By El Diario:
Analyst Álvaro Ríos in an interview with EL DIARIO
The oil crisis reopens the subsidy issue, strains dollar reserves, and exposes structural flaws in YPFB and Bolivia’s fuel logistics.
Analyst and former Minister of Hydrocarbons Álvaro Ríos, in an interview with EL DIARIO, warned that Bolivia must react “immediately” to the rise in oil prices caused by the war between the United States and Iran, because the country “has no room” to sustain frozen domestic prices without reactivating subsidies and putting even more pressure on dollar reserves.
According to Ríos, the first step is for the Government to “speak clearly” to the population and acknowledge the real impact of the global energy crisis, following examples such as Chile, where its president called for energy efficiency and reduced fuel consumption.
The former authority proposed carrying out open campaigns so that users minimize the use of gasoline and diesel, accompanied by demand management measures, such as temporary license-plate-based driving restrictions in large cities, to contain consumption in a context in which Bolivia imports more than 90% of its diesel and more than half of the gasoline it consumes.
Ríos recalled that the pricing scheme that eliminated subsidies was designed with a reference oil price close to 64–65 dollars per barrel, but the war in the Middle East pushed international prices above 90 dollars, which in practice reopened a gap between import costs and the regulated domestic price.
“Currently, the price of gasoline in Bolivia remains around 6.96 bolivianos per liter, well below the level a private importer would pay and below neighboring markets such as Peru, where the price per liter far exceeds that value at the current exchange rate. We have become accustomed to the subsidy,” Ríos warned. He cautioned that maintaining it with high oil prices could lead to greater difficulties in obtaining foreign currency and to recurring shortages at gas stations.
He also questioned how the Government has handled the recent “destabilized” gasoline crisis. Two months after the problem began, he says, “there has been no capacity to resolve it,” and he even suggested that within Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) there could be officials who “sabotage” management, since personnel from the previous state administration were retained.
Ríos criticized that, despite official statements about a “hidden hand,” there are still no formal accusations or identified culprits, which, in his view, keeps the real causes of the disorder in the supply chain opaque.
From a structural perspective, Ríos argues that the precarious situation in hydrocarbons is inherited from the governments of the Movement for Socialism (MAS) and is now reflected in risks of shortages, the reappearance of smuggling, the return of subsidies, and an increasing fiscal deficit.
He warned that, with a growing gap between domestic and international prices, fuel smuggling to neighboring countries once again becomes an attractive business, worsening the drain on foreign currency that the country is already facing.
Por El Diario:
Analista Álvaro Ríos en entrevista con EL DIARIO
Crisis del petróleo reabre la subvención, tensiona las reservas de dólares y expone fallas estructurales en YPFB y la logística de combustibles en Bolivia.
El analista y exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, en entrevista con EL DIARIO advirtió que Bolivia debe reaccionar “de inmediato” ante el alza del petróleo provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán, porque el país “no tiene margen” para sostener precios internos congelados sin reactivar la subvención y presionar aún más las reservas de dólares.
Según Ríos, el primer paso es que el Gobierno “hable claro” con la población y reconozca el impacto real de la crisis energética global, siguiendo ejemplos como Chile, donde su presidente pidió eficiencia energética y reducción del consumo de combustibles.
La exautoridad planteó realizar campañas abiertas para que los usuarios minimicen el uso de gasolina y diésel, acompañadas de medidas de gestión de la demanda, como restricciones temporales a la circulación por placa en las grandes ciudades, para contener el consumo en un contexto en el que Bolivia importa más del 90% del diésel y más de la mitad de la gasolina que consume.
Ríos recordó que el esquema de precios que eliminó la subvención, se diseñó con un petróleo de referencia cercano a 64–65 dólares por barril, pero la guerra en Oriente Medio empujó la cotización internacional por encima de 90 dólares, lo que en la práctica reabrió una brecha entre el costo de importación y el precio interno regulado.
“En la actualidad, el litro de gasolina en Bolivia se mantiene en torno a 6,96 bolivianos, muy por debajo del nivel que pagaría un importador privado y por debajo de mercados vecinos como Perú, donde el litro supera ampliamente ese valor al tipo de cambio vigente. Nos hemos acostumbrado al subsidio”, alertó Ríos. Advirtió que sostenerlo con un petróleo de precio alto puede derivar en más dificultades para conseguir divisas y en desabastecimientos recurrentes en los surtidores.
Cuestionó, además, la forma en que el Gobierno ha manejado la reciente crisis de gasolina “desestabilizada”. A dos meses del inicio del problema, afirma, “no hubo ninguna capacidad de solucionarlo” y sugirió incluso que dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) podría haber funcionarios que “boicotean” la gestión, debido a que se mantuvo a funcionarios de la anterior administración estatal.
Ríos criticó que, pese a los discursos oficiales sobre una “mano negra”, no exista hasta ahora ninguna acusación formal ni responsables identificados, lo que, a su juicio, mantiene en la opacidad las verdaderas causas del desorden en la cadena de suministro.
Desde una perspectiva estructural, Ríos sostiene que la situación precaria en materia de hidrocarburos es heredada de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y que ahora se expresa en riesgo de desabastecimiento, reaparición del contrabando, retorno de los subsidios y aumento del déficit fiscal.
Alertó que, con una brecha creciente entre precios internos e internacionales, el contrabando de combustibles hacia países vecinos vuelve a ser un negocio atractivo y agrava la sangría de divisas que ya enfrenta el país.
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