By Germaine Barriga, Vision 360:
Colombian Armed Group Intimidates Chipihuayco Residents as Mining Authority Announces Action to Neutralize It
“We will take what is known as more forceful action to neutralize these groups. As you know, illegal mining is linked to these armed groups not only in Potosí, but also in Beni, Pando, northern La Paz, and along the border with Peru. Mining poses security and governance challenges for the State,” warned the national director of the AJAM.
The Mining Administrative Jurisdictional Authority (AJAM) managed to enter the area where illegal gold extraction is taking place in Chipihuayco, Villazón, in the department of Potosí. Photo: AJAM
An armed group of Colombian nationals has returned to the Indigenous community of Chipihuayco, located in the Talina ayllu, in the municipality of Villazón, Potosí Department, where residents oppose gold mining and are defending the water used by miners to wash the extracted mineral.
The national director of the Mining Administrative Jurisdictional Authority (AJAM), Jaime Sanabria, confirmed the situation and announced that an operation would be carried out to neutralize the groups intimidating the local population.
“They initially prevented us from entering because we had detected armed groups. Subsequently, we carried out a second intervention with the tactical unit and managed to enter the mining area. I understand that this group has now returned and has an armed group of Colombian nationals who are intimidating the people,” he reported.
Videos circulated this week showing several men wearing camouflage jackets harassing residents and demanding that they allow mining operations to continue. As a result of the clashes, five people were injured: two men working for the mining company and three community members, one of them a woman.
The commander of the Villazón Border Police, Luis Fernando Cardozo, confirmed that clashes had occurred and that residents managed to detain two men: one who said he was from Santa Cruz and the other, a Uruguayan national.
Sanabria confirmed this on Thursday, stating that a complaint had been filed concerning the mining area in Chipihuayco, in Modesto Omiste Province.
He said criminal complaints had been filed and were being processed and that, in coordination with the Public Prosecutor’s Office and State security authorities, they would take the necessary measures to bring the situation under control.
“We will take what is known as more forceful action to neutralize these groups. As you know, illegal mining is linked to these armed groups not only in Potosí, but also in Beni, Pando, northern La Paz, and along the border with Peru. Mining poses security and governance challenges for the State,” he stated.
He stressed that this was no longer merely an environmental or administrative problem, but one with multiple implications. “It is closely linked to mercury trafficking, arms trafficking, irregular groups, fuel trafficking, the trafficking of machinery and equipment, and mineral smuggling. It has far-reaching implications,” he warned.
Sanabria considered illegal mining to be an issue that cuts across all activities in society and is therefore extremely harmful to the State.
Regarding the measures to be taken to control the situation, he said that an assessment of the area and the risks must first be carried out. If the police contingent that could be deployed proved insufficient, support would also be requested from the Armed Forces, as has been done in many other regions.
Asked when the authorities planned to enter Chipihuayco, he said it would probably happen within the next few days. “I don’t want to specify the day and time, precisely for security reasons.”
Residents engaged in agriculture filed a complaint in mid-October because they risked being left without water for their own consumption and that of their animals due to gold mining operations and the use of water to wash the extracted mineral.
Last Sunday, physical assaults occurred between residents and miners. Although there is an underlying dispute over mining operations in the area, this particular conflict reportedly began over the defense of a natural spring that supplies water to the community.
Community members said the company was attempting to extract water from a spring that was not included within its mining concession area. They reacted to this attempt and were met with a response from the workers, resulting in physical assaults on both sides.
Por Germaine Barriga, Vision 360:
Grupo armado de colombianos amedrenta a la población de Chipihuayco y la AJAM anuncia acciones para neutralizarlo
“Vamos a asumir lo que se llama una acción más contundente para neutralizar a estos grupos. Como ustedes saben, la minería ilegal no solo en Potosí, sino también en Beni, Pando, el norte de La Paz y la frontera con el Perú, está vinculada a estos grupos armados. La minería representa problemas de seguridad y gobernanza para el Estado”, advirtió el director nacional de la AJAM.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) lograron ingresar al área en la que se extrae oro de forma ilegal en la zona Chipihuayco, Villazón, en el departamento de Potosí. Foto: AJAM
Un grupo armado de ciudadanos colombianos retornó a la comunidad originaria de Chipihuayco, ubicada en el ayllu Talina, en el municipio de Villazón, departamento de Potosí, donde la población rechaza la explotación de oro y defiende el agua que es utilizada por los mineros para el lavado del mineral.
