By German Huanca, Facebook:
I support a #LawAgainstBlockades
- Roads are public goods, though not perfectly so. In economic theory terms, they can be classified as impure public goods or common-use goods because they allow the movement of goods, services, and people, enabling citizens to fully carry out their economic, social, and productive activities.
- Under normal conditions, roads exhibit low rivalry in consumption: one person’s use of a road does not prevent or significantly reduce another’s use. This assumption only weakens in exceptional situations like peak hours or bottlenecks, where congestion occurs.
- Likewise, roads are non-excludable: it is neither efficient nor desirable to prevent someone from using them, even if they do not pay directly. Although tolls or administrative sanctions exist, general access remains, and the system continues to function.
- Because of these characteristics, roads resemble other public goods such as street lighting, public security, or national defense: infrastructures whose economic and social value depends on collective and continuous use.
- The moment a group begins to interfere with or obstruct a road, these fundamental economic properties are destroyed. The good ceases to be non-excludable and, de facto, comes under the control of a specific group through coercion.
- It is true that a State can build private roads or grant concessions to private operators, turning them into private or club goods, where access is regulated by explicit fees. However, this is not the case for the main strategic roads that connect the national territory.
- Roads that link cities and departments, even if they have tolls, functionally behave as public goods and constitute a crucial infrastructure for the economy, supply chains, health, education, and territorial cohesion.
- In Bolivia, no citizen is excluded from using a public road, except when a blockade occurs. A blockade introduces artificial, arbitrary, and violent exclusion that does not come from the State or the law but from de facto control exercised by a group.
- Economically, a blockade illegitimately privatizes a public good by imposing an “admission right” or an absolute prohibition on the rest of society. This generates massive economic losses, affects fundamental rights, and violates the principle of free movement.
- Faced with this, the State, as administrator of the public good, has only two coherent options:
a) Explicitly transform the road into a private good through a concession and regulated fees (which is not the case), or
b) Ensure its continuity as a public good, prohibiting and sanctioning any form of obstruction. - For these economic, institutional, and social reasons—leaving aside technical nuances—roads are public goods, and blockades constitute a serious distortion of economic order and the rule of law.
For all these reasons, I support a #LawAgainstBlockades.
Por Germán Huanca, Facebook:
Yo apoyo una #LeyContraBloqueos
1) Las carreteras constituyen bienes públicos, aunque no completamente puros. En términos de la teoría económica, se las puede clasificar como bienes públicos impuros o bienes de uso común, debido a que permiten la circulación de bienes, servicios y personas, y hacen posible que los ciudadanos desarrollen plenamente sus actividades económicas, sociales y productivas.
2) En condiciones normales, las carreteras presentan baja rivalidad en el consumo: el uso de una carretera por una persona no impide ni reduce significativamente el uso por parte de otra. Este supuesto se debilita únicamente en situaciones excepcionales como las horas pico o cuellos de botella, donde aparece congestión.
3) Asimismo, las carreteras son no excluibles: no resulta eficiente —ni deseable— excluir a una persona de su uso, aun cuando no pague directamente por él. Aunque existen peajes o sanciones administrativas, el acceso general se mantiene y el sistema sigue funcionando.
4) Por estas características, las carreteras se asemejan a otros bienes públicos como el alumbrado público, la seguridad ciudadana o la defensa nacional: infraestructuras cuyo valor económico y social depende de su uso colectivo y continuo.
5) El momento en que un grupo comienza a interferir u obstaculizar una carretera, se destruyen esas propiedades económicas fundamentales. El bien deja de ser no excluible y pasa, de facto, a ser controlado por un grupo específico mediante coerción.
6) Es cierto que un Estado puede construir carreteras privadas o concesionarlas a operadores privados, convirtiéndolas en bienes privados o bienes club, donde el acceso se regula mediante tarifas explícitas. Sin embargo, ese no es el caso de las carreteras troncales y estratégicas que articulan el territorio nacional.
7) Las carreteras que conectan ciudades y departamentos, aun cuando tengan peajes, se comportan funcionalmente como bienes públicos y constituyen una infraestructura neurálgica para la economía, el abastecimiento, la salud, la educación y la cohesión territorial.
8.) En Bolivia, ningún ciudadano es excluido del uso de una carretera pública, salvo cuando existe un bloqueo. El bloqueo introduce una exclusión artificial, arbitraria y violenta que no emana del Estado ni de la ley, sino del control de facto ejercido por un grupo.
9) En términos económicos, un bloqueo privatiza ilegítimamente un bien público, imponiendo un “derecho de admisión” o una prohibición absoluta al resto de la sociedad. Esto genera pérdidas económicas masivas, afecta derechos fundamentales y rompe el principio de libre circulación.
10) Frente a ello, el Estado, como administrador del bien público, tiene solo dos opciones coherentes:
a) Transformar explícitamente la carretera en un bien privado mediante concesión y cobro regulado (lo cual no es el caso), o
b) Garantizar su continuidad como bien público, prohibiendo y sancionando cualquier forma de obstrucción.
11) Por estas razones económicas, institucionales y sociales —salvando los matices técnicos— las carreteras son bienes públicos, y su bloqueo constituye una distorsión grave del orden económico y del Estado de derecho.
Por todo lo anterior, yo apoyo una #LeyContraBloqueos.
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