Editorial, El Deber:
In search of justice, the survivors of the Las Américas hotel murder have initiated legal action against the perpetrators of that crime. Three foreigners were extrajudicially executed and later accused of being terrorists and planning to assassinate former President Evo Morales, which served to build a case against opposition leaders from Santa Cruz, Beni, and Tarija.
To achieve this, the state apparatus constructed a narrative that would gradually unravel over time.
The murder of the three foreigners occurred in the early hours of the morning, but their bodies were not removed from the hotel until 14 hours later. The forensic report was confusing, and another, conducted in Europe on Michael Dwyer, revealed that he had been executed. The two survivors, who were imprisoned in Bolivia, later reported torture by government personnel.
To make the accusations, a key witness was presented who was close to the alleged terrorist cell, but this person later revealed that they had received money from a Ministry of Government official to fabricate the discourse supporting a trial without evidence.
The prosecuting attorney, Marcelo Soza, played his role initially and then fled the country to Brazil, where he stated that the case was fabricated.
Despite everything, the judicial process lasted over 10 years and destroyed the lives of nearly 40 accused individuals, in addition to silencing opposition voices in the country.
In 2020, the case was annulled during the government of Jeanine Áñez, paving the way for a criminal trial against those responsible.
Evo Morales is the main accused, as he admitted to ordering the attack on the Las Américas Hotel. He said this in Caracas, supported by Hugo Chávez, while Álvaro García Linera governed in Bolivia, who is also facing charges.
But there is also a demand for punishment against the material authors, including those who were part of an elite police unit (the Utarc), which carried out the operation and shot the foreigners. Alongside them are police officers and government officials who were complicit in the violation of human rights of all the victims.
Fifteen years have passed since then, and only now has a criminal process been opened in Bolivia. The accusers hope that the government of Luis Arce will ensure that justice is served in this case.
Furthermore, there are complaints in international forums such as the Inter-American Court of Human Rights, as well as in European courts. Moreover, the Bolivian state has already been ordered to pay a multimillion-dollar compensation for the deaths of the foreigners, and the Attorney General’s Office hopes to negotiate because it claims not to have the economic resources.
For Bolivians who witnessed the impunity with which these events unfolded, it will be important for justice to be served and for the truth of the events to be revealed, as it is intolerable for perpetrators to go unpunished.
Behind this case of alleged terrorism, there has been much pain for families and society.
The Bolivian Judiciary must ensure due process, while political forces must not obstruct the pursuit of truth and the punishment of the guilty with the full force of the law.
Editorial, El Deber:
En busca de justicia, los sobrevivientes del asesinato del hotel Las Américas iniciaron una demanda contra los autores de ese crimen. Tres extranjeros fueron ejecutados extrajudicialmente y después los acusaron de ser terroristas y de armar un plan para asesinar al expresidente Evo Morales, lo que sirvió para armar un proceso contra los líderes opositores de Santa Cruz, Beni y Tarija.
Para lograrlo el aparato estatal armó un relato que se iría cayendo a pedazos a medida que pasaba el tiempo.
El asesinato de los tres extranjeros se produjo de madrugada, pero sus cuerpos fueron retirados después de 14 horas del hotel. El informe forense fue confuso y otro, practicado en Europa a Michael Dwyer, revelaba que éste había sido ejecutado. Los dos sobrevivientes, que estuvieron presos en Bolivia, después denunciaron torturas cometidas por personal del Gobierno.
Para acusar, se presentó a un testigo clave que estuvo cerca de la supuesta célula terrorista, pero esta persona después reveló que recibió dinero de un funcionario del Ministerio de Gobierno para esgrimir tal discurso que sostenía con pinzas un juicio sin pruebas.
El fiscal acusador, Marcelo Soza, cumplió el papel en primera instancia y después huyó del país a Brasil, donde dijo que el caso era armado.
Pese a todo, el proceso judicial duró más de 10 años y destrozó la vida de casi 40 acusados, además de acallar las voces opositoras en el país.
El año 2020 el caso fue anulado en el Gobierno de Jeanine Áñez y esto dio pie para que ahora se haya abierto un juicio penal contra los responsables.
Evo Morales es el principal acusado, ya que admitió haber dado la orden para el ataque al Hotel Las Américas. Lo dijo en Caracas, arropado por Hugo Chávez, mientras en Bolivia gobernaba Álvaro García Linera, contra quien también avanza el proceso.
Pero también pide castigo contra los autores materiales, entre ellos los que eran parte de una unidad de élite de la Policía (la Utarc), que ejecutó el operativo y disparó contra los extranjeros. Junto a ellos hay policías y funcionarios del Gobierno que fueron cómplices en la vulneración de los derechos humanos de todas las víctimas.
Han pasado 15 años desde entonces y recién se abrió un proceso penal en Bolivia. Los acusadores esperan que el Gobierno de Luis Arce garantice que se haga justicia en este caso.
Además, hay denuncias en foros internacionales como la Corte Interamericana de Derehos Humanos, así como en tribunales europeos. Es más, ya se ha conminado al Estado boliviano a pagar un resarcimiento millonario por la muerte de los extranjeros y la Procuraduría espera negociar porque asegura que no cuenta con esos recursos económicos.
Para los bolivianos que observaron la impunidad con que se dieron los hechos, será importante que se haga justicia y se llegue a la verdad de los hechos, ya que no es tolerable que se asesine sin que los responsables tengan el castigo que corresponde.
Detrás de este caso de supuesto terrorismo ha habido mucho dolor en familias y en la sociedad.
El Poder Judicial boliviano debe garantizar el debido proceso, mientras que las fuerzas políticas deben ser capaces de no obstruir que se llegue a la verdad y que se sancione a los culpables con todo el peso de la ley.
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-busca-de-justicia-15-anos-despues_363038
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