¿Empresas estatales o elefantes blancos? – State companies or white elephants?

Un informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), dependiente del Ministerio de la Presidencia, elaboró en 2019, cuando Evo Morales aún gobernaba Bolivia, un informe demoledor sobre la situación de las empresas estatales, pero no fue revelado hasta que Página Siete publicó su contenido este domingo y lunes.

Lo curioso es que el presidente Luis Arce, durante su discurso del 6 de agosto, culpó a la gestión transitoria de Jeanine Añez por la paralización de las empresas estatales generando grandes pérdidas y “desmantelando” el aparato productor del Estado. “Como por ejemplo, las plantas de cemento en Oruro y de urea en Cochabamba. Igual que la Planta Industrializadora de Vidrios (Envibol), la planta eólica La Ventolera, los proyectos de exploración de YPFB, los proyectos apícolas en Chuquisaca, la Planta de Cítricos, el Ingenio Azucarero San Buenaventura  en el norte de La Paz, entre otros”, enumeró.

Es probable que la situación de las empresas estatales haya empeorado durante la pandemia, pero lo cierto es que en 2019 ya estaban en crisis, según el informe que el mismo Gobierno elaboró.

El reporte establece 15 problemas que enfrentan las 63 empresas estatales, entre los que se encuentran la descobertura patrimonial que, tras la generación de pérdidas, lleva a una quiebra técnica casi automática; el modelo de negocio basado en un único cliente que es el Estado; el financiamiento de las operaciones mediante deuda; la falta de una lógica empresarial, que les impide desenvolverse bajo competencia; la contratación del personal en el marco del Estatuto Funcionario Público; y carencia de un derecho propietario consolidado, entre otros problemas.

Al margen de ello, el informe revela que las empresas estatales tienen registrados 1.225 procesos, de los cuales, 512 son juicios penales. En este último tipo, existen 196 causas por delitos de corrupción o delitos relacionados.

Como muchas de estas empresas son incapaces de autosostenerse, el Estado, a través de créditos del Banco Central de Bolivia (BCB), termina solventando sus operaciones. Según el informe de Política Monetaria 2020 del BCB, hasta diciembre de ese año nueve estatales debían 42.328 millones de bolivianos al Estado, de los cuales, 36.251 millones corresponden a créditos a favor de las empresas llamadas estratégicas. Este año, el Gobierno nacional, a través del BCB, reactivó los desembolsos de créditos para empresas estatales.

Pero, tal vez el dato más preocupante del informe es que nueve empresas estatales acumularon una pérdida de 475,26 millones de bolivianos hasta 2019. Éstas son: Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), Empresa Estatal de Textiles Yacana, Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBHI), Empresa Pública Quipus, Empresa Siderúrgica del Mutún, Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y Empresa Naviera Boliviana (Enabol).

Como se puede observar, la situación de estas empresas es insostenible por lo que urge que el Gobierno nacional entre en un proceso de sinceramiento respecto a la viabilidad de las que tienen pérdidas, deudas y ninguna lógica empresarial para sobrevivir en un mercado de competencia abierta. Los gobiernos de Morales y Arce quieren mostrar un modelo económico con amplia participación estatal, pero lo cierto es que no está funcionando como seguramente ellos esperaban.

Ante este panorama, los expertos consultados por este medio recomiendan analizar caso por caso para decidir el futuro de estas empresas, porque el Estado, en plena crisis económica y sanitaria, no puede darse el lujo de seguir subvencionando a compañías que en vez de reportarle beneficios son una pesada carga para el Tesoro.

Está claro que aquellas firmas que son rentables deben continuar adelante, pero las que son elefantes blancos y se han convertido en agencias de empleo del partido gobernante, deberían cerrarse para evitar más pérdidas absurdas.

A report from the Technical Office for the Strengthening of the Public Enterprise (OFEP), under the Ministry of the Presidency, prepared in 2019, when Evo Morales was still ruling Bolivia, a devastating report on the situation of state-owned companies, but it was not disclosed until Página Siete published its content this Sunday and Monday.

The curious thing is that President Luis Arce, during his speech on August 6, blamed Jeanine Añez’s temporary government for the paralysis of state-owned companies, generating large losses and “dismantling” the state’s production apparatus. “For example, the cement plants in Oruro and the urea plants in Cochabamba. Just like the Glass Industrial Plant (Envibol), the La Ventolera wind farm, the YPFB exploration projects, the beekeeping projects in Chuquisaca, the Citrus Plant, the San Buenaventura Sugar Mill in the north of La Paz, among others,” he listed.

It is likely that the situation of state-owned companies has worsened during the pandemic, but the truth is that in 2019 they were already in crisis, according to the report that the same Government prepared.

The report establishes 15 problems faced by the 63 state companies, among which are the lack of equity coverage that, after generating losses, leads to an almost automatic technical bankruptcy; the business model based on a single client, which is the State; financing of operations through debt; the lack of a business logic, which prevents them from developing under competition; the hiring of personnel within the framework of the Public Official Statute; and lack of a consolidated proprietary right, among other problems.

Apart from this, the report reveals that state companies have registered 1,225 processes, of which 512 are criminal trials. In the latter type, there are 196 causes for crimes of corruption or related crimes.

As many of these companies are unable to sustain themselves, the State, through loans from the Central Bank of Bolivia (BCB), ends up paying for their operations. According to the 2020 Monetary Policy report of the BCB, until December of that year nine state governments owed 42,328 million Bolivianos to the State, of which 36,251 million correspond to credits in favor of so-called strategic companies. This year, the national government, through the BCB, reactivated loan disbursements for state companies.

But, perhaps the most worrying data in the report is that nine state-owned companies accumulated a loss of 475.26 million Bolivianos until 2019. These are: Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), Empresa Estatal de Textiles Yacana, Empresa Boliviana de Industrialización de Hydrocarbons (EBHI), Quipus Public Company, Mutún Steel Company, Bolivian Cementos Productive Public Company (Ecebol), Bolivian Lithium Deposits (YLB), Food Production Support Company (Emapa) and Bolivian Shipping Company (Enabol).

As can be seen, the situation of these companies is unsustainable, so it is urgent that the national government enter into a process of honesty regarding the viability of those that have losses, debts and no business logic to survive in a market of open competition. The Morales and Arce governments want to show an economic model with broad state participation, but the truth is that it is not working as surely they expected.

Against this background, the experts consulted by this newspaper recommend analyzing case by case to decide the future of these companies, because the State, in the midst of the economic and health crisis, cannot afford to continue subsidizing companies that instead of reporting benefits they are a heavy burden on the Treasury.

It is clear that those firms that are profitable must move on, but those that are white elephants and have become employment agencies of the ruling party should be closed to avoid further absurd losses.