral vigente.
Como consecuencia, muchas empresas se ven obligadas a “informalizar” sus relaciones laborales para sobrevivir, incumpliendo sus obligaciones socio laborales para con su personal dependiente y prescindiendo en muchos casos de la seguridad social e incluso de la estabilidad laboral. Esto, lejos de mejorar las condiciones del trabajador, lo expone a mayor precariedad. Lamentablemente, este círculo se repite año a año, a mayor rigidez y encarecimiento del empleo formal, mayor crecimiento de la informalidad, que en Bolivia ya supera el 80%.
Paradójicamente, este tipo de medidas contradicen el objetivo del Convenio 122 de la OIT, ratificado por Bolivia, que obliga al Estado a promover empleo pleno, productivo y formal. Si los aumentos salariales se dictan al margen de la realidad económica, sin políticas paralelas que alivien el peso del costo laboral (como incentivos fiscales o subsidios al empleo), seguirán empujando a los empleadores hacia la informalidad.
El derecho laboral no puede ser una herramienta únicamente reivindicativa. Si bien el incremento salarial tiene en gran medida un componente político —especialmente al conmemorarse el Día del Trabajador—, es fundamental considerar la coyuntura económica actual del país: alta informalidad, escasez de divisas, inflación creciente y una presión fiscal cada vez más dura sobre las empresas formales. Las decisiones en materia salarial deben estar alineadas no solo con las aspiraciones legítimas de los trabajadores, sino también con la realidad del sector privado. Solo así será posihble que las empresas cumplan con la normativa laboral sin comprometer su propia existencia y, sobre todo, sin verse obligadas a migrar hacia esquemas informales que precarizan aún más el mercado de trabajo en Bolivia.
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