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MAS gov NOT to be trusted – NO se puede confiar en un gob masista

Noiana Marigo, Kate Apostolova, Lexology:

¿Bolivia vuelve a atacar el arbitraje inversor-Estado?

En octubre de este año, Bolivia ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre la Transparencia en el Arbitraje Inversionista-Estado basado en el Tratado (la Convención), convirtiéndose en la séptima Parte Contratante. La Convención entró en vigor en octubre de 2017 y hasta ahora ha sido ratificada por Australia, Camerún, Canadá, Gambia, Mauricio y Suiza. Veintitrés Estados han firmado la Convención, pero aún no la han ratificado.

Bolivia tiene una historia llena de acontecimientos en el arbitraje inversionista-Estado.

En 2007, luego de una serie de demandas de arbitraje de inversión contra el Estado en relación con su programa de renacionalización, Bolivia se retiró del Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), convirtiéndose en el primer país en la historia en hacerlo. Por supuesto, eso no excluyó el acceso de inversionistas extranjeros al arbitraje internacional contra el Estado a través del Mecanismo Complementario del CIADI (con el último caso presentado en 2018 por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA) y a través de otros foros en virtud de los tratados bilaterales de inversión (TBI) de Bolivia (como como arbitraje ad hoc bajo el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI).

Sin embargo, ese no fue el final. En 2009, Bolivia intentó rescindir y renegociar sus TBI, y finalmente derogó 23 TBI. Esto incluyó el TBI con EE.UU., que Bolivia canceló en 2012, convirtiéndose en el primer socio de tratado de EE.UU. en rescindir un TBI con EE.UU. La terminación del TBI entre Estados Unidos y Bolivia significa que los inversionistas que han invertido bajo el TBI entre Estados Unidos y Bolivia estarán cubiertos hasta junio de 2022, pero las inversiones realizadas después de junio de 2012 (cuando se terminó el TBI) no están cubiertas.

La saga continuó. En 2015, Bolivia dio un paso más hacia atrás, cuando aprobó una nueva ley de arbitraje con la que buscaba mantener los procedimientos arbitrales, incluidos los arbitrajes inversionista-Estado iniciados por inversionistas extranjeros, dentro del Estado y sujetos a las leyes de Bolivia.

Entonces, ¿es la ratificación de la Convención por parte de Bolivia otra afrenta al arbitraje entre inversionistas y Estados?

No necesariamente.

Una de las principales críticas al arbitraje inversor-Estado ha sido la falta de transparencia, ya que los procedimientos generalmente no están abiertos al público.

La Convención busca abordar esta crítica creando un marco internacional para la transparencia en el arbitraje inversionista-Estado que permita a las partes acordar que ciertos aspectos del proceso se harán públicos. Se espera que al proporcionar más transparencia se incremente la legitimidad del proceso.

Específicamente, la Convención hace que las Reglas de la CNUDMI sobre transparencia en el arbitraje entre inversores y Estados basadas en tratados (Reglas de transparencia) sean aplicables a los tratados de inversión celebrados antes de que las Reglas de transparencia entraran en vigor en abril de 2014. Para los tratados de inversión concluidos después de abril de 2014, las Reglas de transparencia se aplicarán a menos que el tratado pertinente opte expresamente por no aceptarlos y la Convención no tenga efecto.

Las Reglas de Transparencia establecen ciertos requisitos que incluyen:

  1. Poner a disposición del público los nombres de las partes contendientes, el sector involucrado y el tratado bajo el cual se hace la reclamación (artículo 2);
  2. poner a disposición del público los escritos de las partes y el laudo (artículo 3);
  3. la posibilidad de que terceros realicen presentaciones (artículo 4); y
  4. hacer públicas las audiencias (artículo 6).

