By Renzo Abruzzese, Brujula Digital:
The arrest and subsequent removal of Bolivia’s Attorney General is far from being just another incident in the already long list of prominent Judicial Branch officials linked to drug trafficking and its criminal offshoots.
If the highest representative of Bolivian justice—supposedly the ultimate guarantor of legality and integrity—is part of the dangerous criminal network developed under 20 years of protection and impunity, then what has truly collapsed is the paradigm of a judicial system structured to serve the narco-state that surrounded the actions of the MAS.
As a system of domination consolidates itself, its balance depends on the independence of powers. Experience shows that the elimination of all boundaries between the government and the Judiciary in Bolivia throughout the MAS administrations was systematically dismantled in favor of the interests of the strongman leader.
The MAS dictatorship shaped the judicial system to serve the hegemonic interests of the MAS and its caudillo. Under these conditions, the criminal nature of the MAS regime was transferred to the Judiciary, undermining all its institutions and imposing a regime of corruption and violence without precedent in the nation’s history.
Roger Mariaca is falling not because of the political circumstances of the present moment, nor directly because of the implications of the arrest of Marset and his associates. He is falling because the levels of corruption and institutional decay created under the umbrella of a populist system of domination—which left the Judiciary untouched even after democracy was restored—have reached a structural breaking point.
Quite simply, efforts to rebuild democratic institutions can no longer tolerate a criminal structure. Little by little, the entire Judiciary began to crack. Mariaca is the final piece. In a sense, he represents the turning point at which the entire legal apparatus seeks to regain legitimacy in the eyes of the public.
Until 2005, all state institutions and mechanisms sought to consolidate and legitimize the model of economic accumulation and institutional order generated by the transformations of the National Revolution.
In short, the goal was to operate within the framework of modernity and its institutional mechanisms; thus, the State functioned to consolidate a liberal and democratic model.
The Judiciary, therefore, served as the institution that legitimized democratic principles in all their dimensions—economic, political, cultural, educational, and others.
For twenty years, that dynamic shifted into the realm of organized crime. Suddenly, Bolivian society began hearing about hitmen, score-settling killings, disputes over territorial control, and the establishment of a mini-state controlled by coca producers supplying drug trafficking.
Within a matter of months, more than two dozen executions revealed a fierce struggle to control the power granted by MAS-backed protection and impunity. In this context, the intervention of the United States marked a turning point.
We are moving from a judicial paradigm centered on criminal and drug-linked organizations toward the reconstruction of a system that serves the law and the citizenry.
Not only did Marset and Mariaca fall; a complex and powerful structure built over 20 years of impunity and protection, serving organized crime, also collapsed.
The battle is only beginning. Time will tell what the immediate future holds, especially because experience has taught us that when the ship is sinking, only one message can be heard: every man for himself.
Renzo Abruzzese is a sociologist.
Por Renzo Abruzzese, Brujula Digital:
La detención y luego destitución del Fiscal General de Bolivia está lejos de constituir un accidente más en la ya larga lista de prominentes funcionarios del Poder Judicial vinculados al narcotráfico y sus derivaciones delincuenciales.
Se supone que, si el máximo representante de la justicia boliviana, instituido teóricamente como el garante absoluto de la legalidad y la probidad, hace parte de la peligrosa red delincuencial desarrollada al amparo de 20 años de protección e impunidad, lo que en realidad se ha venido abajo es el paradigma de un sistema judicial estructurado en función del narcoestado que rodeó las acciones del MAS.
En la medida en que un sistema de dominación se consolida, el punto de equilibrio nace de la independencia de los poderes. La experiencia nos muestra que la eliminación de todos los límites entre el gobierno y el Poder Judicial en Bolivia a lo largo de los gobiernos del MAS fue diezmada en función de los intereses del caudillo.
La dictadura masista modeló el sistema judicial a los intereses hegemónicos del MAS y su caudillo. Bajo estas condiciones, la naturaleza delincuencial del régimen masista se transfirió al Poder Judicial, minando todas sus instancias e imponiendo un régimen de corrupción y violencia sin precedentes en la historia nacional.
Roger Mariaca cae no por las contingencias propias del momento político que vivimos, tampoco de manera directa por las implicaciones de la detención de Marset y asociados, cae porque los niveles de corrupción y degradación institucional creados bajo la égida de un sistema de dominación populista que dejó intacto el Poder Judicial una vez recuperada la democracia, hicieron crisis estructural.
Simplemente, los esfuerzos de reconstituir una institucionalidad democrática ya no aceptan una estructura delincuencial. Poco a poco, todo el Poder Judicial empezó a resquebrajarse. Mariaca es la ficha final. De alguna manera, es el punto de inflexión en el que todo el aparato jurídico intenta recuperar legitimidad frente a la ciudadanía.
Hasta el 2005, todos los dispositivos y aparatos del Estado intentaban consolidar y legitimar el modelo de acumulación económica y ordenamiento superestructural generado por las transformaciones de la Revolución Nacional.
Se trataba, en suma, de actuar en el horizonte de la modernidad con todos sus dispositivos institucionales; de esta forma, el Estado actuaba en función de consolidar un modelo liberal y democrático.
El Poder Judicial, en consecuencia, era la instancia de legitimidad de los preceptos democráticos en todas sus dimensiones (económicas, políticas, culturales, educativas, etcétera).
Durante 20 años esa dinámica se trasladó a los escenarios del crimen organizado. De pronto, la sociedad boliviana empezó a escuchar de sicarios, de ajuste de cuentas, de disputas por el dominio de territorios y el establecimiento de una republiqueta controlada por productores de la coca que va al narcotráfico.
En cuestión de meses, más de dos docenas de ajusticiados empezaron a mostrar una lucha descomunal por controlar el poder que les otorgó la impunidad y protección masista. En este escenario, la intervención de los Estados Unidos significó el punto de inflexión.
Estamos pasando de un paradigma judicial centrado en organizaciones criminales y narcovinculadas a la reconstrucción de un sistema al servicio de la ley y la ciudadanía.
No solo cayeron Marset y Mariaca, cayó una compleja y poderosa estructura al servicio del crimen organizado construida en 20 años de impunidad y protección.
La batalla apenas empieza. Habrá que ver qué nos depara el futuro inmediato, sobre todo porque la experiencia nos ha enseñado que, cuando el barco se hunde, solo se escucha: sálvese quien pueda.
Renzo Abruzzese es sociólogo.
https://brujuladigital.net/opinion/mariaca-salvese-quien-pueda
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