By Brújula Digital:
In a debate marked by moments of tension and direct clashes, the vice presidential candidates confronted each other with proposals and accusations in an exchange that reflected the polarized political climate just weeks before the elections.
Organized by the Unitel network, the event featured José Luis Lupo (Unidad), Mariana Prado (Alianza Popular), Juan Carlos Medrano (Súmate), and Juan Pablo Velasco (Libre). Over more than two hours, they addressed key topics such as governance, the legislative agenda, and the economic crisis, while also responding to questions from the public.
Governance: between forced consensus and breaking with old politics
The governance segment opened the debate with conflicting views on how to reach agreements in a fragmented legislature, where no party seems poised to gain an absolute majority according to current polls.
Juan Pablo Velasco, representing Libre, proposed a “digital governance” model, suggesting Congress become a participatory platform where citizens can comment on legislation through digital means. He asserted that consensus would be inevitable: “We’re tired of fighting. The opposition will have the majority, and that will allow us to reach agreements,” he said, advocating for nominal voting to eliminate “black suitcases” (bribes).
From Súmate, Juan Carlos Medrano challenged Velasco on how real consensus would be achieved. Velasco reiterated that the new legislative makeup would force dialogue.
Medrano, for his part, denounced how old politics had subordinated lawmakers to their parties and proposed reforms allowing legislative sessions in departments where key laws are debated—such as Potosí for lithium.
Mariana Prado, from Alianza Popular, stressed that governance goes beyond Congress: “It’s built in neighborhood councils, in unions.” She avoided directly answering whether they would allow Evo Morales’ return or seek his arrest, instead focusing on the need to “rebuild bridges” and end judicial persecution.
José Luis Lupo (Unidad) argued that governance is rooted in the popular mandate demanding deep change. He called for consensus not only among political forces but also with society, fulfilling campaign commitments and dismantling an “extortionist state” that burdens the private sector.
Legislative agenda: urgent reforms and opposing visions of the state
On the legislative agenda, all candidates agreed on the need for profound changes—but their priorities differed.
Juan Carlos Medrano announced five legislative packages aimed at transforming the state into a liberal republic that supports entrepreneurs. He promised tougher action against land takeovers, involving the military, and ending the transfer of pension funds to the state-run Gestora Pública.
Mariana Prado advocated for laws that address people’s needs, not politicians’. She proposed regulations on lithium, gold production, and financing mechanisms with China and the BRICS. She also pushed to bar self-extended authorities from staying in office.
José Luis Lupo outlined three pillars: economy, justice, and partial constitutional reform. He announced changes to the investment, hydrocarbons, and tech laws, as well as a referendum to ban re-election in all forms. He emphasized the need to restore the rule of law.
Velasco proposed a “digital legislative transformation,” liberalizing fuel imports, reducing public spending, and banning Central Bank financing of the state. He put forward an investment law package and a specific lithium law.
Economic crisis: shared diagnosis, contrasting solutions
While all agreed the country faces a serious economic crisis, their solutions revealed stark ideological divides.
Mariana Prado advocated measures to protect the most vulnerable, promising to focus fuel subsidies on public transport and maintain low prices for basic food items. She proposed a $7 billion credit line from China and the BRICS.
Lupo took a harder stance, denouncing MAS’s looting and the Central Bank’s insolvency. He called for ending diesel subsidies and shutting down loss-making state companies. He said the resulting savings would fund social programs like the Renta Dignidad.
Velasco pointed to excessive state spending and the fixed exchange rate. He vowed to liberalize fuel prices (excluding public transport), inject $2 billion to ease the currency controls, and attract foreign investment. He championed the use of digital assets to boost the economy and promised to bring 5G connectivity to rural areas.
Medrano was the most blunt: “We will shut down all money-losing state companies,” he declared, stating fuel would be sold at 5 bolivianos. He called for eliminating all export restrictions, guaranteeing legal certainty for businesses, and opening the doors to private capital, promising an end to socialism.
Por Brújula Digital:
En un debate marcado por momentos de tensión y cruces directos, los candidatos a la Vicepresidencia confrontaron propuestas y lanzaron acusaciones, en un intercambio que reflejó la polarización del escenario político a pocas semanas de las elecciones.
En el evento organizado por la red Unitel participaron José Luis Lupo (Unidad), Mariana Prado (Alianza Popular), Juan Carlos Medrano (Súmate) y Juan Pablo Velasco (Libre). Durante poco más de dos horas, se abordaron temas clave como gobernabilidad, la agenda legislativa y la crisis económica, además de responder a preguntas del público.
