By Los Tiempos:
More Than 80 Institutions Demand Justice for Marupa’s Murder
Accused of Marupa’s Death Sent to Prison | APG
Eighty organizations, institutions, and civil society networks, both national and international, demanded yesterday the clarification of the murder of indigenous leader and defender Francisco Marupa. They called for legal sanctions against both the “material and intellectual” perpetrators and urged authorities to “put an end to the actions of criminal groups.”
They recalled that indigenous organizations have linked this crime to ongoing harassment and persecution by land traffickers and illegal mining operators.
They also demanded the effective enforcement of the Escazú Agreement, which establishes protections for environmental defenders.
Additionally, they called for urgent state guarantees to protect at-risk communities, in line with Bolivia’s ratified international commitments.
The Indigenous Central of the Leco People of Apolo (Cipla), which represents over a dozen communities in La Paz’s Franz Tamayo province, argues that this crime is the result of escalating violence in the region, where criminal groups operate with impunity in illegal activities such as mining, deforestation, and land trafficking.
However, since initial investigations have not precisely clarified the events, the national and international organizations that signed the statement demanded an inquiry that goes beyond the direct perpetrator to uncover the intellectual authors “in pursuit of justice and to put an end to the actions of criminal groups.”
On Monday, the judiciary determined that there was sufficient evidence pointing to Julio L.T. as Marupa’s killer and ordered his preventive detention for five months in La Paz’s San Pedro prison.
Senate President Andrónico Rodríguez also addressed the issue, calling for a thorough investigation.
“The murder of Francisco Marupa, 67, from the community of Torewa, is not just another case. It is a crime against a tireless defender of indigenous territory and the environment. We stand in solidarity with the Leco people and, above all, with his family. We demand a rigorous investigation, without cover-ups or contradictions. Justice for Francisco Marupa!” he posted on his social media.
Por Los Tiempos:
Más de 80 instituciones demandan esclarecer la muerte de Marupa
Acusado de muerte de Marupa es enviado a la cárcel. | APG
Ochenta organizaciones, instituciones y redes de la sociedad civil, nacionales e internacionales demandaron ayer el esclarecimiento del asesinato del líder y defensor indígena Francisco Marupa; pidieron una sanción legal contra los responsables “materiales e intelectuales” y exigieron que se“ponga un alto a la acción de grupos criminales”.
Recordaron que las organizaciones indígenas relacionaron este crimen con el asedio permanente y hostigamiento por parte de grupos de traficantes de tierras y operadores de la minería ilegal.
Exigieron además el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú que establece la protección de los defensores ambientales.
Pidieron también garantías estatales urgentes de protección para las comunidades en riesgo, en el marco con los compromisos internacionales ratificados por Bolivia.
La Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (Cipla), que representa a más de una docena de comunidades en la provincia paceña Franz Tamayo, sostiene que el crimen es el resultado de una escalada de violencia en la región, donde grupos criminales operan con impunidad en actividades ilegales como la minería, la tala de árboles y el tráfico de tierras.
Sin embargo, considerando que las primeras indagaciones no han permitido esclarecer los hechos de manera precisa, las organizaciones nacionales e internacionales firmantes exigieron una investigación que vaya más allá del ejecutor y revele a los autores intelectuales “para actuar en justicia y poner un alto a la acción de grupos criminales”.
El lunes, la justicia determinó la existencia de suficientes elementos de convicción que señalaron a Julio L.T., como el homicida de Marupa y dispuso su detención preventiva por cinco meses en la cárcel de San Pedro de La Paz.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, también se refirió sobre el tema y exigió una investigación rigurosa.
“El asesinato de Francisco Marupa, de 67 años, de la comunidad de Torewa, no es uno más. Es un crimen contra un defensor incansable del territorio indígena y del medioambiente. Nos solidarizamos con el pueblo Leco y sobre todo, con su familia. Exigimos una investigación rigurosa, sin encubrimientos ni contradicciones. Justicia para Francisco Marupa!”, publicó en sus redes sociales.