Por un lado, no sorprende que Bolivia ratificara la Convención. Después de todo, en 2015, un caso contra Bolivia, Iberdrola v Bolivia (Caso CPA No. 2015-05), se convirtió en el primer caso en aplicar las Reglas de Transparencia. Tanto Bolivia como la Demandante en ese arbitraje acordaron aplicar las Reglas de Transparencia. Además, en Glencore v Bolivia (Caso CPA No. 2016-39), el tribunal adoptó ciertos requisitos de transparencia en relación con la publicación de las presentaciones de las partes, las decisiones del tribunal y las órdenes procesales, aunque las Reglas de Transparencia no eran aplicables.

Por otro lado, el efecto práctico de la Convención puede no ser significativo para Bolivia, dado que canceló 23 TBI.

Pero el efecto práctico de la Convención es, en cualquier caso, limitado en este momento.

El impacto de la Convención depende, por supuesto, de varios factores. Una es cuántos Estados firman y ratifican la Convención. Hasta ahora, el progreso de la Convención ha sido más lento que el de otras convenciones internacionales.

Por ejemplo, la Convención de Nueva York hizo que 10 Estados la firmaran en junio de 1958, cuando se abrió por primera vez a las firmas. Hoy, 62 años después, tiene 166 Partes Contratantes.

Más recientemente, la Convención de Singapur sobre Mediación, que se abrió a la firma el 7 de agosto de 2019, tuvo la firma de 46 Estados, incluidas potencias económicas mundiales como China, India, Singapur, Corea del Sur y Estados Unidos. La Convención de Singapur sobre Mediación entró en vigor en septiembre de 2020, con seis Estados contratantes hasta ahora (Belarús, Ecuador, Fiji, Qatar, Arabia Saudita y Singapur).

En comparación, la Convención fue firmada por solo ocho Estados cuando se abrió a las firmas en marzo de 2015. Esto es cinco veces menos que la Convención de Singapur sobre Mediación, y también menos que la Convención de Nueva York. Además, cinco años después de su apertura a las firmas, el Convenio tiene siete Estados Contratantes, en comparación con los seis Estados Contratantes del Convenio de Singapur sobre Mediación durante sus primeros tres meses de haber entrado en vigor.

Sin embargo, la Convención es aún joven y queda por ver si la ratificación de Bolivia tendría un impacto en la ratificación de la Convención por otros Estados latinoamericanos. [Opinión de Bolivian Thoughts: Las autoras olvidan mencionar que lo que firmó Bolivia este año fue bajo un gobierno diferente. Este artículo comienza analizando las acciones de Bolivia, desde 2007, cuando el masismo era gobierno, como lo es nuevamente. Entonces, toda la crítica hacia Bolivia en este artículo se debe al hecho de las fechorías del gobierno populista boliviano, y ahora que está de vuelta, es probable que sigan sin cumplir con los acuerdos internacionales. El cocalero forzó un fraude electoral en 2019 y fue encontrado culpable, por lo que huyó del país, como lo cobarde que es, han pasado 11 meses y el gobierno masista de izquierda está de vuelta, con su estructura populista y demagoga intacta.]

Bolivia strikes investor-State arbitration again?

In October of this year, Bolivia ratified the United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (the Convention), becoming the seventh Contracting Party. The Convention entered into force in October 2017 and so far has been ratified by Australia, Cameroon, Canada, the Gambia, Mauritius and Switzerland. Twenty-three States have signed, but not yet ratified, the Convention.

Bolivia has an eventful history in investor-State arbitration.

Back in 2007, following a number of investment arbitration claims against the State in relation to its re-nationalization program, Bolivia withdrew from the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Convention, becoming the first country in history to do so. Of course, that did not foreclose access by foreign investors to international arbitration against the State through ICSID’s Additional Facility (with the latest case filed in 2018 by Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.) and through other fora under Bolivia’s bilateral investment treaties (BITs) (such as ad hoc arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules).