Gobernabilidad: entre consensos forzosos y ruptura con la vieja política
El eje de gobernabilidad abrió el debate con visiones encontradas sobre cómo lograr acuerdos en un escenario legislativo fragmentado, donde ningún partido parece tener mayoría absoluta de acuerdo a las encuestas publicadas hasta la fecha.
Juan Pablo Velasco, del frente Libre, propuso una “gobernabilidad digital”, planteando que el Congreso deje de ser un espacio cerrado y se transforme en una plataforma participativa donde los ciudadanos puedan opinar sobre las leyes a través de medios digitales. Aseguró que el consenso será inevitable. “Estamos cansados de las peleas. La oposición va a tener mayoría y eso nos permitirá consensuar”, dijo, proponiendo el voto nominal para eliminar los “maletines negros”.
Desde Súmate, Juan Carlos Medrano cuestionó a Velasco sobre cómo lograría consensos reales. En respuesta, este reiteró que la nueva configuración legislativa forzará el diálogo.
Medrano, a su turno, denunció que la vieja política ha subordinado a los legisladores a los partidos, y propuso reformar el reglamento para sesionar en los departamentos donde se debatan leyes clave, como en Potosí para el litio.
Mariana Prado, de Alianza Popular, subrayó que la gobernabilidad va más allá del Congreso. “Se construye en las juntas vecinales, en los sindicatos”. Evitó responder directamente sobre si permitirían el retorno de Evo Morales o si pedirían su detención, enfocándose en decir que ellos buscan “reconstruir puentes” y parar la persecución judicial.
Por su parte, José Luis Lupo (Unidad) sostuvo que la base de la gobernabilidad está en el mandato popular que exige un cambio profundo. Para él, se deben generar consensos con fuerzas políticas, pero también con la sociedad, cumpliendo con los compromisos asumidos y desmontando un “Estado extorsivo” que ahoga al sector privado.
Agenda legislativa: reformas urgentes y visiones opuestas del Estado
Al abordar la agenda legislativa, todos los candidatos coincidieron en la necesidad de impulsar cambios profundos, pero con prioridades diferentes.
Juan Carlos Medrano anunció cinco paquetes legislativos para transformar al Estado en una República Liberal que respalde al empresariado. Prometió endurecer medidas contra avasallamientos con participación del Ejército y eliminar el traspaso de las AFP a la Gestora Pública.
Mariana Prado propuso leyes orientadas a resolver necesidades de la población y no de los políticos. Planteó normativas sobre el litio, la producción de oro y mecanismos de financiamiento con China y los BRICS. También insistió en cerrar el paso a autoridades autoprorrogadas.
José Luis Lupo definió tres pilares: economía, justicia y reforma parcial de la Constitución. Anunció cambios en la ley de inversiones, hidrocarburos y tecnología, así como un referendo para prohibir la reelección en todas sus formas. Subrayó que se necesita restablecer el imperio de la ley.
Velasco propuso una “transformación digital legislativa”, además de liberar la importación de combustibles, reducir el gasto público y prohibir que el BCB financie al Estado. Planteó un paquete de leyes de inversión y una ley específica para el litio.
Crisis económica: diagnóstico común, soluciones opuestas
El diagnóstico fue unánime: el país atraviesa una crisis económica grave. Pero las propuestas para salir de ella reflejaron diferencias ideológicas profundas.
Mariana Prado defendió medidas para proteger a los sectores más vulnerables. Prometió focalizar la subvención de combustibles en el transporte público y mantener precios accesibles para alimentos básicos. Propuso activar una línea de crédito de 7.000 millones de dólares con China y BRICS.
Lupo fue más drástico: denunció el saqueo del MAS y la insolvencia del BCB. Afirmó que se debe desmontar el subsidio al diésel y cerrar empresas públicas deficitarias. Anunció que los ahorros derivados de estas medidas financiarán programas sociales como la Renta Dignidad.
Velasco apuntó al gasto excesivo del Estado y al tipo de cambio fijo. Prometió liberar el precio de los combustibles (sin afectar al transporte público), inyectar 2.000 millones de dólares para salir del cepo cambiario y fomentar la inversión extranjera. Defendió el uso de activos digitales para dinamizar la economía y prometió llevar conectividad 5G a las áreas rurales.
Medrano fue más frontal: “Vamos a quitar todas las empresas deficitarias”, anunció, asegurando que el combustible costará 5 bolivianos. Propuso eliminar todas las restricciones a las exportaciones, dar seguridad jurídica a las empresas y abrir las puertas al capital privado, prometiendo terminar con el socialismo.
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