By Carolina Gutiérrez, Daniel A. Witt, Brújula Digital:
Taxes: the next step in Bolivia’s reforms
The underlying question is whether the country can build a simpler, more predictable, and less arbitrary system. If it succeeds, tax reform could become an important piece of a broader strategy of formalization, investment, and growth.

One of the offices of the National Tax Service in the city of La Paz. Photo ABI.
The past few months have marked an important shift in the Bolivian economy. The partial lifting of fuel subsidies and the price adjustments have opened a new stage of reforms. If the goal is to attract investment and reactivate growth, one of the central discussions should not be limited to subsidies or prices; it should also include, as a priority, tax reform.
Public debate about taxes is often reduced to whether rates are high or low. But an effective tax reform covers something broader: clear rules, simple procedures, less administrative discretion, and greater predictability for those who produce, invest, and work in the formal economy. In other words, how much is charged matters, but so does how it is charged.
In Bolivia, that point is especially relevant. A tax system that is complex, slow, or perceived as arbitrary not only discourages investment; it also pushes many small businesses to remain outside the formal economy. For that reason, transparency and simplification can be just as important as a possible reduction in tax rates. Digitalization, better procedures, and a more professional tax administration can help reduce opportunities for corruption and improve the relationship between the State and taxpayers.
Along those lines, several of the announced measures point in the right direction. The SIETE regime, for example, seeks to integrate small enterprises through a simpler scheme: a single bimonthly payment on gross sales, instead of several separate taxes. Its value does not lie only in collecting more revenue, but in facilitating formalization and, with it, access to credit and greater opportunities for growth.
It is also important that there is an intention to shorten audit periods and accelerate the resolution of tax disputes. For any taxpayer—and even more so for an investor—prolonged uncertainty amounts to an additional cost. A system that resolves issues more quickly and with clearer rules can improve the economic climate just as much as a fiscal incentive.
The proposal to reduce the effective VAT rate also deserves attention. It could help simplify the system and lower some of the costs of operating formally. However, its effects will depend on how it is implemented and whether it forms part of a coherent fiscal strategy. Tax relief can be useful, but it does not replace the need to preserve sufficient revenues to finance the essential functions of the State.
The link with hydrocarbons and minerals is also key. If Bolivia seeks to reactivate capital-intensive sectors, it needs a more competitive and predictable fiscal framework. In a demanding international context, a structure that relies excessively on fixed royalties and early-stage taxes can discourage new investment. Reforming the tax system, therefore, is not only an administrative matter; it is also a signal about the type of economy the country wants to build.
None of this is without costs. Transitions generate tensions, affect family incomes, and require credible compensation for the most vulnerable sectors. For that reason, the viability of reforms will depend not only on their economic logic, but also on their social and political legitimacy.
Ultimately, the tax discussion in Bolivia should not be reduced to whether more or less is collected. The underlying question is whether the country can build a simpler, more predictable, and less arbitrary system. If it succeeds, tax reform could become an important piece of a broader strategy of formalization, investment, and growth.
Daniel A. Witt is president of the International Tax and Investment Center (ITIC); Carolina Gutiérrez is president of the Taxation Commission, International Chamber of Commerce–Bolivia (ICC-Bolivia).
Por Carolina Gutiérrez, Daniel A. Witt, Brújula Digital:
Impuestos: el siguiente paso en las reformas de Bolivia|
La pregunta de fondo es si el país puede construir un sistema más simple, más predecible y menos arbitrario. Si lo logra, la reforma tributaria puede convertirse en una pieza importante de una estrategia más amplia de formalización, inversión y crecimiento.

Una de las oficinas de Impuestos Nacionales en la ciudad de La Paz. Foto ABI. Archivo.
Los últimos meses han marcado un giro importante en la economía boliviana. El levantamiento parcial de la subvención a los combustibles y el reajuste de precios abrieron una nueva etapa de reformas. Si el objetivo es atraer inversión y reactivar el crecimiento, una de las discusiones centrales no debería limitarse a los subsidios o a los precios: también debería incluir, de manera prioritaria, la reforma tributaria.
Con frecuencia, el debate público sobre impuestos se reduce a si las tasas son altas o bajas. Pero una reforma tributaria eficaz abarca algo más amplio: reglas claras, trámites simples, menor discrecionalidad administrativa y mayor previsibilidad para quienes producen, invierten y trabajan en la formalidad. En otras palabras, importa cuánto se cobra, pero también cómo se cobra.
En Bolivia, ese punto es especialmente relevante. Un sistema tributario complejo, lento o percibido como arbitrario no solo desalienta la inversión; también empuja a muchos pequeños negocios a permanecer fuera de la economía formal. Por eso, la transparencia y la simplificación pueden ser tan importantes como una eventual reducción de tasas. La digitalización, mejores procedimientos y una administración tributaria más profesional pueden ayudar a reducir espacios de corrupción y a mejorar la relación entre el Estado y el contribuyente.
En esa línea, varias de las medidas anunciadas apuntan en la dirección correcta. El régimen SIETE, por ejemplo, busca integrar a pequeños emprendimientos mediante un esquema más simple: un solo pago bimensual sobre ventas brutas, en lugar de varios tributos separados. Su valor no radica solo en recaudar más, sino en facilitar la formalización y, con ella, el acceso a crédito y a mayores posibilidades de crecimiento.
También es importante la intención de acortar los plazos de auditoría y acelerar la resolución de disputas tributarias. Para cualquier contribuyente –y más aún para un inversionista– la incertidumbre prolongada equivale a un costo adicional. Un sistema que resuelve más rápido y con reglas más claras puede mejorar el clima económico tanto como un incentivo fiscal.
La propuesta de reducir la tasa efectiva del IVA también merece atención. Podría contribuir a simplificar el sistema y a bajar algunos costos de formalidad. Sin embargo, sus efectos dependerán de cómo se implemente y de si forma parte de una estrategia fiscal coherente. El alivio tributario puede ser útil, pero no reemplaza la necesidad de preservar ingresos suficientes para financiar funciones esenciales del Estado.
El vínculo con hidrocarburos y minerales también es clave. Si Bolivia busca reactivar sectores intensivos en capital, necesita un marco fiscal más competitivo y predecible. En un contexto internacional exigente, una estructura apoyada excesivamente en regalías fijas e impuestos tempranos puede desalentar nuevas inversiones. Reformar el sistema tributario, por tanto, no es solo una cuestión administrativa: también es una señal sobre el tipo de economía que el país quiere construir.
Nada de esto está exento de costos. Las transiciones generan tensiones, afectan ingresos familiares y exigen compensaciones creíbles para los sectores más vulnerables. Por eso, la viabilidad de las reformas no dependerá solo de su lógica económica, sino también de su legitimidad social y política.
En última instancia, la discusión tributaria en Bolivia no debería reducirse a si se cobra más o menos. La pregunta de fondo es si el país puede construir un sistema más simple, más predecible y menos arbitrario. Si lo logra, la reforma tributaria puede convertirse en una pieza importante de una estrategia más amplia de formalización, inversión y crecimiento.
Daniel A. Witt es presidente del Centro Internacional de Impuestos e Inversión (ITIC, siglas en inglés); Carolina Gutiérrez, es presidenta, Comisión de Tributación, Cámara Internacional de Comercio-Bolivia (ICC-Bolivia).
