By Francesco Zaratti:
The energy policy of the last 20 years has emptied both the gas fields and the vaults of the Central Bank. The consequences are: a drain on foreign currency due to fuel imports—partially controlled by the price adjustments under Supreme Decree 5516; the risk of having to import gas in the short term, especially to continue generating thermoelectric power; and the weakness of the Bolivian currency, currently mitigated through fresh loans from international organizations.
The current government’s objective is to reverse both trends: to discover new hydrocarbon deposits by attracting venture capital and to stabilize the exchange rate.
In this context, positive news has emerged regarding the DMO-X3 well, operated by Petrobras, which reportedly has a potential (to be confirmed) of approximately 2 TCF. The bad news is that this well is located within the “area of influence” (though not inside) the Tariquía National Reserve, located in the department of Tarija, covering nearly 250,000 hectares.
Therefore, the dilemma facing the new government is whether to allow exploration and eventual exploitation of hydrocarbons in this “area of influence” to increase gas production and improve national (and Tarija’s) finances, or to halt the oil operation to avoid potential environmental damage and harm to the indigenous and peasant populations living there.
It is necessary to clarify that the current government inherited this dilemma and the service contract (approved at all levels); thus, in respect of legal certainty, the principle of administrative continuity of legal acts applies. On the other hand, the project faces widespread civic and environmental opposition. Finding a balance in this dilemma is not easy, nor is it helped by the emergence of counterproductive “defenders of Tariquía.” However, there is no other path than to honestly analyze the issue in all its dimensions, setting aside threats and blackmail from both sides.
This is precisely what Javier Aliaga Lordemann, a research economist at INESAD (Institute for Advanced Development Studies), has just done in a study published in Bulletin Síntesis No. 49 of that prestigious institution. I recommend reading it for its solid arguments, notwithstanding a few technical inaccuracies.
Key Points of Interest
* Risk Assessment: Undoubtedly, the well in question is located outside the Tariquía Reserve, but this does not guarantee the absence of risks in drilling operations or eventual exploitation and production evacuation. To evaluate these risks—which the Bulletin details—there are environmental studies, the respective licenses, and consultations with local residents. All of this has been completed; the only suggestion would be an audit to verify that procedures were handled correctly, given YPFB’s lack of transparency in the past.
* Destiny of Production: Based on the limited information available, this is a significant discovery, but not a “mega-field.” Even so, the destination of the production presents another dilemma: should it be consumed primarily in the domestic market (thermoelectric plants, first and foremost) to delay gas imports, or should it be exported to obtain foreign currency and royalties?
In reality, within the framework of the energy transition, this is a false dilemma. I fully share the Bulletin’s sensible suggestion: prioritize exports, bring energy costs in line with reality, and reduce gas dependency in electricity generation by turning to Bolivia’s abundant renewable sources.
https://fzaratti.blog/en/2026/01/15/the-dilemmas-of-tariquia/
Por Francesco Zaratti:
La política energética de los últimos 20 años ha vaciado los campos de gas y las bóvedas del Banco Central. Las consecuencias son: el derrame de divisas por la importación de carburantes, parcialmente controlado con el reajuste de precios del DS 5516; el riesgo de tener que importar gas a corto plazo, máxime para seguir generando termoelectricidad; y la debilidad de la moneda boliviana, aliviada mediante préstamos frescos de organismos internacionales.
El propósito del actual gobierno es revertir ambas tendencias: descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos, atrayendo capitales de riesgo, y estabilizar el tipo de cambio.
En este contexto, ha surgido la buena noticia del pozo DMO-X3, operado por Petrobras, que tendría una potencialidad (por confirmar) de unos 2 TCF. La mala noticia es que ese pozo se encuentra en el “área de influencia” (aunque no al interior) de la Reserva Nacional de Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija, sobre casi 250 mil hectáreas.
Por tanto, el dilema que se presenta al nuevo gobierno es permitir explorar y eventualmente explotar hidrocarburos en esa “área de influencia”, para incrementar la producción de gas y mejorar las finanzas del país (y de Tarija), o frenar esa operación petrolera para evitar posibles daños al ambiente y perjuicios a las poblaciones indígenas y campesinas que habitan ahí.
Es necesario aclarar que el actual gobierno ha heredado ese dilema y el contrato de servicios (aprobado en todas las instancias), de modo que, en el respeto de la seguridad jurídica, rige la continuidad administrativa de los actos legales. Por otro lado, el proyecto está enfrentando una amplia oposición cívica y ambientalista. Encontrar un equilibrio en este dilema no es fácil, ni ayuda la aparición de contraproducentes “defensores de Tariquía”, pero no hay otro camino que analizar con honestidad el tema en todas sus dimensiones, dejando de lado amenazas y chantajes, de ambos lados.
Eso es precisamente lo que acaba de hacer Javier Aliaga Lordemann, economista investigador del INESAD (Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo) en un estudio publicado en el Boletín Síntesis No. 49 de esa prestigiosa institución, estudio que recomiendo para su lectura por los sólidos argumentos, al margen de algunas imprecisiones técnicas, consecuencia de la confusa información disponible.
Señalaré un par de tópicos de interés.
El pozo de marras se encuentra indudablemente fuera de la Reserva de Tariquía, pero eso no garantiza que no existan riesgos tanto en las operaciones de perforación de los pozos necesarios como en las eventuales actividades de explotación y evacuación de la producción. Para evaluar esos riesgos, que el Boletín detalla, existen los estudios ambientales, la licencia respectiva y la consulta a los pobladores. Todo eso se ha hecho y lo único que se podría sugerir es una auditoría para verificar que se obró correctamente, habida cuenta de la poca transparencia de YPFB en el pasado.
Un segundo aspecto es el destino de la eventual producción de gas. Por lo poco que se ha informado se trata de un descubrimiento importante, pero no de un mega campo. Aun así, el destino de la producción presenta otro dilema: ¿habrá que consumirla mayoritariamente en el mercado interno (termoeléctricas, in primis) para retrasar la importación de gas o convendrá exportarla para obtener divisas y regalías?
Por cierto, en el marco de la transición energética, se trata de un falso dilema. Comparto sin reservas la sensata sugerencia del Boletín de privilegiar la exportación, sincerar los costos de la energía y disminuir la dependencia del gas en la generación eléctrica, acudiendo a las abundantes fuentes renovables que posee Bolivia.
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