El director nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, confirmó este extremo y anunció que se ejecutará un operativo para neutralizar a los grupos que amedrentan a la población.
“No nos dejaron entrar en una primera instancia porque habíamos detectado gruposarmados. Posteriormente, nosotros hemos hecho una segunda intervención con el grupotáctico y hemos logrado ingresar al área minera. Entonces, entiendo que nuevamente estegrupo ha vuelto y tiene un grupo armado de súbditos colombianos que estánamedrentando a la gente”, denunció.
Esta semana circularon videos en los que se ve a varios hombres uniformados con chaquetas camufladas que hostigaban a la población y les pedían dejar trabajar. Como consecuencia de los enfrentamientos, se registraron cinco heridos: dos varones que trabajan para la empresa minera y tres personas de la comunidad, una de ellas de sexo femenino.
El comandante de la Policía de Frontera de Villazón, Luis Fernando Cardozo, confirmó que hubo enfrentamientos y que los habitantes lograron retener a dos hombres: uno que dijo ser de Santa Cruz y el otro, de nacionalidad uruguaya.
Este extremo fue confirmado por Sanabria este jueves, quien sostuvo que se tenía una denuncia sobre el área minera en Chipihuayco, en la provincia de Modesto Omiste.
Dijo que se efectuaron denuncias penales que están en curso y que, en coordinación con el Ministerio Público y las autoridades de seguridad del Estado, asumirán las medidas necesarias para controlar esta situación.
“Vamos a asumir lo que se llama una acción más contundente para neutralizar a estosgrupos. Como ustedes saben, la minería ilegal no solo en Potosí, sino también en Beni,Pando, el norte de La Paz y la frontera con el Perú, está vinculada a estos gruposarmados. La minería representa problemas de seguridad y gobernanza para el Estado”,manifestó.
Aseguró que ya no es un problema solamente ambiental ni tampoco administrativo, sino que tiene muchas implicaciones. “Está íntimamente ligada con el tráfico de mercurio, con el tráfico de armas, grupos irregulares, tráfico de combustible, tráfico de maquinaria, equipo, contrabando de minerales. Tiene una gran connotación”, advirtió.
Sanabria consideró que la minería ilegal es transversal a todas las actividades de la sociedad y que, por eso, es muy dañina para el Estado.
Con relación a las acciones que serán asumidas para controlar la situación, dijo que se tiene que realizar una evaluación del área y de los riesgos y que, de ser necesario, si no es suficiente el contingente policial que se pueda desplegar, se solicitará también el apoyo de las Fuerzas Armadas, como lo han hecho en muchas otras regiones.
Consultado sobre cuándo estaba planificado el ingreso a Chipihuayco, dijo que probablemente en los próximos días. “No quiero precisar día y hora justamente por cuestiones de seguridad”.
Los habitantes que se dedican a la agricultura hicieron una denuncia a mediados del mes de octubre porque corrían el riesgo de quedarse sin agua para el consumo de la población y de sus animales, debido a la explotación aurífera y al uso del agua para el lavado del mineral.
El domingo pasado se registraron agresiones físicas entre los pobladores y los mineros, debido a que, si bien existe un problema de fondo por la explotación minera en esa zona, en esta ocasión el conflicto se habría iniciado por la defensa de un ojo de agua que abastece a esa comunidad.
Los comunarios manifestaron que la empresa estaría intentando sacar agua de un ojo que no estaría contemplado en su cuadrícula, por lo que reaccionaron y recibieron una respuesta por parte de los trabajadores, lo que derivó en agresiones físicas mutuas.
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