Por Oscar Antezana Malpartida:

El Perú volvió a cambiar de presidente el pasado miércoles 18. Con el nuevo mandatario, ya son ocho en apenas diez años. Horas después de su elección, el presidente Paz dirigió un mensaje a la Nación a sus primeros 100 días de gestión. La pregunta flotó en el ambiente: ¿por qué a esa hora, casi a contracorriente de la atención pública? ¿Porque el contenido era previsible, cargado de retórica y promesas en tiempo futuro? ¿Porque confirmaba, una vez más, la ausencia de un plan de gobierno coherente y articulado?

Resido en Perú desde hace casi dos décadas. He observado sus avances, retrocesos y permanentes crisis políticas. Comparo inevitablemente su experiencia con la de Bolivia. Hay similitudes históricas y estructurales, pero también diferencias decisivas. En medio de la inestabilidad peruana, emergen al menos tres lecciones inmediatas que Bolivia haría bien en analizar con serenidad y sentido estratégico.

La primera lección es institucional y económica: la independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Su presidente asumió el cargo en 2006, durante el segundo gobierno de Alan García, y desde entonces ha conducido con solvencia técnica la política monetaria y cambiaria. En más de dos décadas, el BCRP se ha mantenido como un órgano autónomo del Ejecutivo, tal como establece la Constitución. El episodio más ilustrativo ocurrió durante el gobierno de Pedro Castillo. Cuando intentó remover al presidente del BCRP, la reacción de los mercados fue inmediata: el tipo de cambio saltó de 3,5 soles por dólar a más de 4,1 en cuestión de horas. El mensaje fue inequívoco. Castillo retrocedió al día siguiente y la moneda se estabilizó en torno a 3,6 soles. Fue una demostración contundente de que la credibilidad institucional no es un concepto abstracto: se traduce en estabilidad cambiaria, control inflacionario y confianza ciudadana. Los datos son elocuentes. En 2025, la inflación en Perú fue de 1,4%, frente a más de 20% en Bolivia. Las reservas internacionales superaron los US$90 mil millones, cerca del 30% del PIB; en Bolivia rondan los US$3,7 mil millones, apenas el 6% del PIB. El déficit fiscal peruano se situó en 2,2% del PIB, mientras que el boliviano se aproxima al 13%. Y la economía peruana creció 3,4%, frente a una estimación negativa cercana al 2% en Bolivia. La lección es clara: cuando el Banco Central es percibido como independiente y profesional, la economía se blinda, en buena medida, de los vaivenes políticos, y del financiamiento inorgánico del déficit y desangre de las reservas internacionales.

La segunda lección es institucional y jurídica. Perú arrastra serias falencias en su sistema de justicia, como buena parte de América Latina. Sin embargo, pese a la corrupción y las presiones políticas, la justicia aún funciona en momentos críticos. La libertad de expresión y el escrutinio constante de la prensa han jugado un rol clave para mantener activa la vigilancia ciudadana. El caso de Pedro Castillo vuelve a ser ilustrativo. Tras su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, cuando se dirigía a la Embajada de México en busca de asilo, la Fiscal de la Nación ordenó su detención inmediata. El Ejército y la Policía acataron la Constitución. No es algo que pasa cada día, pero fue un mensaje institucional contundente: las fuerzas del Estado se deben a la Constitución y no al presidente de turno. Es más, en las últimas tres décadas, seis expresidentes peruanos han enfrentado procesos judiciales y prisión. En los próximos meses, la justicia enfrentará una nueva prueba: el actual mandatario, vinculado políticamente al partido de Castillo, ha expresado su intención de indultarlo. El desenlace político está por verse, pero en el ámbito económico el mercado sigue su curso normal y el tipo de cambio no se ha movido. Existe, además, la conciencia política de que en julio próximo habrá un nuevo presidente elegido por voto popular.

La tercera lección es cultural y económica. Más allá de la turbulencia política, la sociedad peruana ha internalizado la importancia del crecimiento, la estabilidad y la apertura económica. Ese aprendizaje no cayó del cielo; es fruto de décadas de reformas, crisis superadas y consensos acumulados. Se ha infiltrado en la cultura productiva del país. La inversión privada en 2025 alcanzó los US$50 mil millones, de los cuales 80% corresponde a capital nacional. En Bolivia, las cifras son opacas; estimaciones externas sugieren apenas US$150 millones en inversión extranjera y US$200 millones en inversión nacional. Las exportaciones peruanas superaron los US$90 mil millones, casi diez veces más que las bolivianas. Perú ha superado a Argentina y se ubica detrás de Brasil y México, muy cerca de Chile. El orgullo nacional peruano se apoya en resultados concretos: su gastronomía reconocida mundialmente, el liderazgo global en exportación de arándanos y palta, su producción de oro y plata entre las primeras del mundo. Existe una alianza tácita —no exenta de tensiones— entre trabajadores y empresarios para defender la empresa privada y el empleo. El Estado, con altibajos, ha mantenido políticas económicas relativamente estables a lo largo de distintos gobiernos.

Frente a este panorama, surgen preguntas inevitables para Bolivia. ¿Por qué el gobierno boliviano no se ha restituido la independencia plena del Banco Central o porqué no se ha anunciado, con claridad y credibilidad, que no se recurrirá al financiamiento monetario del déficit? ¿Por qué el Ejecutivo y el Legislativo no han, ni siquiera, iniciado reformas serias y visibles del sistema judicial? ¿Por qué no se han cerrado las decenas de empresas estatales deficitarias que drenan recursos públicos? ¿Por qué no se ha iniciado una campaña masiva para recuperar nuestros valores liberales pisoteados 20 años por el MAS? 

Ninguna de estas acciones requiere recursos extraordinarios ni complejas negociaciones internacionales. No es necesario reinventar la pólvora: basta con adaptar reformas exitosas de países vecinos. Las diferencias clave son institucionales. Lo que sí se necesita es visión estratégica y coraje político.