By Francesco Zaratti:
The Perfect Storm for YPFB: Between Internal Sabotage and Global Chaos
During the recent gasoline crisis, sector authorities have repeatedly denounced internal sabotage within YPFB. However, since no perpetrators have been identified, we are most likely facing “culpable omissions” in procurement logistics, quality certification, and storage. The result is a profound erosion of public trust in the state-owned oil company.
In this context, the success of reducing fuel subsidies is at risk of foundering due to a higher-caliber sabotage of Bolivia’s economy coming from a major ally of President Rodrigo Paz. I am referring to the inscrutable Donald Trump and the undeclared war against the Islamic Republic of Iran—a regime that garners little global sympathy.
This conflict has paralyzed oil trade in the Strait of Hormuz, a geographic bottleneck through which 20% of the world’s crude oil and Liquefied Natural Gas (LNG) passes. Although the majority of this oil is destined for the Far East, its nature as a commodity means that any disruption spikes prices in every corner of the globe. In fact, today, the barrel is hovering around $100, a 50% increase in just one month.
Iran’s response, following the “Samsonian” logic of “let me die with the Philistines,” has struck not only U.S. military bases in the region but also the oil and tourism infrastructure of the Gulf monarchies. Tehran’s objective is crystal clear: to suffocate the economies of Washington’s allies so they force a cessation of hostilities as soon as possible.
While the world is in upheaval, many countries mitigate the impact through two resources: strategic fuel reserves (capable of covering six or more months of consumption) and real supplier diversification. Given that it is impossible to fully compensate for the drop in Arab production, the only global escape valve would be Russia’s return to legal oil trade by suspending Western sanctions—potentially in exchange for a definitive resolution to the “Ukrainian question.”
It is evident that the duration of the conflict is the key variable for predicting the scale of the looming disaster; a prolonged war of weeks or months would paint the worst-case scenario.
Now, Bolivia—lacking strategic fuel reserves and sufficient foreign currency to guarantee oil imports at these new prices—faces a lethal dilemma: significantly increase prices at the pump or restore the subsidy to avoid social unrest. In plain terms, the alternative is choosing between the hunger of inflation or the plague of an uncontrollable fiscal deficit.
This is not the time to sow panic, but it is the time to demand a realistic roadmap from the government of Rodrigo Paz. In the face of this crisis, I propose two immediate lines of action:
* Exercise Energy Diplomacy: It is imperative to leverage the political capital of current international relations to negotiate discounts, soft loans, or compensations for crude oil purchases. If other countries have achieved this, Bolivia must also use its economic fragility as an argument in regional forums.
* Commit to Energy Sovereignty: The lesson of this crisis is that dependence on hydrocarbons is a dangerous anachronism. Bolivia must decisively pivot toward renewable sources. The transition is not an environmentalist luxury; it is a matter of national security.
Whether we call this process transition, diversification, or energy survival is irrelevant, as long as it succeeds in freeing us from being hostages to a strait thousands of miles away.
Por Francesco Zaratti:
La tormenta perfecta para YPFB: Entre el sabotaje interno y el caos global
Durante la reciente crisis de la gasolina, las autoridades del sector han denunciado, reiteradamente, un sabotaje interno en YPFB. Sin embargo, al no identificarse autores, lo más probable es que estemos ante omisiones culposas en la logística de compra, certificación de calidad y almacenamiento. El saldo es una profunda erosión de la confianza ciudadana en la estatal petrolera.
En este contexto, el éxito de la reducción de la subvención a los carburantes corre el riesgo de naufragar, debido a un sabotaje de mayor calibre a la economía de Bolivia que viene de un gran aliado del presidente Rodrigo Paz. Me refiero al indescifrable Donald Trump y a la guerra no declarada a la República Islámica de Irán, un régimen que atrae escasas simpatías globales.
Este conflicto ha provocado la parálisis del comercio petrolero en el Estrecho de Ormuz, un cuello de botella geográfico por donde transita el 20% del crudo mundial y del Gas Natural Licuado (GNL). Aunque el destino mayoritario de este petróleo sea el Extremo Oriente, su naturaleza de commodity implica que cualquier interrupción dispara los precios en todos los rincones del globo. De hecho, hoy, el barril ronda los 100 dólares, un incremento del 50% en apenas un mes.
La respuesta de Irán, bajo la lógica de «muera Sansón con todos los filisteos», ha golpeado no solo las bases militares estadounidenses de la región, sino también la infraestructura petrolera y turística de las monarquías del Golfo. El objetivo de Teherán es diáfano: asfixiar la economía de los aliados de Washington para que estos fuercen un cese de hostilidades a la brevedad.
Mientras el mundo se convulsiona, muchos países mitigan el impacto mediante dos recursos: reservas estratégicas de combustibles (capaces de cubrir seis o más meses de consumo) y una diversificación real de proveedores. En vista de que no es posible compensar la caída de la producción árabe en su totalidad, la única válvula de escape global sería el retorno de Rusia al comercio legal del petróleo, suspendiendo las sanciones de Occidente, eventualmente a cambio de una resolución definitiva a la «cuestión ucraniana».
Es evidente que la duración del conflicto es la variable clave para predecir el tamaño del desastre que se avecina: una guerra prolongada de semanas o meses pintaría el peor escenario.
Ahora bien, Bolivia, carente de reservas estratégicas de carburantes y de suficientes divisas para garantizar la importación de petróleo con los nuevos precios, se enfrentaría a un dilema letal: incrementar sensiblemente el precio en surtidor o restaurar la subvención para evitar el estallido social. En términos llanos, la alternativa es elegir entre el hambre de la inflación o la peste del déficit fiscal incontrolable.
No es el momento de sembrar el pánico, pero sí de exigir una hoja de ruta realista al gobierno de Rodrigo Paz. Ante la crisis, propongo dos ejes de acción inmediata:
* Actuar con diplomacia energética: Es imperativo aprovechar el capital político de las relaciones internacionales actuales para negociar descuentos, créditos blandos o compensaciones en la compra de crudo. Si otros países lo han logrado, también Bolivia debe usar su fragilidad económica como un argumento en los foros regionales.
* Pensar en la soberanía energética: La lección de esta crisis es que la dependencia de los hidrocarburos es un anacronismo peligroso. Bolivia debe apostar decididamente por las fuentes renovables. La transición no es un lujo ambientalista; es una necesidad de seguridad nacional.
Que a este proceso lo llamemos transición, diversificación o supervivencia energética es irrelevante, si logra librarnos de ser rehenes de un estrecho a miles de kilómetros de distancia.
