By Francesco Zaratti:
La Paz, October 15, 2026 – In recent weeks, the electricity sector has been at the center of public attention. First, there was the draft law submitted to the Legislative Assembly (see Newsletter No. 25), one of whose objectives is to attract investment in electricity generation from renewable sources. Then came the announcement of the long-overdue removal of the gas subsidy for thermal power plants. Finally, electricity rate adjustments were introduced through Supreme Decree No. 5750, dated October 13.
Electricity rates, subsidies, and investment are three concepts closely related to the modernization of the power system, a process that is essential to prevent a crisis similar to the one currently affecting the hydrocarbon sector (see Newsletter No. 19 on Bolivia’s energy “two legs”). It is vital to understand the close relationship between these three concepts.
The rate paid by household consumers consists of several components, some of which are calculated in dollars and are substantially linked to generation, transmission, and distribution. The foundation of the rate is electricity generation, whose levelized cost of energy (LCOE) varies depending on the energy source.
To achieve sustainable diversification of the electricity generation mix, the aim is to ensure that LCOEs do not differ excessively and that the various sources can compete with one another on the basis of efficiency and generation scale.
In Bolivia, however, LCOEs are distorted by the subsidy granted to gas used by thermal power plants, which receive it at one-fifth of the export price. These plants set the baseline used to calculate electricity rates, regardless of the LCOE of other energy sources.
Only because of this distortion does the claim that “electricity generated from renewable sources is expensive” make sense. Consequently, electricity rates will experience a real increase for consumers once this subsidy is eliminated.
A possible objection to higher electricity rates following the removal of the gas subsidy might be: “But even with the subsidy, renewable energy generators (hydropower, solar, wind, etc.) continue to produce and sell electricity and make profits. Why, then, should rates increase?”
This is where the third concept comes into play: investment. The purpose of eliminating the subsidy is not to raise rates or place an unbearable burden on consumers, but to level the generation costs of the different energy sources.
If the baseline used to calculate electricity rates rises, the final rate will rise as well. That very difference is what makes new investments in renewable energy economically viable.
It has been estimated that a combined LCOE of $55 (± $5) per MWh across all generators would make new renewable energy generation projects viable. Currently, the LCOE of thermal power generation is $42/MWh with subsidized gas, a resource that is also being depleted.
Needless to say, these new projects—which require varying amounts of time to complete—are essential to prevent the hydrocarbon crisis from turning into an electricity crisis marked by service interruptions and prolonged blackouts.
These initiatives are also necessary to reduce dependence on gas for electricity generation. Currently, the generation mix stands at 70% thermal power and 30% renewable energy. This is happening because demand is growing faster than the additional electricity supplied by renewable sources, forcing the country to cover the shortfall through increased thermal generation.
In summary, the new electricity law, the removal of the gas subsidy for thermal power plants, and a moderate adjustment in electricity rates represent three essential steps toward electricity security and greater energy independence for the country. One step at a time, but firmly and in the right direction.
Best regards, and stay healthy,
Francesco
Por Francesco Zaratti:
La Paz, 15 de octubre de 2026 – En las últimas semanas, el sector eléctrico ha estado en el centro de la noticia. Primero, por el proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa (véase el Newsletter N.º25), una de cuyas finalidades es atraer inversiones para la generación eléctrica con fuentes renovables; luego, por el anuncio de la impostergable eliminación del subsidio al gas entregado a las termoeléctricas; y, finalmente, por el ajuste de tarifas eléctricas determinado mediante el Decreto Supremo 5750 del 13 de octubre.
Tarifas, subsidios e inversiones son tres conceptos relacionados con la modernización del sistema eléctrico, un proceso indispensable para evitar una crisis similar a la que actualmente se vive en el sector de hidrocarburos (véase el Newsletter N.º 19 sobre «las dos piernas» de la energía de Bolivia). Es fundamental comprender la estrecha relación de estos tres conceptos.
La tarifa que paga el usuario doméstico se compone de varios elementos (algunos de los cuales están calculados en dólares) vinculados sustancialmente a la generación, la transmisión y la distribución. La base de la tarifa es la generación, cuyo «costo nivelado» (LCOE, por sus siglas en inglés) varía según la fuente.
Para lograr una diversificación sostenible de la matriz de generación eléctrica, se busca que los LCOE no sean dispares y que puedan competir entre sí sobre la base de la eficiencia y la escala de generación.
Sin embargo, en Bolivia los LCOE se encuentran distorsionados por el subsidio que recibe el gas destinado a las termoeléctricas —el cual se otorga a la quinta parte del precio de exportación—. Son estas plantas las que fijan la base sobre la cual se calcula la tarifa, independientemente del LCOE de las demás fuentes.
Únicamente bajo esta distorsión cobra sentido la afirmación de que «la electricidad generada con fuentes renovables es cara». En consecuencia, la tarifa eléctrica experimentará un incremento real para el usuario una vez que dicho subsidio sea eliminado.
Una posible objeción al aumento de la tarifa tras la eliminación del subsidio al gas podría ser: «Pero incluso con el subsidio, las generadoras basadas en fuentes renovables (hidroeléctrica, solar, eólica, etc.) siguen produciendo, vendiendo y obteniendo ganancias. ¿Por qué, entonces, deberían subir las tarifas?».
Aquí es donde entra en juego el tercer concepto: las inversiones. El objetivo de suprimir el subsidio no es incrementar las tarifas ni asfixiar al usuario, sino nivelar los costos de generación de las distintas fuentes.
Si la base de cálculo de la tarifa asciende, la tarifa final también lo hace, y es precisamente esa diferencia la que posibilita nuevas inversiones, económicamente rentables, en energías renovables.
Se ha calculado que un LCOE conjunto para todas las generadoras de 55 (± 5) $/MWh haría viables nuevos proyectos de generación basados en fuentes renovables. Actualmente, el LCOE termoeléctrico es de 42$/MWh con gas subsidiado, recurso que, además, se está agotando.
Sobra decir que estos nuevos proyectos —que requieren diversos plazos de ejecución— resultan indispensables para evitar que la crisis de los hidrocarburos se transforme en una crisis eléctrica, caracterizada por interrupciones del servicio y apagones prolongados.
Asimismo, estas iniciativas son necesarias para disminuir la dependencia del gas en la generación eléctrica, la cual ha alcanzado una relación de 70 % de energía termoeléctrica frente a un 30 % de renovables. Esto ocurre debido a que el crecimiento de la demanda supera el nuevo aporte de las fuentes renovables, obligando a cubrir el déficit con una mayor generación termoeléctrica.
En resumen, la nueva ley de electricidad, la eliminación del subsidio al gas para las termoeléctricas y un ajuste moderado de las tarifas constituyen tres pasos imprescindibles hacia la seguridad eléctrica y una mayor autonomía energética del país. Un paso a la vez, pero con firmeza y en la dirección correcta.
Saludos y salud
Francesco
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