That was not the end, however. In 2009, Bolivia sought to terminate and re-negotiate its BITs, ultimately abrogating 23 BITs. This included the BIT with the US, which Bolivia terminated in 2012, becoming the first US treaty partner to terminate a BIT with the US. The termination of the US-Bolivia BIT means that investors that have invested under the US-Bolivia BIT will be covered until June 2022, but investments made after June 2012 (when the BIT was terminated) are not covered.

The saga continued. In 2015, Bolivia took another step backwards, when it passed a new act on arbitration with which it sought to keep arbitration proceedings, including investor-State arbitrations brought by foreign investors, within the State and subject to the laws of Bolivia.

Is Bolivia’s ratification of the Convention another affront to investor-State arbitration then?

Not necessarily.

One main criticism of investor-State arbitration has been the lack of transparency since the proceedings are generally not open to the public.

The Convention seeks to address this criticism by creating an international framework for transparency in investor-State arbitration that allows parties to agree that certain aspects of the proceedings will be made public. It is hoped that providing for more transparency would increase the legitimacy of the process.

Specifically, the Convention makes the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (Transparency Rules) applicable to investment treaties concluded before the Transparency Rules entered into force in April 2014. For those investment treaties concluded after April 2014, the Transparency Rules apply unless the relevant treaty expressly opts out of them, and the Convention has no effect.

The Transparency Rules set out certain requirements including:

1. making publicly available the names of the disputing parties, the sector involved and the treaty under which the claim is being made (Article 2);

2. making publicly available the parties’ pleadings and the award (Article 3);

3. the potential for third parties to make submissions (Article 4); and

4. making hearings public (Article 6).

On one hand, it is not surprising that Bolivia ratified the Convention. After all, back in 2015, a case against Bolivia, Iberdrola v Bolivia (PCA Case No. 2015-05), became the first case ever to apply the Transparency Rules. Both Bolivia and the Claimant in that arbitration agreed to apply the Transparency Rules. In addition, in Glencore v Bolivia (PCA Case No. 2016-39), the tribunal adopted certain transparency requirements in relation to the publication of the parties’ submissions, the tribunal’s decisions and procedural orders, even though the Transparency Rules were not applicable.

On the other hand, the practical effect of the Convention may not be significant for Bolivia, given that it terminated 23 BITs.

But the practical effect of the Convention is in any event limited at the moment.

The impact of the Convention depends of course on several factors. One is how many States sign and ratify the Convention. So far, the progress of the Convention has been slower than that of other international conventions.

For example, the New York Convention had 10 States sign it in June 1958, when it first opened for signatures. Today, 62 years later, it has 166 Contracting Parties.

More recently, the Singapore Convention on Mediation, which opened for signatures on 7 August 2019, had 46 States sign it, including global economic powerhouse such as China, India, Singapore, South Korea and the United States. The Singapore Convention on Mediation entered into force in September 2020, with six Contracting States so far (Belarus, Ecuador, Fiji, Qatar, Saudi Arabia, and Singapore).

In comparison, the Convention was signed by only eight States when it opened for signatures in March 2015. This is five times less than the Singapore Convention on Mediation, and also less than the New York Convention. Moreover, five years after it was opened for signatures, the Convention has seven Contracting States, compared to the six Contracting States to the Singapore Convention on Mediation during its first three months of having entered into force.

The Convention is still young, however, and it remains to be seen whether Bolivia’s ratification would have an impact on the ratification of the Convention by other Latin American States. [Bolivian Thoughts Opinion: Authors forget to mention that what Bolivia signed this year was under a different government. This article begins analyzing Bolivia’s actions, since 2007, when the masismo was government, as it is again. So, the whole critic towards Bolivia in this article is due to fact of the populist Bolivian government wrongdoings, and now that is back, chances are that will remain failing to comply international accords. The coca grower forced an electoral fraud in 2019 and was caught, so he fled the country, like the coward he is, 11 months have gone by and the leftist masista government is back, with its populist and demagogue structure intact.]

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8d374fd9-b20b-497b-af68-e99f2371f3b1