By William Herrera Áñez, El Dia:
The infiltration of drug trafficking and corruption within the Bolivian police seem to have turned the “verde olivo” into a “threat” to society and the State itself. The way Captain Aldunate Meneses was killed resembles a typical drug cartel execution. What makes this case unique is that he was in charge of security for the Vice Ministry of Interior Regime, led by General Johnny Aguilera. This event adds to several others that have occurred almost simultaneously with similar characteristics. One of the hitmen has even challenged General Johnny Aguilera and appears willing to confront the authority face to face.
About two years ago, another officer was charged with complicity in the murder of two police officers and a civilian near Porongo. He was accused of supplying weapons, uniforms, and FELCN caps to the alleged perpetrators and protecting the hitmen. The main protected individual was Misael Nallar Viveros, who managed to travel by small plane to Beni on the same day before surrendering (or pretending to surrender) to the police. Strangely, the Minister of Government decorated police officer Álvaro Muñoz, who was immediately identified as Nallar’s protector. The case of Sebastián Marset deserves a separate discussion.
Journalist Andrés Gómez revealed that directors of the Special Force to Fight Drug Trafficking (FELCN) were part of the “narco” network. Chiefs of the Vehicle Theft Prevention and Investigation Division (Diprove) were car thieves. Anti-drug police, whose mission is to seize and destroy drugs, allegedly “skimmed” 800 kilos out of 1,200, delivering only 400 kilos. Officers assigned to confiscate equipment from traffickers allowed drug dealers to steal a narco-helicopter.
The former top anti-narcotics chief, Maximiliano Dávila, was extradited to the United States on charges of involvement in international drug trafficking. Former police commanders Oscar Nina and René Sanabria are also facing legal proceedings. The infiltration of drug trafficking into the Bolivian State is evident when high-ranking officers end up involved in the very crime they claim to fight.
In a similar case, albeit in a different time and place, Colombia experienced a comparable situation when the accused was none other than then-presidential candidate—and later president—Ernesto Samper, who was accused of receiving money from drug lord Pablo Escobar for his political campaign.
The level of entanglement, complicity, and protection of drug traffickers by certain authorities in Colombia was so severe that Gabriel García Márquez, author of One Hundred Years of Solitude, summarized it with these words:
“What future is left for fiction literature if a presidential candidate does not realize that his closest advisors are receiving millions of dirty dollars for his campaign? Where accusers are ignored because, amid the many truths they tell, they also mix in many lies. Where the president becomes the accuser of his accusers, arguing that they did receive the money but did not use it in the campaign because they stole it. Where three of his ministers are on the verge of prison for handling money that supposedly never existed and covering up a crime that was never committed. Where several of the fifteen judges judging the president are accused of the same crime they are supposed to judge. Where six parliamentarians are in prison, over twenty are under investigation, the attorney general is jailed, and the comptroller general is accused of illicit enrichment. Where the government has no time to govern, the State is falling apart, and society is divided between those who believe everything and those who believe nothing—without much reason for either. Where, in the end, the imprisoned drug lords accused of funding the campaign discredit the president, his advisors, the country, and everyone else by claiming they never gave a single cent. In such a country—what the hell!—we novelists have no choice but to change professions.”
Jurist and author of several books.
Por William Herrera Áñez, El Dia:
La infiltración del narcotráfico y los hechos de corrupción al interior de la policía boliviana, parecen haber convertido a la “verde olivo” en una “amenaza” para la sociedad y el propio Estado. La forma en que ha muerto el capitán Aldunate Meneses, constituye un típico ajuste de cuentas del narcotráfico. Lo singular del caso es que era el encargado de la seguridad del Viceministerio de Régimen Interior, general Johnny Aguilera. Este hecho se suma a otros que han existidos (casi en simultáneo) con las mismas características. Uno de lo sicarios desafía al general Johnny Aguilera y parece decidido a someterse a un careo con la autoridad.
Hace unos dos años otro oficial fue imputado por el delito de complicidad en el asesinato (de dos policías y un civil en las inmediaciones de Porongo), a quién se le atribuía haber entregado armas, uniformes y gorras de la FELCN a los presuntos autores del crimen, y proteger a los sicarios. El principal protegido era Misael Nallar Viveros, quien pudo trasladarse en avioneta ese mismo día de los hechos al Beni ante de entregarse (o simular entregarse) a la policía. Lo más curioso ha sido que el ministro de gobierno, condecoró al policía Álvaro Muñoz, e inmediatamente fue señalado como el protector de Misael Nallar. El caso Sebastián Marset merece varios comentarios aparte.
El periodista Andrés Gómez estableció que directores de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico (FELCN), eran parte de la banda de los “narcos”. Jefes de la dirección de prevención y robo de vehículos (Diprove), son ladrones de autos. Policías de la fuerza antidroga, cuya misión es incautar droga y destruirla, “voltean” 800 kilos de 1.200 y sólo entregan 400 kilos. Policías de la fuerza antidroga, cuya misión es incautarse equipos a los narcos, dejan robar a los narcotraficantes un narco-helicóptero.
El ex máximo jefe antinarcóticos, Maximiliano Dávila, fue extraditado a los Estados Unidos acusado de estar vinculado con el tráfico internacional de sustancia controladas. También se encuentran procesados los ex comandantes de la policía, Oscar Nina y René Sanabria. La infiltración del narcotráfico en el Estado boliviano se evidencia cuando altos jefes oficiales terminan contaminados con el delito que dicen combatir.
En esta línea, guardando las distancias en tiempo y espacio, en Colombia ocurrió algo parecido donde el denunciado era nada menos que el entonces candidato y después presidente, Ernesto Samper, que fue acusado de recibir dinero del capo Pablo Escobar para su campaña política.
En Colombia tal era el nivel de enredo, complicidad y protección a los narcotraficantes por parte de algunas autoridades, que el autor de “Cien años de soledad”, Gabriel García Márquez, dejó resumido: ¿Qué porvenir puede quedarle a la literatura de ficción si un candidato presidencial no se da cuenta de que sus asesores sagrados reciben millones de dólares sucios para su campaña? Donde los acusadores no se toman en cuenta porque en medio de las muchas verdades que dijeron colocaron también muchas mentiras. Donde el presidente se constituye a su vez en acusador de sus acusadores con el argumento de que estos sí recibieron la plata, pero no la ingresaron en la campaña porque se la robaron. Donde tres de sus ministros están a las puertas de la cárcel por haber manejado un dinero que no existió y encubierto un delito que no se cometió. Donde varios de los quince jueces que juzgan al presidente están acusados del mismo delito que deben juzgar. Donde hay seis parlamentarios en la cárcel y más de veinte investigados, y el procurador está preso y el contralor general acusado de enriquecimiento ilícito. Donde el gobierno no tiene tiempo para gobernar y el Estado está cayéndose a pedazos, y la sociedad está dividida entre los que lo creen todo y los que no creen nada, sin mucho fundamento para lo uno ni lo otro. Donde, al final, los capos presos y acusados de haber dado el dinero sucio dejan sin piso al presidente, a sus asesores, al país y a todo el mundo, porque aseguran que no dieron ni un centavo. En un país así —¡qué carajo!— a los novelistas no nos queda más remedio que cambiar de oficio.
*Jurista y autor de varios libros.
https://eldia.com.bo/2025-02-22/opinion/miradas/la-infiltracion-del-narcotrafico.html
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