By Opinion:
Pesticides and food: an urgent challenge for health and food sovereignty in Bolivia
In Bolivia, the importation and use of highly hazardous agrotoxins continue to be allowed, many of which are banned in other countries due to their serious effects on human health and ecosystems.
On January 7, 2026, the French government announced, through a decree published in its Official Journal, the suspension of imports of agricultural products treated with fungicides and herbicides whose use is prohibited in the European Union, as a firm measure to protect the health of its population and the environment.
In contrast, in Bolivia we continue to allow the importation and use of highly hazardous agrotoxins, many of them banned in other countries due to their serious effects on human health and ecosystems.
This reality not only contaminates soils and water sources, but also directly puts at risk the health of those who produce food and of those of us who consume it daily.
Various national studies warn about the persistent and uncontrolled use of prohibited or restricted pesticides. Research conducted by the Gabriel René Moreno University (Santa Cruz), the UMSA through the Toxicological Genetics Unit of the Institute of Genetics, the Bolivian Catholic University, and the GTCCJ shows that, in recent years, there has been a considerable increase in cultivated area associated with the intensive use of pesticides, mainly linked to the agroindustrial model.
According to data from the IBCE (2020) and foreign trade, the most imported pesticides in Bolivia are glyphosate, followed by paraquat, atrazine, and 2,4-D, among others. According to PROBIOMA, over the last twenty years the country increased its imports of agrochemicals by 500%, which demonstrates a growing and troubling dependence on external inputs in agricultural production.
Most alarming is that this increase in pesticide use does not translate into significant improvements in crop yields per hectare. On the contrary, it generates greater environmental impacts, soil degradation and desertification, as well as the incidence of diseases associated with exposure to these substances. Who bears the costs of this productive model? Producer families, the urban and rural population, and future generations.
Faced with this scenario, the country has a solid foundation to strengthen a model of sustainable and agroecological agriculture, driven by numerous producers in various regions, articulated in spaces such as the National Soil Platform. The successful experiences already in place demonstrate that it is possible to move toward healthier production systems that are respectful of the environment. In this context, agroecological food systems are projected as a real, viable, and strategic alternative to build a more just and sustainable food future.
Within this framework, the recent approval of the National Agroecology Strategy, through Ministerial Resolution No. 304 (September 2025), represents a key opportunity that must be assumed responsibly by decision-makers. Its implementation will make it possible to guarantee healthy food, produced in healthy soils, with clean water and uncontaminated seeds; in addition to promoting biodiversity, strengthening food security and sovereignty, facilitating access to fairer markets, and enabling subnational entities to design territorial policies, programs, and projects with an agroecological approach.
Por Opinión:
Plaguicidas y alimentos: un desafío urgente para la salud y la soberanía alimentaria en Bolivia
En Bolivia se continúa permitiendo la importación y el uso de agrotóxicos altamente peligrosos, muchos de ellos prohibidos en otros países debido a sus graves efectos sobre la salud humana y los ecosistemas.
El pasado 7 de enero de 2026, el Gobierno francés anunció, mediante un decreto publicado en su Diario Oficial, la suspensión de las importaciones de productos agrícolas tratados con fungicidas y herbicidas cuyo uso está prohibido en la Unión Europea, como una medida firme para proteger la salud de su población y el medio ambiente.
En contraste, en Bolivia seguimos permitiendo la importación y el uso de agrotóxicos altamente peligrosos, muchos de ellos prohibidos en otros países debido a sus graves efectos sobre la salud humana y los ecosistemas.
Esta realidad no solo contamina los suelos y las fuentes de agua, sino que pone en riesgo directo la salud de quienes producen los alimentos y de quienes los consumimos a diario.
Diversas investigaciones nacionales alertan sobre el uso persistente e incontrolado de plaguicidas prohibidos o restringidos. Estudios realizados por la Universidad Gabriel René Moreno (Santa Cruz), la UMSA a través de la Unidad de Genética Toxicológica del Instituto de Genética, la Universidad Católica Boliviana y el GTCCJ evidencian que, en los últimos años, se ha producido un incremento considerable de la superficie cultivada asociada al uso intensivo de plaguicidas, principalmente vinculado al modelo agroindustrial.
Según datos del IBCE (2020) y del comercio exterior, los plaguicidas más importados en Bolivia son el glifosato, seguido del paraquat, la atrazina y el 2,4-D, entre otros. De acuerdo con PROBIOMA, en los últimos veinte años el país incrementó la importación de agroquímicos en un 500 %, lo que demuestra una creciente y preocupante dependencia de insumos externos en la producción agrícola.
Lo más alarmante es que este aumento en el uso de plaguicidas no se traduce en mejoras significativas sobre el rendimiento de cultivos por hectárea. Por el contrario, genera mayores impactos ambientales, degradación y desertificación de suelos, así como la incidencia de enfermedades asociadas a la exposición a estas sustancias. ¿Quién asume los costos de este modelo productivo? Las familias productoras, la población urbana y rural, y las futuras generaciones.
Frente a este escenario, el país cuenta con una base sólida para fortalecer un modelo de agricultura sostenible y agroecológica, impulsado por numerosas productoras y productores en diversas regiones, articulados en espacios como la Plataforma Nacional de Suelos. Las experiencias exitosas ya existentes demuestran que es posible avanzar hacia sistemas productivos más saludables y respetuosos con el ambiente. En este contexto, los sistemas alimentarios agroecológicos se proyectan como una alternativa real, viable y estratégica para construir un futuro alimentario más justo y sostenible.
En este marco, la reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Agroecología, mediante la Resolución Ministerial N.º 304 (septiembre de 2025), representa una oportunidad clave que debe ser asumida con responsabilidad por los tomadores de decisión. Su implementación permitirá garantizar alimentos saludables, producidos en suelos sanos, con agua limpia y semillas no contaminadas; además de promover la biodiversidad, fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, facilitar el acceso a mercados más justos y habilitar a las entidades subnacionales a diseñar políticas, programas y proyectos territoriales con enfoque agroecológico.
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