By Editorial, Bolivian Thoughts:
The Legacy of Disorder: A Bloated State, Internal Fractures, and a Country on the Brink of Collapse
The country has awakened to the institutional hangover left by nearly two decades of MAS rule. And what we are seeing in these first days of the new administration is not exactly a ray of hope: it is the most disappointing spectacle a tired nation could receive. What some would like to call a “dispute between authorities” is, in reality, the living proof of an overwhelmed State, corroded by improvisation, corruption, and a model of power that thrived on chaos and obscurity.
The clash between the President and the Vice President confirms this deterioration. Their dispute—premature, pointless, absurd, and so irresponsible it feels like a bad joke—not only involves two authorities who have been in office for less than two weeks, but also becomes the first big slap in the face for a country expecting signals of order. Instead of leadership, what we get is a futile quarrel worthy of family bickering, where confusion over the most basic constitutional roles shows that even at the highest levels of power, no one seems to know where to begin. In any serious presidential system, leadership is neither shared nor improvised… but here, improvisation seems to be our national pastime.
The observation is so obvious it’s painful to repeat: Bolivia has only one President, and the Vice Presidency has clearly defined functions. Its primary role is to preside over the Legislative Assembly, not to compete for the spotlight nor attempt to invent a role the Constitution does not grant. The disorder is so profound that even newly elected authorities appear to be wandering without a compass.
But this tragicomedy did not emerge from nowhere. It is the logical consequence of a State distorted by a bureaucratic expansion that defies reason. Twenty years ago, Bolivia had just over 200,000 public servants; today we are nearing 600,000. Triple. And not because efficiency tripled, but because state employment became the largest clientelist machine in the country.
The result is a gigantic, expensive, and useless state apparatus sustained by an economy that can no longer carry the weight. The fiscal crisis, the runaway deficit, the plunge in reserves, and the destruction of macroeconomic balances have pushed the country to the brink of silent collapse. And of course, when the State becomes spoils, internal fights are inevitable. Today, no one debates public policy: they debate who commands, who gets the photo op, and who believes themselves indispensable.
Added to this is the structural corruption inherited from MAS. Improvised programs, inflated projects, parallel institutions, diverted funds, and a culture of impunity that seeped through every corner of the public sector. The inherited chaos is not a metaphor: it is a literal mountain of rubble the new administration must remove before even attempting to govern.
The current political climate reflects that fragility—or rather, the premature aging of our institutional system. Voices close to the Vice President and other actors seem to be feeding rushed, poorly thought-out decisions completely disconnected from a country that, only thirteen days into a new mandate, should be focused on how to avoid economic collapse. But instead, we have the highest authorities of the Executive fighting over seats, posts, and prominence as if Bolivia were enjoying its best moment. It is a luxury as grotesque as it is unforgivable.
If this fracture continues, the risk is clear: authorities will spend more time watching their backs than addressing the country’s urgent needs. And there are many. A bankrupt State, an economy in intensive care, an exhausted political system, and a citizenry watching—once again—how power is wasted on childish quarrels while real needs are buried.
The post-MAS period should have been a time for rebuilding, for catching our breath. But the inherited vices—mistrust, personalism, the scramble for power, and the absolute inability to coordinate—continue to poison the environment. Only a minimal agreement on roles, limits, and responsibilities could begin to straighten the course.
Bolivia needs order, institutional clarity, and an urgent trimming of the hypertrophied state apparatus that devours resources without delivering results. If authorities do not correct the course and fail to understand the magnitude of the disaster before them, the crisis will no longer be inherited—it will become a tragedy signed by those who today carry the mandate—and the obligation—to govern.
Por Editorial, Pensamientos Bolivianos:
La herencia del desorden: un Estado inflado, fracturas internas y un país al borde del colapso
El país acaba de despertar a la resaca institucional que dejaron casi dos décadas de administración bajo el MAS. Y lo que estamos viviendo en estos primeros días de la nueva gestión no es precisamente un rayo de esperanza: es el espectáculo más decepcionante que podía recibir un pueblo agotado. Lo que algunos quisieran llamar “conflicto entre autoridades” es, en realidad, la prueba viviente de un Estado desbordado, corroído por la improvisación, la corrupción y un modelo de poder que prosperó gracias al caos y la oscuridad.
