Gonzalo Colque, Brujula Digital:
Indebting oneself to kick the can down the road
Among the loan agreements granted by international organizations to the national government, one stands out for its high amount. Recently, the Inter-American Development Bank (IDB) disbursed $500 million to finance the “Support Program for Vulnerable Populations Affected by COVID-19 II.” The loan conditions establish a grace period of 10 years, a repayment term of 23 years, and a variable interest rate (SOFR rate). In other words, Bolivia will have to start repaying the loan around the year 2035 and fully settle it by 2058.
The financing is intended for two specific expenses. The first is the so-called “Hunger Relief Bonus” of 1,000 bolivianos, approved during the first year of Luis Arce’s government. The second is for the Dignity Income, which benefits individuals over 60 years old. The details of this debt are quite striking and help to understand the delicate situation of the national economy and the role of international organizations.
Firstly, the IDB finances an expenditure executed before the contract was signed. Decree 4392, approving the hunger relief bonus, was signed on November 13, 2020, and the expenses were executed in the first half of 2021. Although this regulation indeed indicates that financing will be processed through the International Bank for Reconstruction and Development of the World Bank and the IDB, the fact is that the payment for the bonus was made from public funds. Apparently, the government would not have engaged in irregular conduct by borrowing money for a closed expense because, in the end, the IDB authorized the retroactive payment at the time of signing the agreement. The issue lies in whether it is right to incur debt to replenish an executed expense and whether it is justified to finance it. Why use the guise of a social program and reimbursement when in reality the funds are freely available?
Secondly, the other half of the financing ($250 million) allocated for the Dignity Income only amounts to one-third of the annual budget that the government needs to fulfill this obligation. Originally, the law establishes sources of financing for the bonus as 30% of the Direct Tax on Hydrocarbons (IDH) and dividends from state-owned enterprises. However, the IDH is declining, state-owned enterprises are deficit-ridden (except for one or two), and the beneficiary population keeps growing. The law does not provide for paying the income with external debt. Additionally, the IDB would have to finance a similar amount each year if the intention were to sustain the Universal Elderly Income Fund.
These facts explain why public protest against the government’s economic policies is growing. Many of us reproach the use of public funds to fulfill electoral promises such as the hunger relief bonus, but we also overlook that international organizations have equal or greater responsibility in approving loans to fulfill electoral promises. It is understood that international organizations exist to promote development programs and not to assist politicians in trouble for having promised expenses without real backing. On paper, the processes of evaluation and approval of loans look flawless, so one would think that there are filters and quality controls to detect any conflict of interest. The underlying problem is that financing the current economic measures exacerbates the Bolivian economic crisis.
As is public knowledge, the government is desperate to sign more and new loan contracts with international organizations. Obviously, their purpose is to sustain the unsustainable: fuel subsidies, frozen exchange rates, declining oil revenue, dollar shortages; in short, the fiscal deficit.
Consequently, the financing granted by international organizations is supporting the continuation of these policies, whose negative consequences are only being postponed. Kicking the can down the road is not the best option for Bolivia, but the government obviously prefers that a thousand times over because it is not willing to bear the political cost that any economic adjustment would entail.
Indebting oneself to cover past expenses is already a problem in itself; the other problem lies in financing the postponement and exacerbation of the economic crisis.
Endeudarse para patear todo para adelante
Entre los contratos de préstamos otorgados por los organismos internacionales al Gobierno nacional sobresale uno en particular por su elevado monto. Hace poco, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsó 500 millones de dólares para financiar el “Programa de apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por coronavirus II”. Las condiciones del préstamo establecen un periodo de 10 años de gracia, un plazo de amortización de 23 años y una tasa de interés variable (tasa SOFR). En otras palabras, Bolivia deberá comenzar a pagar el préstamo hacia el año 2035 y liquidar para el año 2058.
El financiamiento está destinado para dos gastos específicos. El primero es el llamado “Bono contra el Hambre” de 1.000 bolivianos, aprobado durante el primer año del gobierno de Luis Arce. El segundo es para la Renta Dignidad que beneficia a personas mayores de 60 años. Los pormenores de esta deuda son por demás llamativos y ayudan a entender la situación delicada de la economía nacional y el rol de los organismos internacionales.
Primero, el BID financia un gasto ejecutado antes de la firma del contrato. El decreto 4392 que aprueba el bono contra el hambre fue firmado el 13 de noviembre de 2020 y los gastos se ejecutaron en el primer semestre de 2021. Aunque esta norma, efectivamente, señala que el financiamiento será tramitado ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial y el BID, lo cierto es que el pago del bono se realizó a cuenta de los fondos públicos. Al parecer, el Gobierno no habría incurrido en un hecho irregular al prestarse dinero para un gasto cerrado porque, al final de cuentas, el BID autorizó el pago retroactivo al momento de suscribir el convenio. El problema está en si es correcto endeudarse para reponer un gasto ejecutado y si está bien financiarlo. ¿Por qué se utiliza el disfraz de un programa social y reembolso cuando en realidad los fondos son de libre disponibilidad?
Segundo, la otra mitad del financiamiento (250 millones de dólares) destinado para la Renta Dignidad equivale solamente a la tercera parte del presupuesto anual que el gobierno necesita para cumplir con esta obligación. Originalmente, la ley establece como fuentes de financiamiento del bono el 30% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y los dividendos de las empresas públicas. Pero sucede que el IDH está de caída, las empresas públicas son deficitarias (excepto uno o dos) y la población beneficiaria no para de crecer. La ley no prevé pagar la renta con endeudamiento externo. Además, el BID tendría que financiar cada año un monto similar si la intención fuese sostener el Fondo de la Renta Universal de Vejez.
Estos hechos explican por qué crece la protesta ciudadana en contra de las políticas económicas del Gobierno. Muchos reprochamos el uso de los fondos públicos para cumplir promesas electorales como lo fue el bono contra el hambre, pero también perdemos de vista que los organismos internacionales tienen igual o mayor responsabilidad al aprobar créditos para pagar promesas electorales. Se sobreentiende que los organismos internacionales existen para promover programas de desarrollo y no para auxiliar a los políticos en apuros por haber prometido gastos sin respaldo real. En papel, los procesos de evaluación y aprobación de los créditos lucen impecables, por lo que uno pensaría que existen filtros y controles de calidad para detectar cualquier conflicto de intereses. El problema de fondo está en que financiar las medidas económicas vigentes es alimentar el agravamiento de la crisis económica boliviana.
Como es de conocimiento público, el Gobierno está más que desesperado por firmar más y nuevos contratos de créditos con los organismos internacionales. Obviamente, su propósito es sostener lo insostenible: la subvención a los combustibles, el tipo de cambio congelado, la caída de la renta petrolera, la escasez del dólar; en suma, el déficit fiscal.
En consecuencia, los financiamientos otorgados por los organismos internacionales están respaldando la vigencia de estas políticas, cuyas consecuencias negativas solo están siendo aplazadas en el tiempo. Patear todo para adelante no es la mejor opción para Bolivia, pero el gobierno obviamente prefiere mil veces eso, porque no está dispuesto a pagar el costo político que implicaría cualquier reajuste económico.
Endeudarse para cubrir gastos pasados ya es un problema en sí mismo; el otro radica en financiar el aplazamiento y agravamiento de la crisis económica.
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