El choque entre el Presidente y el Vicepresidente es la confirmación de ese deterioro. Su disputa —prematura, estéril, absurda y tan irresponsable que parece un mal chiste— no solo ocurre entre dos autoridades que llevan menos de dos semanas en el cargo, sino que se convierte en la primera gran bofetada para un país que esperaba señales de orden. En vez de liderazgo, recibimos una pelea fútil digna de sobremesa familiar, donde la confusión por las funciones constitucionales más básicas demuestra que ni siquiera en la cúspide del poder saben por dónde empezar. En un sistema presidencial serio, el mando no se comparte ni se improvisa… pero aquí, la improvisación parece ser el deporte nacional.
La observación es tan obvia que casi da pena tener que repetirla: en Bolivia hay un solo Presidente, y la Vicepresidencia tiene funciones claras. Su misión principal es conducir la Asamblea Legislativa, no competir por los reflectores ni tratar de inventarse un rol que la Constitución no contempla. El desorden es tal que incluso las autoridades recién electas caminan como si alguien les hubiera escondido la brújula.
Pero esta tragicomedia no surge de la nada. Es la consecuencia lógica de un Estado deformado por un crecimiento burocrático que desafía toda racionalidad. Hace veinte años, Bolivia tenía apenas un poco más de 200.000 servidores públicos; hoy estamos rozando los 600.000. El triple. Y no porque hayamos triplicado la eficiencia, precisamente, sino porque el empleo estatal se convirtió en la fábrica de clientelismo más grande del país.
El resultado es un aparato estatal gigantesco, caro e inútil, sostenido por una economía que ya no puede cargar con él. La crisis fiscal, el déficit desbordado, la caída de reservas y la destrucción de los equilibrios macroeconómicos han dejado al país al borde de un colapso silencioso. Y claro, cuando el Estado se convierte en botín, las peleas internas se vuelven inevitables. Hoy nadie discute políticas públicas: discuten quién manda, quién aparece en la foto y quién se cree más imprescindible.
A esto se suma la corrupción estructural heredada del MAS. Programas improvisados, obras infladas, instituciones paralelas, fondos desviados y una cultura de impunidad que atravesó cada rincón del sector público. El caos heredado no es figura retórica: es una montaña de escombros reales que la nueva administración debe retirar antes siquiera de intentar gobernar.
El clima político actual refleja esa fragilidad —o mejor dicho, esa vejez prematura de nuestro sistema institucional. Voces cercanas al Vicepresidente y otros actores parecen alimentar decisiones apresuradas, mal pensadas y totalmente desconectadas de la realidad de un país que, a trece días de un nuevo mandato, solo debería estar pensando en cómo evitar su quiebra económica. Pero en lugar de eso, tenemos a las más altas autoridades del Ejecutivo peleándose por sillones, cargos y protagonismos, como si Bolivia estuviera en su mejor momento. Es un lujo tan grotesco como imperdonable.
Si esta fractura continúa, el riesgo es evidente: las autoridades gastarán más energía cuidándose la espalda que atendiendo las urgencias de la nación. Y no son pocas. Un Estado quebrado, una economía en terapia intensiva, un sistema político exhausto y una ciudadanía que mira —otra vez— cómo el poder se consume en peleas infantiles mientras las verdaderas necesidades quedan enterradas.
La etapa posterior al MAS debía ser un tiempo de reconstrucción, de respirar un poco. Pero los vicios heredados —la desconfianza, el personalismo, la guerra por espacios y la incapacidad absoluta de coordinar— siguen intoxicando el ambiente. Solo un acuerdo mínimo sobre funciones, límites y responsabilidades podría empezar a enderezar el rumbo.
Bolivia necesita orden, claridad institucional y una poda urgente del aparato estatal hipertrofiado que devora recursos sin producir resultados. Si las autoridades no corrigen el rumbo y no comprenden la magnitud del desastre que tienen frente a ellos, la crisis dejará de ser heredada para convertirse en una tragedia firmada por quienes hoy tienen el mandato —y la obligación— de gobernar.
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